Judicial
Hombre ofrecía trabajo a mujeres jóvenes por Facebook para llevarlas a su casa y violarlas
Un hombre fue condenado a 16 años de cárcel por violar a dos mujeres a quienes contactó por Facebook, les ofreció trabajos para llevarlas a su casa y violarlas.
Javier Adalberto Rodríguez Mancía, de 21 años, fue encontrado culpable por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador debido a que consideró suficientes los testimonios de las víctimas así como otras pruebas presentadas en el proceso judicial.
El sujeto fue condenado a ocho años de prisión por cada víctima. Además a pagar $500 dólares a cada víctima como responsabilidad civil.
Los hechos fueron cometidos el 21 de febrero y el 19 de mayo en la Residencial Villa Constitución en el municipio de Nejapa, al Norte de San Salvador, donde residía el agresor.
El hombre ofreció a una de ellas el pago de $250 dólares para que trabajara modelar tatuajes temporales y ser presentados en una Expo en una Universidad de la Capital.
La víctima llegó al lugar acordado y el agresor le dijo «que había olvidado el material para realizar el tatuaje y que lo acompañara a su casa a traerlos», pero cuando llegaron a la casa el sujeto le puso doble llave a la puerta y con un arma en la mano la obligó a quitarse la ropa para luego cometer el vejamen.
Luego la acompañó a la parada de buses para que se fuera y en el camino la amenazó de no interponer denuncia porque de lo contrario «tenía que atenerse a las consecuencias». Finalmente le quitó el celular para que no tuviera forma de contactarse.
A la otra joven le ofreció un trabajo como recepcionista en una oficina de la colonia Escalón y de igual forma se reunió con ella en un lugar. El sujeto le dijo que primero irían a desayunar y después la llevaría a la entrevista. De esa forma se la llevó a la misma casa donde había abusado de su víctima anterior y también la violó.
La casa fue allanada para corroborar las versiones de las dos víctimas, en relación a la descripción y ubicación de los muebles que se encontraban dentro de la vivienda.
Las víctimas se encuentran psicológicamente muy afectadas por los hechos, según los exámenes realizados por peritos del Instituto de Medicina Legal.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
