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Gobierno de El Salvador descarta casos de gripe aviar y activa plan preventivo

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Autoridades de Gobierno activaron ayer un estado de alerta preventiva en el país ante cualquier amenaza que se pueda presentar en el territorio nacional por la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), conocida como gripe aviar.

De acuerdo con el informe, las medidas contemplan redoblar controles fitosanitarios en granjas, reforzar la vigilancia en zona de estancia de aves migratorias y hacer las advertencias a todos los ciudadanos que tienen aves de corral.

La iniciativa fue puesta en marcha tras concluir que el virus es una enfermedad con una elevada mortalidad de hasta el 99 % de las aves infectadas, y que recientemente se confirmaron casos en México, Honduras, Guatemala y Costa Rica.

En este contexto, el ministro de Agricultura, Óscar Guardado, afirmó que no existe en el país ningún caso confirmado de gripe aviar, pero que se mantiene la alerta preventiva para evitar contagios.

«Quiero expresarles de manera categórica que no existe en El Salvador ningún caso de influenza aviar de tipo H5N1 y nuestra obligación es garantizar la producción nacional, y sobre todo, en los animales de consumo, entre ellos pollos, pavos, codornices, gallina guinea y otras aves como loros y pericos», agregó Guardado.

Esta situación, según el funcionario, llevó a las autoridades del país a contactar con ministros de países del área para contar con información «de primera mano y en tiempo real» para garantizar que el país esté libre de la enfermedad.

«Hemos estado en alerta preventiva de manera continuada y permanente con todos los equipos técnicos especializados con una articulación de manera efectiva con otras instituciones de Gobierno», añadió Guardado.

Por su parte el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, indicó que se mantiene una constante vigilancia de las aves migratorias en todo el país, las cuales se convierten en propagadoras de la enfermedad.

Asimismo, dijo que se ha creado un protocolo de influenza aviar en aves silvestres en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que servirá como guía para tomar acciones con los especímenes sospechosos o positivos, si se da el caso.

«Nuestra participación se enfoca en la vigilancia y un protocolo completo en toda la zona costera y humedales. Son más de 20,000 hectáreas de humedales las que se están vigilando», agregó el ministro López.

Los sitios que más reciben aves migratorias, según el ministro, son los sitios Ramsar (zonas naturales protegidas) como la bahía de Jiquilisco, el Jocotal, donde se cuenta con la vigilancia de biólogos, observadores de aves, voluntarios, guarda recursos, guías locales y la Policía Nacional Civil (PNC).

Mientras que el presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, afirmó que como medida preventiva se evitarán abusos en incremento de precios en la carne de pollo y huevos, relacionado con la detección de casos de la enfermedad en otros países de la región.

«Se hará verificación en la cadena de suministros de estos productos a escala nacional. El llamado es a denunciar cualquier abuso ante nuestros equipos de inspección», afirmó Salazar.

Además, el titular de la DC concluyó que existe abastecimiento de estos productos en el país. «Podemos descartar cualquier situación de desabastecimiento, las empresas están operando en óptimas condiciones», concluyó Salazar.

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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación

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Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.

En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.

El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.

En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.

Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.

Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.

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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín

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El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.

De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.

El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.

Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.

Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.

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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.

La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.

Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.

Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales

Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.

El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.

Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.

Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.

Uso de inteligencia artificial en la administración pública

La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.

No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.

Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.

Límites al uso de IA en la administración de justicia

En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.

Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.

El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.

Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.

Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.

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