Judicial
FGR pide la pena máxima contra exdirectores de Centros Penales por el delito de administración fraudulenta
El Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador finalizó este lunes la audiencia contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de los delitos de Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) en la documentación que presentó en dicha audiencia indicó que hay claras acciones que Rauda y Hernández cometieron fraude en su administración por más de $200 mil en pagos por servicio de inteligencia.
El pasado 30 de agosto rindieron su declaración cinco testigos, entre los que se encontraba la ex coordinadora de las tiendas institucionales de Centros Penales, quien narró que el dinero con el que trabajaban las tiendas no era público, debido a que era depositado por los familiares de los internos para poder comprar en los penales.
Asimismo, dijo que las ganancias de las tiendas se utilizaban para pago de bonificaciones a los empleados, pago de inteligencia y otros proyectos de infraestructura de los penales
También declaró que antes del 2015 no hubo ganancias en las tiendas penitenciarias, pero que luego del 2015 por unos ajustes administrativos que se realizaron, a petición del entonces director de Centro Penales, Rodil Hernández, se empezó a percibir ganancias en las tiendas.
También, rindió su declaración un perito del Ministerio de Hacienda, quien realizó un informe financiero entre el 2012 y 2014 de los fondos de las tiendas de los penales, relatando que ese dinero no podía ser auditado por Hacienda, debido a que no era fondo público con los que se manejaban.
De ser encontrados culpables, por el delito de Administración Fraudulenta podrían pasar entre 2 y 5 años en prisión, mientras que por el delito de Actos Arbitrarios, la pena oscila entre 1 y cuatro años de cárcel, más la pena de pérdida de todos los derechos y que no podrán ejercer ningún cargó público durante un período determinado.
Fiscalía pidió la pena máxima para ambos imputados. El juez programó dar el fallo el próximo 16 de septiembre a las 2:00 PM.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
