Judicial
FGR pide la pena máxima contra exdirectores de Centros Penales por el delito de administración fraudulenta
El Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador finalizó este lunes la audiencia contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de los delitos de Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) en la documentación que presentó en dicha audiencia indicó que hay claras acciones que Rauda y Hernández cometieron fraude en su administración por más de $200 mil en pagos por servicio de inteligencia.
El pasado 30 de agosto rindieron su declaración cinco testigos, entre los que se encontraba la ex coordinadora de las tiendas institucionales de Centros Penales, quien narró que el dinero con el que trabajaban las tiendas no era público, debido a que era depositado por los familiares de los internos para poder comprar en los penales.
Asimismo, dijo que las ganancias de las tiendas se utilizaban para pago de bonificaciones a los empleados, pago de inteligencia y otros proyectos de infraestructura de los penales
También declaró que antes del 2015 no hubo ganancias en las tiendas penitenciarias, pero que luego del 2015 por unos ajustes administrativos que se realizaron, a petición del entonces director de Centro Penales, Rodil Hernández, se empezó a percibir ganancias en las tiendas.
También, rindió su declaración un perito del Ministerio de Hacienda, quien realizó un informe financiero entre el 2012 y 2014 de los fondos de las tiendas de los penales, relatando que ese dinero no podía ser auditado por Hacienda, debido a que no era fondo público con los que se manejaban.
De ser encontrados culpables, por el delito de Administración Fraudulenta podrían pasar entre 2 y 5 años en prisión, mientras que por el delito de Actos Arbitrarios, la pena oscila entre 1 y cuatro años de cárcel, más la pena de pérdida de todos los derechos y que no podrán ejercer ningún cargó público durante un período determinado.
Fiscalía pidió la pena máxima para ambos imputados. El juez programó dar el fallo el próximo 16 de septiembre a las 2:00 PM.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra el exdiputado David Reyes y su esposa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, señalando un incremento patrimonial injustificado que supera los $225,000 durante su periodo legislativo.
De acuerdo con las investigaciones, se habrían detectado irregularidades en la compra de vehículos, pagos de vivienda y uso de tarjetas de crédito, que no corresponden a los ingresos declarados por el exfuncionario.
La FGR sostiene que los fondos utilizados para dichas operaciones no tienen un origen lícito comprobable, por lo que solicitó al tribunal correspondiente que se impongan las sanciones establecidas por la ley en caso de confirmarse las irregularidades.
El proceso judicial se encuentra en su fase final, y será el próximo 28 de octubre cuando el juez emita su veredicto, determinando si Reyes y su esposa deberán devolver los fondos al Estado o enfrentar otras consecuencias legales.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
