Judicial
Ante caso de políticos vinculados con pandillas, Benito Lara manifiesta que «FGR se basa en las declaraciones de un testigo criteriado, un criminal quien solo busca beneficios judiciales»
Cinco de los siete acusados por vínculos con pandillas se dieron parte este mediodía en el juzgado 2do de paz, de San Salvador, por los delitos en su contra.
Los que enviaron abogado fueron: el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia, Wilson Alvarado y Raúl Mijango.
El gran ausente fue el analista político, Paolo Lüers.
Benito Lara, exfuncionario del gobierno del FMLN, fue el único que llegó personalmente para ser intimado por los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.
A su llegada al centro judicial afirmó que es «inocente» a pesar que la investigación lo vincula a pandillas, por lo que se le han atribuido los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Lara sostuvo ante los medios de comunicación que las imputaciones se basan en las declaraciones de un testigo criteriado, quien «solo busca beneficios judiciales».
El exministro de Seguridad afirmó que llegó por su propia cuenta al juzgado, en el cual enfrentaría audiencia inicial el próximo viernes.
Esta investigación surge luego de conocerse el testimonio de un criteriado en el cual se confirmó reuniones de políticos con cabecillas, en las cuales se ofreció beneficios en períodos electorales.
El pasado sábado, la FGR presentó un requerimiento contra Lara, Arístides Valencia, Paolo Lüers y Ernesto Muyshondt por los vínculos con pandilleros, mismos actos que habría cometido el diputado de ARENA, Norman Quijano, sobre quien se ha solicitado un antejuicio ante la Asamblea Legislativa.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
