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Gobierno presenta propuesta de Ley General de Aguas al Legislativo
Por iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, funcionarios de su Gobierno presentaron el anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos, que solventa la deuda histórica y garantiza que el recurso hídrico de El Salvador sea un bien público para beneficio de los salvadoreños.
El anteproyecto de Ley fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López; el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, y el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.
La iniciativa de ley busca responder a las deudas históricas relacionadas con el acceso garantizado al agua potable, a la calidad del suministro y a un servicio digno para todos los salvadoreños. Evitando con ello que grupos de oposición intenten hacer del agua un negocio. Este anteproyecto de ley garantiza que el agua sea un bien administrado por el Estado y quita toda idea o intención de privatización.
El asesor jurídico de la Presidencia aseguró que la iniciativa de ley presentada, es por orden del Presidente Nayib Bukele y busca responder al mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en 2012 ordenó determinar el agua como un derecho fundamental.
“El Presidente de la República pide hoy a la Asamblea Legislativa materializar toda eliminación y posibilidad de que el agua se privatice. Hemos tenido amenazas y anuncios de posibles privatizaciones. Se elimina toda posibilidad de que el agua se privatice”, afirmó Argueta.
Por su parte, el ministro de Medio Ambiente manifestó que se está cumpliendo con la promesa de llevar el agua a quien realmente lo necesita, garantizando que sea un derecho humano y quitando toda posibilidad de privatización. “Esta es una deuda histórica y estamos cumpliendo con la promesa que se hizo de llevarle este beneficio a las mayorías. Nosotros estamos quitando cualquier posibilidad de privatización”, dijo.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, se comprometió a que la Ley General de Recurso Hídrico sea aprobada en menos de 90 días, tal como lo solicitó el Presidente Bukele. Además, aseguró que será una ley ampliamente discutida por los diferentes sectores sociales, por lo que se creará una comisión ad hoc, que únicamente estudie este marco regulatorio del recurso hídrico.
“Vamos a revisar artículo por artículo y párrafo por párrafo para garantizarle al pueblo salvadoreño una Ley de Recurso Hídrico que sea lo que tanto se ha estado esperando. Hemos estado con seis gobiernos diferentes que por los últimos 20 años nos han mantenido en una discusión por la Ley General de Agua, bajo banderas políticas e ideológicas más que por llegar a un resultado final que beneficie a las mayorías”, explicó Castro.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
