Judicial
Detención provisional para misionero de los Santos de los Últimos Días por privar de libertad a un menor de edad
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador resolvió Instrucción con Detención Provisional para, Jorge Miguel Montes Avendaño de 25 años de edad, residente de San Marcos en San Salvador, misionero de la Iglesia de los Santos de los Últimos días en la colonia América, en perjuicio de un menor de edad.
Según requerimiento presentado por la FGR los hechos que se le atribuyen al imputado se dieron a cabo en el interior de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en la colonia América, el pasado 10 de noviembre alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando se llevaba a cabo un evento deportivo –juegos familiares de baloncesto-, la madre del menor se percató de que su hijo ya no se encontraba en la cancha y hacia diez minutos que lo había visto, eso le alertó y empezó a buscarlo en las aulas y pasillos de la iglesia.
A través de unas ventanas pudo visualizar que un misionero de la iglesia estaba frente a su hijo diciéndole algo y además el niño no tenía su camisa puesta.
La madre asustada empezó a gritar el nombre del niño, momento que el menor aprovecho para correr y salir del lugar, le reclamó al misionero, por qué tenía a su hijo ahí encerrado y sin camisa, a lo que el ahora imputado respondió “solo le tomé fotos de las manos para observar su dermis”.
La madre de la víctima llamó a la Policía Nacional Civil pero las autoridades de la Iglesia tomaron la decisión de sacar al imputado y a los agredidos fuera de las instalaciones para evitar el escándalo, la captura del sujeto se realizó a las 6:00 de la tarde en periodo de flagrancia.
Y en audiencia inicial se determinó un periodo de instrucción de cuatro meses para la investigación y sustentación de los elementos probatorios del delito, e investigar si existen más casos.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
