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Gobierno ha recibido 95,000 toneladas de alimentos para las acciones de atención social durante la pandemia
La coordinación interinstitucional en el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha sido la base para la ejecución exitosa de las actividades de atención social en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
Una de las instituciones que participa en este esfuerzo es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que administra las terminales aéreas y marítimas del país. La CEPA registra una importación, acumulada desde abril pasado, de 95,181 toneladas métricas de alimentos destinados al Plan de Seguridad Alimentaria y al Programa de Emergencia Sanitaria, las dos iniciativas del Presidente Bukele.
Estos productos fueron recibidos en el Puerto de Acajutla, según la autónoma. Las estadísticas indican que se recibieron maíz blanco, atún, arroz, frijoles, pasta, galletas, pollo deshebrado, leche, harina de maíz y despensas.
Todos estos productos llegaron en 1,841 contenedores, de los cuales ya se logró despachar el 71 %. Es importante recordar que con cada ingreso de alimentos se practica una revisión de calidad y, si no se cumple con los requisitos, los encargados en el puerto rechazan el producto.
Este fin de semana, por ejemplo, llegaron al país otras 190 toneladas métricas de alimentos que servirán para seguir atendiendo a las familias necesitadas.
Además de distribuir canastas y despensas en 3.4 millones de hogares, el Gobierno también ha constituido una reserva alimentaria para prevenir una escasez de granos básicos.
De ninguna manera esta reserva es para afectar al mercado local, sino que solo se ha creado por prevención. Por otro lado, Acajutla recibió también 145.44 toneladas métricas en una variedad de insumos destinados al Ministerio de Salud (MINSAL).
El trabajo en el Gobierno del Presidente Bukele para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía familiar y promover una ágil recuperación económica continuará con los recursos que se tengan disponibles.
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Esfuerzos articulados permiten que más de 42,800 terroristas capturados en régimen de excepción sigan en la cárcel
Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
Los avances en proveer seguridad ciudadana requieren el trabajo coordinado de todas las instituciones, incluso aquellas que tienen autonomía en sus procesos. Esta es la eficiencia que los salvadoreños necesitan para solucionar sus necesidades.
Dentro del régimen de excepción que promovió el Presidente Nayib Bukele hay disposiciones para garantizar que los terroristas capturados permanezcan encerrados mientras el sistema de justicia resuelve sus procesos. En esta parte, el papel de Fiscalía General de la República (FGR) es fundamental, pues construye los casos para presentarlos a tribunales.
“Llegamos a más de 36 mil detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos. Ganaremos esta batalla”, compartió el titular del FGR, Rodolfo Delgado, refiriéndose a los que han sido capturados en el contexto del régimen de excepción.
En otras palabras, ocho de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil (PNC) ha detenido, esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel, es la ruta que seguirán todos. Esto es una muestra de la efectividad de las autoridades para encontrar a los criminales y recolectar las pruebas de los ilícitos cometidos.
Los diputados de la Asamblea Legislativa dieron sus votos para extender el régimen otros 30 días, un periodo que ampliará el margen para entregar más logros a favor de la población salvadoreña en la guerra contra las pandillas, tanto en sacarlos de las calles como en hacerlos cumplir las respectivas condenas.
La Fuerza Armada mantiene su apoyo a las tareas de seguridad pública que organiza la PNC para terminar con el flagelo de las organizaciones terroristas. El apoyo que han provisto ha facilitado llegar a sitios remotos o de difícil acceso, e incluso han posibilitado encontrar a delincuentes que habían escalado en la jerarquía de sus grupos.
En total, El Salvador continúa viviendo el periodo más seguro de la posguerra, con índices históricamente bajos en la tasa de homicidios. Las actividades gubernamentales de prevención de la violencia siguen activas en todo el territorio, para romper el ciclo vicioso y seguir transformando al país, respaldados por fondos públicos y con apoyo de la cooperación internacional.
Como ha dicho el Presidente Bukele, “digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: No nos van a detener. Tenemos a Dios, y al pueblo salvadoreño, de nuestro lado”.
Foto: COMCAVIS TRANS
La comunidad LGBTIQ+ pidió al gobierno y a la población, creación de espacios y condiciones de desarrollo educativo y laboral donde se pueda expresar el talento de este sector de la ciudadanía, según indicaron las miembros de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS).
Además, solicitaron que se brinde mayores garantías de salud para personas trans.
Según dijeron, en el país prevalece “un discurso estigmatizante, incitando al odio y en contra de los derechos humanos”.
Sin embargo, destacan que, a pesar del rechazo continuo en temas de diversidad sexual, continuarán insistiendo por leyes que dignifiquen su identidad y derechos. Además, continuarán exigiendo que se hagan verdaderos esfuerzos para proteger a las personas trans en el país.
Por otra parte, señalaron que las violaciones a sus derechos humanos se han profundizado.
Hasta el 17 de junio, se registran cinco denuncias de capturas a personas LGBTIQ+ y 10 casos de personas que sufrieron agresiones.
El pasado 25 de junio la población LGTBIQ+ salió a las calles de El Salvador para mostrar su orgullo, así como reivindicar una serie de derechos para la protección y la identidad. La marcha inició desde la 25 avenida norte, en las cercanías de la Universidad de El Salvador, hacia la plaza Salvador del Mundo.
Foto: PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de María Elena Miranda Orellana, alias «Sirena», en la colonia Cruz Roja en Apopa.
De acuerdo con las autoridades, Miranda Orellana se encargaba de cobrar el dinero de las extorsiones para una pandilla.
La PNC agregó que la detenida pasará al menos 30 años en prisión por sus delitos.
«María Elena Miranda Orellana, alias Sirena, fue capturada en la colonia Cruz Roja en Apopa, por agrupaciones ilícitas. Esta mujer era la encargada de cobrar el dinero de las extorsiones. Pasará décadas tras las rejas por su delito», añadió.
