Judicial
Abogado de Enrique Rais denuncia plan para quitarle MIDES a su apoderado
Una carta enviada el pasado jueves por siete congresistas estadounidenses a la administración del presidente Donld Trump, al Departamento de Estado de EE.UU. y a Hacienda, de esa nación norteamericana, la cual solicita que se les aplique la extinción de dominio al empresario salvadoreño Enrique Rais así como al dirigente del FMLN, José Luis Merino, ha sido objeto de denuncia por el abogado Rafael Saravia, apoderado legal de Rais.
Esto de se debe a que dicha carta, según Saravia, incluye a Rais junto a Merino en la lista de personas “más corruptas de Centroamérica”, según la carta enviada al mandatario estadounidense esta semana.
Tal acción ha hecho que el abogado Rafael Saravia salga en defensa de su apoderado Enrique Rais, y que tal señalamiento, no es más que otro plan de empresarios inescrupulosos que siempre han buscado afectar el honor y el nombre de su apoderado, dueño de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Rafael Saravia afirma que todo es parte de “prácticas antiéticas y de competencia desleal”, por parte de un grupo de empresarios que solo quieren arrebatarle MIDES a Rais.
“Todo es un pretexto para aplicar la ley de Extinción de Dominio a los bienes del señor Rais y de esa forma despojarlo de MIDES, lo cual siempre ha sido el objetivo de empresarios sin escrúpulos que promovieron un proceso judicial contra mi representado”, afirma el abogado.
El profesional del derecho también señala que se está queriendo asociar a Rais como socio de José Luis Merino, solo por hecho que ambos empresarios ha reconocido en el pasado su amistad, pero aclaró que “no tienen ningún negocio juntos en la actualidad ni han sido socios en el pasado”, como se quiere afirmar en la lista de los congresista norteamericanos.
El miso Saravia ha denunciado que se busca aplicar sanciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, pese a que Rais “nunca ha sido funcionario público, no administró fondos de los contribuyentes, ni aspiró jamás a un cargo de elección popular, ahora intentan ponerlo en el número uno de los más corruptos de Centroamerica”, añade Rafael Saravia.
Sobre dicho acto, Ulises del Dios Guzmán, exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), añadió que se “está poniendo en evidencia los congresista que con gran facilidad los manipulan otros”, esto según Guzmán a opiniones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, donde anteriormente se había querido desprestigiar a José Luis Merino en plena campaña política. Siempre que estamos en campaña aparecen ese tipo de acusaciones”, en relación a la petición a la solitud de los congresista hacia José Luis Merino.
Guzmán aseveró que esa petición no se refería a Rais, sino a Merino y que la información que se está manejando es “evidentemente equivocada. La fuente de dinero de MIDES y las empresas de Enrique Rais no tienen nada que ver con el narcotráfico, con corrupción, absolutamente nada y eso es algo comprobable”, dijo el exmagistrado.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
