Judicial
Agente del CAM que fue brutalmente golpeado por policías, ahora es acusado de amenazar a un testigo en su contra
El imputado ha refutado cada acusación de la supuesta víctima y espera salir libre luego de presentar las pruebas ante el tribunal. La audiencia se realizará hasta abril del 2019.
Un hombre que testificó a favor de los policías que fueron sentenciados por golpear brutalmente en 2015 a Aldo Peña, el agente transgénero del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), ahora lo acusa de haberlo amenazado de muerte. El imputado se declara ser inocente.
José O., de 46 años de edad, es un vendedor de comida en Ciudad Delgado. Desde hace algunos años, su vida cambió luego de ser testigo de cómo un grupo de policías golpearon a Aldo Peña Orellana, quien hasta ese entonces, desconocía que fuera transgénero y que pertenecía al CAM. Según su testimonio, este realizó en dos ocasiones intensiones de atentar contra su vida.
El 27 de junio de 2015, Alicia del Carmen, nombre legal de Aldo, junto con su compañera de vida, se subieron a un microbús de la ruta 4 luego de una larga jornada en la marcha del orgullo LGBTI y al momento de solicitar el alto en la parada de buses en Ciudad Delgado. El motorista optó por hacer caso omiso lo que provocó un altercado que llegó hasta la delegación policial, donde dijo que había sido amenazado.
«En vez de preguntarle qué es lo que pasaba, los agentes policiales lo empezaron a agredir. Lo tomaron del cuello, lo empezaron a golpear», relató la fiscal del caso días después del hecho.
Ese fue el inicio de un largo proceso judicial que culminó con el juzgamiento de dos de diez de sus victimarios, quienes solicitaron la colaboración de José a su favor, ya que este había sido testigo de los hechos.
Aldo, quien era víctima en ese proceso, y José no se conocían. La primera vez que se vieron fue dentro de una sala de audiencias donde cada uno dio su versión de ese incidente dentro de ese microbús. Al finalizar las diversas audiencias, José asegura que empezó a observar que, al testificar en su contra, podría estar en peligro. Por eso acusó penalmente a Aldo.
José señaló a las autoridades que fueron dos fechas diferentes en las cuales se vio amenazado por el agente del CAM. Una de esas fue el domingo 12 de marzo del 2016 a la 1:30 de la tarde.
Según el expediente judicial, José asegura que este se encontraba colocando una vela en honor a la muerte de su mamá dentro de la Catedral Metropolitana de San Salvador cuando de pronto logró observar a Aldo vestido con su uniforme del CAM, quien hacía gestos amenazantes mientras tentaba con sus manos su arma de fuego otorgada por la alcaldía.
La defensa de Aldo
Sin embargo, esta versión fue desmentida por el agente, quien especificó que la fecha, a la que la supuesta víctima hace referencia, sí estaba realizando labores de seguridad en el parque San Martín, pero que no portaba ningún tipo de arma ya que su licencia estaba vencida. “Si no tiene su licencia vigente la comandante de guardia tiene órdenes estrictas de no entregar armas”, destacó en su declaración.
Aldo aclaró que era imposible que José lo hubiera visto, ya que la zona en la que estaba trabajando estaba cubierta de láminas debido a las construcciones que se realizaban en ese entonces en el centro capitalino.
La segunda fecha que indicó José fue el 2 de abril a las 9:00 de la mañana, frente a su vivienda ubicada en una colonia de Ciudad Delgado. La relación de los hechos señaló ese día el imputado iba caminando hasta detenerse un periodo de tiempo frente y Jose asegura que Aldo le gritó: “¡Culero, hijo de la gran puta te tengo en la mira!”, mientras se agarraba de la cintura como quien simula tener su arma.
“Sentí miedo, ya que esas palabras eran de muerte”, dijo José a las autoridades. Pero nuevamente el agente del CAM especificó que no era cierta tal afirmación, ya que en esa fecha y hora se encontraba grabando un video en contra de la violencia hacia la comunidad LGBTI para una organización internacional.
Ante el juzgado él aseguró que la filmación se desarrolló en la carretera Troncal del Norte, la cual comenzó a las 9:00 de la mañana y que terminó a las 11:40 de la mañana.
El caso transitó por todas las instancias jurídicas hasta llegar al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde se espera que ambas partes aporten las pruebas pertinentes para que el juez pueda emitir una resolución. La vista pública se realizará en abril del próximo año.
