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Expolicía fue asesinado de cinco balazos por sujetos en motocicleta
El expolicía Pedro Alejandro Mojica Bonilla, de 45 años, fue asesinado de cinco balazos por sujetos que se conducían en una motocicleta el pasado jueves 15 de septiembre en el desvío Talcualuya, sobre la carretera de San Pablo Tacachico a San Juan Opico, en La Libertad.
Mojica, con el ONI 16638 de cuando estuvo en la corporación policial, conducía un pick up que usaba como transporte público de pasajeros cuando fue atacado por uno de los sujetos, mientras el otro manejaba la motocicleta. El exagente, aún con vida, fue trasladado por socorristas de la Cruz Verde a un hospital, pero minutos después murió.
El crimen ocurrió en el día en que se conmemoró el 201 aniversario de la Independencia de El Salvador y en un sector en que se llevaban a cabo desfiles escolares.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que la Policía logró dar con Mauricio Monge, alias “El Cheje», miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), según las primeras investigaciones. Monge es, según las autoridades, quien disparó al exagente Mojica.
La Policía informó que el detenido ya había amenazado de muerte a la víctima. Será acusado de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Homicidio cometido, homicida capturado.
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) September 16, 2022
Tras reportarse un asesinato en el Municipio de San Pablo Tacachico, activamos un operativo donde se capturó a Mauricio Monge, alias “El Cheje”, terrorista de la estructura MS13 que había amenazado de muerte a la víctima. pic.twitter.com/WnNEUqYM0S
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
