Judicial
Ante caso de políticos vinculados con pandillas, Benito Lara manifiesta que «FGR se basa en las declaraciones de un testigo criteriado, un criminal quien solo busca beneficios judiciales»
Cinco de los siete acusados por vínculos con pandillas se dieron parte este mediodía en el juzgado 2do de paz, de San Salvador, por los delitos en su contra.
Los que enviaron abogado fueron: el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia, Wilson Alvarado y Raúl Mijango.
El gran ausente fue el analista político, Paolo Lüers.
Benito Lara, exfuncionario del gobierno del FMLN, fue el único que llegó personalmente para ser intimado por los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.
A su llegada al centro judicial afirmó que es «inocente» a pesar que la investigación lo vincula a pandillas, por lo que se le han atribuido los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Lara sostuvo ante los medios de comunicación que las imputaciones se basan en las declaraciones de un testigo criteriado, quien «solo busca beneficios judiciales».
El exministro de Seguridad afirmó que llegó por su propia cuenta al juzgado, en el cual enfrentaría audiencia inicial el próximo viernes.
Esta investigación surge luego de conocerse el testimonio de un criteriado en el cual se confirmó reuniones de políticos con cabecillas, en las cuales se ofreció beneficios en períodos electorales.
El pasado sábado, la FGR presentó un requerimiento contra Lara, Arístides Valencia, Paolo Lüers y Ernesto Muyshondt por los vínculos con pandilleros, mismos actos que habría cometido el diputado de ARENA, Norman Quijano, sobre quien se ha solicitado un antejuicio ante la Asamblea Legislativa.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
