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FGR hizo posible que víctima del conflicto armado se reuniera con su familia
Con el compromiso de llevar justicia restaurativa a las familias salvadoreñas, víctimas del conflicto armado, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo posible que una víctima del conflicto armado se reuniera con su familia después de más de 42 años
El 12 de diciembre del año 1980, en el auge del conflicto armado del país y en un operativo militar, un menor de 5 años desapareció de su seno familiar en el cantón San José 2 de San Martín, San Salvador.
En el lugar asesinaron a su madre por considerar que colaboraba con la guerrilla, y quedaron huérfanos otros cinco hermanos.
La esperanza de la familia de ese niño, identificado como José Adrián Rochac Hernández, se convirtió en realidad, al reencontrarse después de más de 42 años.
Los momentos difíciles del reencuentro, emocionalmente, para el grupo familiar, ha sido posible por el trabajo de los fiscales de la Unidad para la Investigación de Delitos cometidos durante el Conflicto Armado con la cooperación de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas de El Salvador.
De acuerdo con las investigaciones y pruebas de ADN, gestionadas por la FGR se determinó que en un 99.99 por ciento Rochac con sus hermanos provienen de un mismo linaje paterno.
La investigación comenzó en abril del año 2002 a través de la denuncia interpuesta en la oficina de Soyapango por el delito de Desaparición Forzada.
El jefe de la Unidad, Mario Johel Chacón manifestó a la familia que “la espera para ustedes ha sido larga, como Estado, nos sentimos satisfechos de darles una respuesta después de tanto tiempo”.
Además, agradeció la colaboración de la Asociación Pro- Búsqueda para hacer posible la unificación familiar.
Mientras que el fiscal del caso, Juan José Benavides después de explicar el caso, aseguró que este reencuentro es una de las finalidades de las investigaciones en estos casos.
Por su parte la directora de Pro-Búsqueda, Ana Julia Escalante también se mostró satisfecha del trabajo de su ONG, y reiteró el compromiso de seguir trabajando en los casos de desaparición forzada durante el conflicto armado.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
