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Condenan a hombre que extorsionaba a migueleño residente en Estados Unidos

Óscar Isaí Sorto Álvarez fue condenado a 10 años de prisión por extorsionar en 2021 a un migueleño residente en Estados Unidos, según la Fiscalía General de la República (FGR).
La condena fue impuesta en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel. Además de los años de cárcel, el juez decretó el pago de $815 en concepto de responsabilidad civil.
Según la investigación de la FGR, en marzo de 2021, la víctima recibió mediante la aplicación Messenger un mensaje de texto de Rónald Rivas, quien le expresó que lo había observado la última vez que había visitado El Salvador, también le dijo que conocía a su familia.

El imputado se identificó como pandillero y le hizo tres exigencias de dinero de entre $250 y $1,700 a la víctima.
El 9 de abril de 2021, por miedo a que mataran a su familia, la víctima hizo dos depósitos a nombre del imputado, uno por $290 y otro por $525. El dinero lo envió mediante una cooperativa financiera de San Miguel.
La víctima interpuso la denuncia el 2 de julio de 2021 en el consulado general de El Salvador, situado en Woodbridge, estado de Virginia, en Estados Unidos.
Después de la denuncia, el caso fue enviado a la Fiscalía y la Policía de El Salvador que desarrollaron las investigaciones y capturaron a Sorto Álvarez.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.