Judicial
Armando Pineda, expresidente de la CSJ, podría pagar 10 años de cárcel por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes
El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podría pagar una pena de diez años de prisión.
Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolución que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sentenció que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
Los abogados exhortaron al ministerio público a que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre la privación arbitraria de José Aquiles Enrique Rais López y aplique las medidas pertinentes contra los responsables.
El Abogado defenso Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmó que: “se han vulnerado derechos fundamentales, principalmente su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos conscientes que el interés del señor Rais, además de alcanzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelva un precedente de justicia para visibilizar todas las demandas penales del sistema de justicia”, destacó el defensor.
La Corte Suprema de Justicia descartó dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ignorando investigaciones contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara.
La destitución de Carlos Sánchez Escobar fue por los actos de violación a Derechos Humanos y uso Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitución, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales también se le acusa.
Al exmagistrado Pineda Navas, se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Según el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