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Logran que constructora pague indemnización a familia de trabajador que murió en La Puerta del Diablo
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que la empresa que ejecuta obras en el parque nacional Puerta del Diablo, indemnizará a la familia de un joven trabajador quien falleció el pasado 2 de septiembre, al despeñarse mientras trataba de huir de un ataque de abejas.
El joven Douglas Enrique Ortiz, fue atacado por abejas cuando trabajaba en una estructura a una altura considerable. Al ser picado, trató de escapar pero, por no poseer equipo adecuado como arneses y otros, cayó al vacío muriendo en el acto.
«Hoy anuncio que hemos logrado que la empresa reconozca una fuerte indemnización a la madre del joven fallecido en el proyecto en la Puerta del Diablo en Planes de Renderos», dijo el funcionario.
Agregó que el propósito de su ministerio «es llevar justicia laboral», y que en el pasado «los poderosos imponían sus criterios y, ante pérdidas de vida y accidentes laborales de sus trabajadores, solo reemplazaban a las víctimas como piezas desechables», comentó.
«Esa impunidad se ha terminado, estamos llevando justicia incluso en las zonas rurales donde antes estos accidentes pasaban desapercibidos y las personas humildes, dada su sencillez aceptaban lo que el patrón decidía», manifestó.
Castro se refirió además al caso de dos niños que resultaron intoxicados en una finca en Ahuachapán, luego de manipular agroquímicos con los que trabajaban para su patrono. «Gracias a Dios ambos están con vida, pero el empleador deberá pagar indemnización grande y proporcional a los daños ocacionados a las dos familias de los menores», advirtió.
Detalló que el MINTRAB garantizará que los pagos se hagan de forma inmediata a las familias afectadas.
«Sabemos que nunca una cantidad borrará el dolor y el sufrimiento, pero es una medida de justicia y reparación para las víctimas. Ver los rostros de personas humildes que nos manifiestan que no tenían esperanza, pero que ahora se sienten satisfechos porque se ha reconocido el daño y protegidos sus derechos, nos compromete aún más para avanzar por este camino», añadió.
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) allanaron, este martes, varias propiedades en San Salvador y Cuscatlán relacionadas con el trailero salvadoreño Nelson Orlando Escobar Andrade, capturado el pasado 28 de agosto luego que la Policía de Nicaragua descubriera en su camión 240 kilos de anfetaminas valorados $3,604,747.
La Fiscalía salvadoreña indicó que en los registros incautó “dos escopetas, tres armas de fuego y dinero en efectivo” y junto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Yamileth Pérez Fabián y a Hugo Edgardo Peñate a quienes acusan de tenencia ilegal de armas de fuego. En el mismo operativo también reportaron el arresto de Francisco Javier Meléndez por receptación de vehículo automotor ligado a Escobar Andrade.
Las autoridades recordar que el cargamento incautado en Nicaragua era transportado en un trailer placas salvadoreñas C71200 que inició su traslado de Guatemala con destino a Costa Rica.
“Escobar manejaba un furgón con placas salvadoreñas y transportaba más de 240 kilos de anfetaminas, con un valor comercial de más de tres millones de dólares. Los 200 paquetes iban ocultos entre un cargamento de detergentes”, resumen la FGR el reporte de las autoridades nicaragüenses.
Escobar Andrade fue detenido tras una revisión en el puesto fronterizo de El Espino, municipio de San Lucas departamento de Madriz, Nicaragua.
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este martes un allanamientos en cinco inmuebles que pertenecen al expresidente del Bandesal, Juan Pablo Durán, acusado de corrupción.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentra una vivienda, una oficina de asesoría financiera y un bufete jurídico. Esto es «con el fin de fortalecer las investigaciones en su contra y presentarlas ante el Juzgado correspondiente», explicó la Fiscalía.
Durán Escobar es acusado de Actos Arbitrarios y Cohecho Impropio, en perjuicio de la Administración pública.
«La Unidad Especializada contra Lavado de Activos está haciendo efectivas órdenes de registro con prevención de allanamiento a inmuebles relacionados al señor Juan Pablo Durán Escobar, y varias de sus empresas en la que tiene calidad de accionista», detalló el fiscal del caso.
Entre estas empresas intervenidas se encuentran Durán Importaciones, Enlace Inmobiliario, y Asesoría Financiera Integral, entre otras.
El exfuncionario fue detenido el pasado sábado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Según explicó el presidente de la República, Nayib Bukele, el día de la captura, este estaba siendo investigado por irregularidades durante su gestión, por lo que fue separado del cargo en marzo de 2022.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó este martes que una de las líneas de investigación detalla que Durán habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte.
