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Gobierno avanza en el Plan Nacional de Vacunación y más salvadoreños han completado su esquema
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa ejecutando con éxito el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 a escala nacional. A la fecha se reportan 6,954,648 personas que han recibido la dosis de la vacuna para vencer el letal virus.
Cerca de 7 millones de salvadoreños han recibido al menos su primera dosis de la vacuna, específicamente 3,847,187. Mientras que, el total de personas que ha completado el esquema de vacunación con ambas dosis es de 3,107,461.
Desde el inicio de la pandemia, la cual paralizó al mundo en marzo de 2020, El Salvador ha dado pasos ejemplares al enfrentarla, incluyendo la llegada de la vacuna contra el COVID-19 que cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Luego, en febrero de este año, el Gobierno del Presidente Bukele lanzó el Plan Nacional de Vacunación anti-COVID-19, el cual se ha desarrollado de forma ininterrumpida y que es una estrategia integral de contención de la circulación del virus en el país.
El Gobierno del Presidente Bukele ha habilitado más de 160 centros de vacunación, entre unidades de salud familiar comunitarias, el Megacentro de Vacunación del Hospital El Salvador y los tres autoservicios: uno en el estacionamiento del Centro Comercial La Gran Vía, en Antiguo Cuscatlán, y los otros en Santa Ana y San Migue
Ayer, el Presidente Nayib Bukele anunció que los niños de entre 6 a 11 años de edad también tienen acceso a las dosis de la vacuna, lo cual abarcará un porcentaje mayor de la población. Actualmente, los padres de familia llevan a sus hijos mayores de 12 años para la aplicación del fármaco.
Las autoridades de Salud mantienen el llamado a quienes aún no han optado por recibir la dosis de la vacuna, a aprovechar este recurso y realizar una cita el sitio web vacunacioncovid19.gob.sv.
El Salvador se mantiene como referente en la región gracias al Plan de Nacional de Vacunación del Gobierno del Presidente Bukele, que sigue trabajando para que más salvadoreños tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19, la cual es de carácter universal, gratuito y voluntario.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
