Judicial
Agente del CAM que fue brutalmente golpeado por policías, ahora es acusado de amenazar a un testigo en su contra
El imputado ha refutado cada acusación de la supuesta víctima y espera salir libre luego de presentar las pruebas ante el tribunal. La audiencia se realizará hasta abril del 2019.
Un hombre que testificó a favor de los policías que fueron sentenciados por golpear brutalmente en 2015 a Aldo Peña, el agente transgénero del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador (CAM), ahora lo acusa de haberlo amenazado de muerte. El imputado se declara ser inocente.
José O., de 46 años de edad, es un vendedor de comida en Ciudad Delgado. Desde hace algunos años, su vida cambió luego de ser testigo de cómo un grupo de policías golpearon a Aldo Peña Orellana, quien hasta ese entonces, desconocía que fuera transgénero y que pertenecía al CAM. Según su testimonio, este realizó en dos ocasiones intensiones de atentar contra su vida.
El 27 de junio de 2015, Alicia del Carmen, nombre legal de Aldo, junto con su compañera de vida, se subieron a un microbús de la ruta 4 luego de una larga jornada en la marcha del orgullo LGBTI y al momento de solicitar el alto en la parada de buses en Ciudad Delgado. El motorista optó por hacer caso omiso lo que provocó un altercado que llegó hasta la delegación policial, donde dijo que había sido amenazado.
«En vez de preguntarle qué es lo que pasaba, los agentes policiales lo empezaron a agredir. Lo tomaron del cuello, lo empezaron a golpear», relató la fiscal del caso días después del hecho.
Ese fue el inicio de un largo proceso judicial que culminó con el juzgamiento de dos de diez de sus victimarios, quienes solicitaron la colaboración de José a su favor, ya que este había sido testigo de los hechos.
Aldo, quien era víctima en ese proceso, y José no se conocían. La primera vez que se vieron fue dentro de una sala de audiencias donde cada uno dio su versión de ese incidente dentro de ese microbús. Al finalizar las diversas audiencias, José asegura que empezó a observar que, al testificar en su contra, podría estar en peligro. Por eso acusó penalmente a Aldo.
José señaló a las autoridades que fueron dos fechas diferentes en las cuales se vio amenazado por el agente del CAM. Una de esas fue el domingo 12 de marzo del 2016 a la 1:30 de la tarde.
Según el expediente judicial, José asegura que este se encontraba colocando una vela en honor a la muerte de su mamá dentro de la Catedral Metropolitana de San Salvador cuando de pronto logró observar a Aldo vestido con su uniforme del CAM, quien hacía gestos amenazantes mientras tentaba con sus manos su arma de fuego otorgada por la alcaldía.
La defensa de Aldo
Sin embargo, esta versión fue desmentida por el agente, quien especificó que la fecha, a la que la supuesta víctima hace referencia, sí estaba realizando labores de seguridad en el parque San Martín, pero que no portaba ningún tipo de arma ya que su licencia estaba vencida. “Si no tiene su licencia vigente la comandante de guardia tiene órdenes estrictas de no entregar armas”, destacó en su declaración.
Aldo aclaró que era imposible que José lo hubiera visto, ya que la zona en la que estaba trabajando estaba cubierta de láminas debido a las construcciones que se realizaban en ese entonces en el centro capitalino.
La segunda fecha que indicó José fue el 2 de abril a las 9:00 de la mañana, frente a su vivienda ubicada en una colonia de Ciudad Delgado. La relación de los hechos señaló ese día el imputado iba caminando hasta detenerse un periodo de tiempo frente y Jose asegura que Aldo le gritó: “¡Culero, hijo de la gran puta te tengo en la mira!”, mientras se agarraba de la cintura como quien simula tener su arma.
“Sentí miedo, ya que esas palabras eran de muerte”, dijo José a las autoridades. Pero nuevamente el agente del CAM especificó que no era cierta tal afirmación, ya que en esa fecha y hora se encontraba grabando un video en contra de la violencia hacia la comunidad LGBTI para una organización internacional.
Ante el juzgado él aseguró que la filmación se desarrolló en la carretera Troncal del Norte, la cual comenzó a las 9:00 de la mañana y que terminó a las 11:40 de la mañana.
El caso transitó por todas las instancias jurídicas hasta llegar al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, donde se espera que ambas partes aporten las pruebas pertinentes para que el juez pueda emitir una resolución. La vista pública se realizará en abril del próximo año.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
