Judicial
Ante caso de políticos vinculados con pandillas, Benito Lara manifiesta que «FGR se basa en las declaraciones de un testigo criteriado, un criminal quien solo busca beneficios judiciales»
Cinco de los siete acusados por vínculos con pandillas se dieron parte este mediodía en el juzgado 2do de paz, de San Salvador, por los delitos en su contra.
Los que enviaron abogado fueron: el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, Arístides Valencia, Wilson Alvarado y Raúl Mijango.
El gran ausente fue el analista político, Paolo Lüers.
Benito Lara, exfuncionario del gobierno del FMLN, fue el único que llegó personalmente para ser intimado por los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.
A su llegada al centro judicial afirmó que es «inocente» a pesar que la investigación lo vincula a pandillas, por lo que se le han atribuido los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Lara sostuvo ante los medios de comunicación que las imputaciones se basan en las declaraciones de un testigo criteriado, quien «solo busca beneficios judiciales».
El exministro de Seguridad afirmó que llegó por su propia cuenta al juzgado, en el cual enfrentaría audiencia inicial el próximo viernes.
Esta investigación surge luego de conocerse el testimonio de un criteriado en el cual se confirmó reuniones de políticos con cabecillas, en las cuales se ofreció beneficios en períodos electorales.
El pasado sábado, la FGR presentó un requerimiento contra Lara, Arístides Valencia, Paolo Lüers y Ernesto Muyshondt por los vínculos con pandilleros, mismos actos que habría cometido el diputado de ARENA, Norman Quijano, sobre quien se ha solicitado un antejuicio ante la Asamblea Legislativa.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
