Judicial
Desde “La concha loca” hasta billares y gimnasios: Estos son las decomisos que dejó la Operación Cuscatlán
POR EL SALVADOR TIMES / La acumulación de riqueza de la MS 13 parece no tener fin; sus miembros y colaboradores son dueños de restaurantes, pupuserías, autolotes, casas y otros bienes.
Un número no determinado de vehículos, motocicletas, microbuses, televisores tipo plasma, camas, entre otros artículos incautados luego de la Operación Cuscatlán, se colocaron de forma ordenada en el estacionamiento del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). El operativo tuvo como propósito golpear la fuente económica de la Mara Salvatrucha 13 en siete departamentos del país.
Según la Fiscalía General de República (GFR) recuenta hasta el jueves, recuperó más de 24 mil dólares en efectivo y 500 mil dólares en cuentas bancarias.
El operativo se llevó a cabo por la Unidad Táctica Especializada Policía (UTEP) durante la madrugada del jueves, dando como resultado más de 520 órdenes de capturas de las cuales 416 son intimaciones en centros penales. Además de 150 allanamientos en negocios de diferentes rubros, donde la PNC confirmó que estas operan con ingresos ilícitos de las pandillas y que se dedicaban al lavado de dinero.
Luego del operativo la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR procedió a inmovilizar los bienes de algunos sospechosos, entre ellos Irma Lorena Rodríguez, Florencia Recinos, Erick Rivas, Oswaldo Aguilar y Buenaventura Gómez.
Irma Rodríguez tenía a su nombre nueve negocios en la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Los inmuebles allanados son: el restaurante “La concha loca y el garrobo feliz”, comedor y pupusería “María Bonita”, pupusería Gaby y panadería Lorenita, además posee un lote en el municipio de Estanzuelas, Usulután, y una casa en Santa Lucía. También le decomisaron maquinaria comercial y dinero en efectivo.
En esa misma colonia, Florinda Recinos se le decomisaron tres casas de gran tamaño, un vehículo Isuzu y seis microbuses de la ruta 29 A. Recinos fue presidenta de la ruta de autobuses, las autoridades no descartan que ella era la encargada de lavar el dinero de las MS 13 que opera en la zona.
La fiscalía aclara que la compra de dos microbuses se realizó con dinero entregado por las pandillas a Recinos mientras que el resto está por confirmar su procedencia ya que hay “mezcla de capitales”.
En Acajutla, Sonsonate los autolotes de Erick Rivas y Osvaldo Aguilar fueron allanados. En el lugar se se incautaron 22 vehículos de diversas marcas. “La investigación llega a establecer que esos negocios operaban con el dinero de grupo criminal. Ellos se encargaron de lavar estos recursos.” señala Landaverde.
Álvaro Aldana, alias Snifer, miembro activo de la MS 13 fue capturado y se le decomisó mil 211 dólares, tres teléfonos, una tableta electrónica, un vehículo y una motocicleta.
La Unidad de Extinción de Dominio materializó medidas cautelares contra los inmuebles de Buenaventura Gómez, alias Tomatero, quien es dueño de seis inmuebles pero solo uno fue puesto en extinción este ubicado en el caserío La Ceiba, en San Miguel. Según la Policía Nacional Civil (PNC) Gómez tiene un vínculo directo con la Mara Salvatrucha. Gómez dijo a los medios que se presentaba inocente y que no recae ningún delito sobre él.
Rodeado de mucha seguridad el Fiscal General, Douglas Meléndez verificó los allanamientos de cervecerías y centros de tolerancia sobre la 20 avenida norte y paseo independencia en el centro de San Salvador.
Cabecillas involucrados en negocios allanados
El ministro de Justicia y Seguridad, Ramírez Landaverde dice que “el contacto fue durante mucho tiempo se permitió para que aunque estuvieran en prisión seguían manteniendo comunicación hacia afuera (de los penales)… los cabecillas mantuvieron coordinación para que estas actividades ilícitas se dieran”
La investigación en la colonia Santa Lucia viene desde 2015 donde se identificó a 12 personas “civiles” y cuatro cabecillas de ranfla nacional de la Mara Salvatrucha. Entre ellos figuran Eduardo Erazo (El Colocho), Borromeo Solórzano (El diablito de Hollywood), Saúl Turcios (Trce Teclas) y Dionisio Umanzor (Sirra de Tecla), todos ellos encarcelado por varios homicidios. Recluidos en los penales de Izalco y Zacatecoluca.
Más de 2 mil miembros de la policía participaron de la Operación Cuscatlán se llevó a cabo de la cooperación conjunta de unidades élites de la Extinción de Dominio, Delitos de Crimen Organizado y Grupo 300, dedicada a investigar bienes de estructuras terroristas.
Datos finales
El subdirector de Investigaciones, Juan Carlos Martínez explicó que las detenciones se realizaron en siete departamento del país, en la que se ejecutaron 28 capturas, 416 intimaciones y 131 allanamientos.
Sólo la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) realizó cinco detenciones en Cojutepeque, seis en el oriente y tres en el occidente, mientras que la División Central de Investigaciones, realizaron trece detenciones.
En el penal de Zacatecoluca se realizaron 154 intimaciones de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) y otros en el penal de Izalco.
Asimismo se realizaron 39 allanamientos en negocios y 50 en residenciales por parte de la DECO.
Además la DCI realizó 24 cateos en negocios y 18 en residencias, informó el jefe policial.
Entre lo que se les decomisó a los detenidos están:
6 Microbuses tipo Coaster.
4 Taxis.
2 Buses.
3 Armas de fuego.
5 Vehículos tipo pick up.
1 Equipo de Gimnasio.
3 Mesas de Billar.
25 Automóviles.
4 Teléfonos celulares.
17 Camionetas.
3 Motos.
3 Rockolas.
1 Discomóvil.
1 Refrigeradora.
1 Estante.
Fuente: El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
