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Nacionales

Gobierno propone nuevo modelo para impulsar el desarrollo municipal en todo el país

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El Gobierno del presidente Nayib Bukele le dará un nuevo rostro a la inversión pública en los 262 municipios del país. El Ejecutivo busca que una parte de las transferencias económicas sea usada libremente por las comunas, y que el resto se ejecute directa y eficientemente en proyectos que impulsen el desarrollo de los pueblos y la calidad de vida de sus habitantes.

A través del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo presentó ayer a la Asamblea Legislativa varias iniciativas orientadas al desarrollo municipal, que incluyen una nueva legislación para las transferencias económicas a los gobiernos locales y la creación de una institucionalidad gubernamental para la inversión local.

La propuesta de la futura normativa para asignar recursos del Estado a las municipalidades, una vez aprobada y en vigor, establecerá que las asignaciones presupuestarias para cada municipio se otorguen basadas en criterios de población (50 %), de equidad (25 %), de pobreza (20 %) y de extensión territorial (5 %).

El Ejecutivo planteó que con la nueva normativa se trasladarán recursos del presupuesto general del Estado a cada alcaldía, «ajustados a los desafíos y las necesidades reales de cada municipalidad, así como a la situación de las finanzas públicas».

La nueva estructura del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) ahora estará constituida con el 1.5 % de los ingresos netos corrientes del presupuesto general.

La nueva designación económica para los municipios, según lo establece el proyecto de ley del Fodes, «deberá consignarse en el mismo [presupuesto] en cada ejercicio financiero fiscal y entregado de forma mensual».

Las transferencias a los 262 gobiernos locales se financiarán con subsidios y aportes estatales, aportes y donaciones, préstamos externos e internos, bonos u otros ingresos que por cualquier concepto reciban.

El presupuesto general del Estado para el año próximo es de $7,967 millones, de acuerdo con el anteproyecto de gastos, por lo que en 2022 las comunas en su totalidad recibiría $119.5 millones, que se repartirán según los criterios señalados.

Los jefes municipales podrán utilizar libremente el dinero que de forma directa les transferirá el Gobierno. «El citado porcentaje, a transferir a las municipalidades, será de libre disponibilidad», reza el inciso último del artículo 1 de la nueva ley del Fodes. Luego añade: «Por tanto, podrá ser destinados a los propósitos o finalidades que cada municipio estime conveniente y necesario para su circunscripción municipal».

La entrega material y efectiva del Fodes a las municipalidades será directamente efectuada por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda.

La nueva legislación que regulará el Fodes es de carácter especial y, por tanto, prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe, incluso el Código Municipal.

Asimismo, establece que la Corte de Cuentas de la República y las direcciones generales de Tesorería y de Contabilidad Gubernamental serán las garantes del cumplimiento fiel de la normativa una vez entre en vigor.

El congreso recientemente aprobó la disposición especial transitoria que permite a la cartera de Hacienda auditar $191.7 millones que las alcaldías recibieron en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.

La normativa surgió por la solicitud del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ante la pasividad de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para auditar y fiscalizar el uso de los fondos que recibieron las alcaldías.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda se encargará de asumir las deudas contraídas por las 262 municipalidades, mismas que tuvieron como respaldo las transferencias monetarias que recibían del Gobierno Central.

El proyecto de ley de creación del nuevo Fodes establece que será la Dirección General de Tesorería de Hacienda la que «asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de cuotas que los municipios adeudan a entidades financieras en todo el país».

Principal

PNC captura a joven de 18 años por tráfico de marihuana y cocaína en Acajutla, Sonsonate Oeste

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Adriana Beatriz Ríos Chávez, de 18 años, en Acajutla, Sonsonate Oeste, durante un procedimiento de la División Antinarcóticos. En la intervención se incautaron marihuana, cocaína, una balanza electrónica y un celular. La detenida será remitida por el delito de tráfico ilícito, en el marco de las acciones permanentes que la institución realiza para interrumpir la distribución local de sustancias.
En la intervención se incautó:
✅ Marihuana
✅ Cocaína
✅ Una balanza electrónica
✅ Un celular
Acajutla, puerto del occidente salvadoreño, figura de forma recurrente en operativos policiales de la zona de Sonsonate, donde la División Antinarcóticos mantiene controles tanto en tierra como en rutas de acceso. Este tipo de intervenciones se inscribe en el Plan Control Territorial y se suma a una serie de capturas reportadas en 2026 en distintos puntos del país, en las que se han decomisado paquetes de marihuana, cocaína y otras sustancias junto con balanzas, vehículos y dispositivos de comunicación.
Las autoridades de seguridad han señalado que en 2025 se incautaron más de 25 mil kilogramos de droga, con un valor estimado superior a los 620 millones de dólares, y que las acciones continúan en 2026 con el objetivo de reducir la circulación de estupefacientes en el territorio. El mensaje reiterado por la PNC en estos casos es que el tráfico de drogas conduce a la cárcel.
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Economia

Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027

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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.

La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.

En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.

En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.

Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.

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Nacionales

Fiscalía destruiiye de más de 35 kilos de droga valorada en $52,230

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La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.

El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.

«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.

Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.

Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.

El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.

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