Nacionales
Gobierno ha recibido 95,000 toneladas de alimentos para las acciones de atención social durante la pandemia

La coordinación interinstitucional en el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha sido la base para la ejecución exitosa de las actividades de atención social en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
Una de las instituciones que participa en este esfuerzo es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que administra las terminales aéreas y marítimas del país. La CEPA registra una importación, acumulada desde abril pasado, de 95,181 toneladas métricas de alimentos destinados al Plan de Seguridad Alimentaria y al Programa de Emergencia Sanitaria, las dos iniciativas del Presidente Bukele.
Estos productos fueron recibidos en el Puerto de Acajutla, según la autónoma. Las estadísticas indican que se recibieron maíz blanco, atún, arroz, frijoles, pasta, galletas, pollo deshebrado, leche, harina de maíz y despensas.
Todos estos productos llegaron en 1,841 contenedores, de los cuales ya se logró despachar el 71 %. Es importante recordar que con cada ingreso de alimentos se practica una revisión de calidad y, si no se cumple con los requisitos, los encargados en el puerto rechazan el producto.
Este fin de semana, por ejemplo, llegaron al país otras 190 toneladas métricas de alimentos que servirán para seguir atendiendo a las familias necesitadas.
Además de distribuir canastas y despensas en 3.4 millones de hogares, el Gobierno también ha constituido una reserva alimentaria para prevenir una escasez de granos básicos.
De ninguna manera esta reserva es para afectar al mercado local, sino que solo se ha creado por prevención. Por otro lado, Acajutla recibió también 145.44 toneladas métricas en una variedad de insumos destinados al Ministerio de Salud (MINSAL).
El trabajo en el Gobierno del Presidente Bukele para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía familiar y promover una ágil recuperación económica continuará con los recursos que se tengan disponibles.
Judicial
Tribunal inicia proceso penal contra 48 alumnos señalados de pertenecer a la «La Raza”

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Nacionales
Conductor sin licencia atropella a mujer de 81 años al no permitirle bajar del microbús en Mejicanos

Una mujer de 81 años resultó lesionada la mañana de este jueves tras ser atropellada por un microbús de la ruta 44 en la 29 Avenida Norte, frente al centro comercial Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), el motorista del microbús no esperó a que la víctima descendiera completamente de la unidad, lo que provocó que cayera y sufriera lesiones en las piernas. Fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
El conductor fue identificado como Carlos Elías Baires Flores, de 40 años, quien, según las autoridades, no posee licencia de conducir ni carnet de motorista. Por este motivo, será remitido a las instancias correspondientes por el delito de lesiones.
Las autoridades reiteraron el llamado a los motoristas del transporte público a cumplir con los protocolos de seguridad y contar con los permisos requeridos para operar unidades.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.