Judicial
Acaba con la vida de su pareja a machetazos
Tres pandilleros del barrio 18, cuyos nombres responden a Narciso Toribio Ascencio, Saúl Antonio López Campos y Luis Alexander López Mejía, fueron condenados por el asesinato y feminicidio, de la pareja sentimental del primero de ellos.
El crimen ocurrió el 9 de octubre de 2018.
Las autoridades establecieron que ese 9 de octubre Toribio Ascencio, que en ese momento gozaba de libertad por haber cumplido dos años preso mientras era procesado por organizaciones terroristas, llegó hasta la casa de su compañera de vida ubicada en el cantón Las Flores, Santiago de María, de Usulután.
El sujeto se hizo acompañar de López Campos y López Mejía, le dijeron algo a la mujer y unos minutos después fueron vistos los cuatro alejándose de la vivienda a eso de las 6 de la mañana.
Media hora más tarde, la mujer trató de dar la vuelta y regresar, pero los dos compinches de su compañero de vida se lo impidieron, y él, ver que ella ya no quería moverse por su cuenta la tomó por la fuerza y la empujó hasta un cafetal.
La víctima gritó con todas sus fuerzas pidiendo auxilio, pero nadie le asistió y terminó asesinada a machetazos en el cuello por su pareja y los otros dos hombres.
Horas más tarde el cadáver fue descubierto por lugareños, quienes avisaron a la Policía y se iniciaron las investigaciones del caso.
La Fiscalía y la Policía lograron encontrar a un testigo, quien accedió a contar lo sucedió y logró identificar a los responsables, por lo que se siguió con las investigaciones que terminaron con el arresto de los implicados.
Los tres fueron presentados ante la justicia señalados de feminicidio agravado, en el caso de Toribio Ascencio y homicidio agravado para López Campos y López Mejía.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para Las Mujeres de San Miguel aceptó las pruebas que se habían recolectado e impuso penas de 30 años de cárcel para el compañero de vida y 25 y 27 años para los otros dos.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
