Judicial
FGR pide la pena máxima contra exdirectores de Centros Penales por el delito de administración fraudulenta
El Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador finalizó este lunes la audiencia contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de los delitos de Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) en la documentación que presentó en dicha audiencia indicó que hay claras acciones que Rauda y Hernández cometieron fraude en su administración por más de $200 mil en pagos por servicio de inteligencia.
El pasado 30 de agosto rindieron su declaración cinco testigos, entre los que se encontraba la ex coordinadora de las tiendas institucionales de Centros Penales, quien narró que el dinero con el que trabajaban las tiendas no era público, debido a que era depositado por los familiares de los internos para poder comprar en los penales.
Asimismo, dijo que las ganancias de las tiendas se utilizaban para pago de bonificaciones a los empleados, pago de inteligencia y otros proyectos de infraestructura de los penales
También declaró que antes del 2015 no hubo ganancias en las tiendas penitenciarias, pero que luego del 2015 por unos ajustes administrativos que se realizaron, a petición del entonces director de Centro Penales, Rodil Hernández, se empezó a percibir ganancias en las tiendas.
También, rindió su declaración un perito del Ministerio de Hacienda, quien realizó un informe financiero entre el 2012 y 2014 de los fondos de las tiendas de los penales, relatando que ese dinero no podía ser auditado por Hacienda, debido a que no era fondo público con los que se manejaban.
De ser encontrados culpables, por el delito de Administración Fraudulenta podrían pasar entre 2 y 5 años en prisión, mientras que por el delito de Actos Arbitrarios, la pena oscila entre 1 y cuatro años de cárcel, más la pena de pérdida de todos los derechos y que no podrán ejercer ningún cargó público durante un período determinado.
Fiscalía pidió la pena máxima para ambos imputados. El juez programó dar el fallo el próximo 16 de septiembre a las 2:00 PM.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
