Judicial
FGR pide la pena máxima contra exdirectores de Centros Penales por el delito de administración fraudulenta
El Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador finalizó este lunes la audiencia contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de los delitos de Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) en la documentación que presentó en dicha audiencia indicó que hay claras acciones que Rauda y Hernández cometieron fraude en su administración por más de $200 mil en pagos por servicio de inteligencia.
El pasado 30 de agosto rindieron su declaración cinco testigos, entre los que se encontraba la ex coordinadora de las tiendas institucionales de Centros Penales, quien narró que el dinero con el que trabajaban las tiendas no era público, debido a que era depositado por los familiares de los internos para poder comprar en los penales.
Asimismo, dijo que las ganancias de las tiendas se utilizaban para pago de bonificaciones a los empleados, pago de inteligencia y otros proyectos de infraestructura de los penales
También declaró que antes del 2015 no hubo ganancias en las tiendas penitenciarias, pero que luego del 2015 por unos ajustes administrativos que se realizaron, a petición del entonces director de Centro Penales, Rodil Hernández, se empezó a percibir ganancias en las tiendas.
También, rindió su declaración un perito del Ministerio de Hacienda, quien realizó un informe financiero entre el 2012 y 2014 de los fondos de las tiendas de los penales, relatando que ese dinero no podía ser auditado por Hacienda, debido a que no era fondo público con los que se manejaban.
De ser encontrados culpables, por el delito de Administración Fraudulenta podrían pasar entre 2 y 5 años en prisión, mientras que por el delito de Actos Arbitrarios, la pena oscila entre 1 y cuatro años de cárcel, más la pena de pérdida de todos los derechos y que no podrán ejercer ningún cargó público durante un período determinado.
Fiscalía pidió la pena máxima para ambos imputados. El juez programó dar el fallo el próximo 16 de septiembre a las 2:00 PM.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
