Judicial
Abogado de Enrique Rais denuncia plan para quitarle MIDES a su apoderado
Una carta enviada el pasado jueves por siete congresistas estadounidenses a la administración del presidente Donld Trump, al Departamento de Estado de EE.UU. y a Hacienda, de esa nación norteamericana, la cual solicita que se les aplique la extinción de dominio al empresario salvadoreño Enrique Rais así como al dirigente del FMLN, José Luis Merino, ha sido objeto de denuncia por el abogado Rafael Saravia, apoderado legal de Rais.
Esto de se debe a que dicha carta, según Saravia, incluye a Rais junto a Merino en la lista de personas “más corruptas de Centroamérica”, según la carta enviada al mandatario estadounidense esta semana.
Tal acción ha hecho que el abogado Rafael Saravia salga en defensa de su apoderado Enrique Rais, y que tal señalamiento, no es más que otro plan de empresarios inescrupulosos que siempre han buscado afectar el honor y el nombre de su apoderado, dueño de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
Rafael Saravia afirma que todo es parte de “prácticas antiéticas y de competencia desleal”, por parte de un grupo de empresarios que solo quieren arrebatarle MIDES a Rais.
“Todo es un pretexto para aplicar la ley de Extinción de Dominio a los bienes del señor Rais y de esa forma despojarlo de MIDES, lo cual siempre ha sido el objetivo de empresarios sin escrúpulos que promovieron un proceso judicial contra mi representado”, afirma el abogado.
El profesional del derecho también señala que se está queriendo asociar a Rais como socio de José Luis Merino, solo por hecho que ambos empresarios ha reconocido en el pasado su amistad, pero aclaró que “no tienen ningún negocio juntos en la actualidad ni han sido socios en el pasado”, como se quiere afirmar en la lista de los congresista norteamericanos.
El miso Saravia ha denunciado que se busca aplicar sanciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky, pese a que Rais “nunca ha sido funcionario público, no administró fondos de los contribuyentes, ni aspiró jamás a un cargo de elección popular, ahora intentan ponerlo en el número uno de los más corruptos de Centroamerica”, añade Rafael Saravia.
Sobre dicho acto, Ulises del Dios Guzmán, exmagistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), añadió que se “está poniendo en evidencia los congresista que con gran facilidad los manipulan otros”, esto según Guzmán a opiniones del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, donde anteriormente se había querido desprestigiar a José Luis Merino en plena campaña política. Siempre que estamos en campaña aparecen ese tipo de acusaciones”, en relación a la petición a la solitud de los congresista hacia José Luis Merino.
Guzmán aseveró que esa petición no se refería a Rais, sino a Merino y que la información que se está manejando es “evidentemente equivocada. La fuente de dinero de MIDES y las empresas de Enrique Rais no tienen nada que ver con el narcotráfico, con corrupción, absolutamente nada y eso es algo comprobable”, dijo el exmagistrado.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
