Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.

El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.

Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.

La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.

Lo que comenzó como una denuncia ciudadana en redes sociales terminó provocando una respuesta del presidente Nayib Bukele y la intervención del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Habitantes del caserío Catarina, cantón Paratao, distrito de Victoria, en Cabañas, expusieron las difíciles condiciones del camino que utilizan diariamente los estudiantes para llegar a su centro educativo. Las imágenes mostraron una vía deteriorada, con abundante lodo y charcos que complican el desplazamiento de los menores, especialmente durante la temporada de lluvias.

@christianguevarasv El Presidente @Nayib Bukele respondió a madre de familia y niños que solicitan que arreglen la calle que caminan a diario hacia su escuela. Muy pronto tendrán su calle bonita 🥹 Poco a poco 🙏 #respuesta #nayibbukele #elsalvador #escuelas #calles ♬ sonido original – Diputado Christian Guevara

La denuncia se volvió viral por el testimonio de una mujer de la comunidad, quien pidió ayuda al mandatario para reparar la calle. La habitante explicó que los niños deben atravesar tramos llenos de agua y lodo para asistir a clases, pese a que en la escuela se les exige presentarse con los zapatos limpios. La situación evidenció una dificultad que afecta a las familias de la zona rural, donde llegar al centro escolar puede convertirse en un desafío cotidiano.

El presidente Bukele respondió públicamente a la petición el pasado 10 de octubre y aseguró que el Gobierno atendería la necesidad de la comunidad. El mandatario expresó: «Con mucho gusto llegaremos a arreglar el camino a la escuela de esos hermosos niños que son el futuro de nuestro país». También reconoció que existen numerosas comunidades con necesidades de infraestructura acumuladas durante décadas y señaló que las intervenciones continuarán de manera progresiva.

Tras la respuesta presidencial, el Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de la intervención en el caserío Catarina, con el propósito de mejorar las condiciones del camino y facilitar la movilidad de estudiantes, docentes y habitantes. La actuación representa un primer paso para atender la solicitud que alcanzó difusión nacional. Sin embargo, todavía no se han precisado públicamente la extensión total del tramo que será mejorado, el presupuesto destinado ni la fecha prevista para concluir los trabajos.

La problemática vial de Paratao no es reciente. Una investigación periodística publicada anteriormente documentó las dificultades que enfrentan habitantes de esta zona de Cabañas para desplazarse hacia escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. El reportaje describió una carretera de aproximadamente 36 kilómetros entre Victoria y el caserío Papalón, de los cuales solo una pequeña parte contaba con pavimento o empedrado. Aunque no se ha establecido que toda esa ruta forme parte de la intervención anunciada, el antecedente demuestra que el deterioro de los caminos rurales ha sido una preocupación persistente para las comunidades del sector.

Ahora, la atención se concentra en que los trabajos anunciados se traduzcan en una solución duradera para las familias de Catarina. El caso también refleja cómo una denuncia difundida en redes sociales puede llevar una necesidad comunitaria hasta las autoridades nacionales. Para los estudiantes, la expectativa es sencilla: contar con un camino transitable que les permita llegar a sus clases sin tener que atravesar el lodo cada vez que llueve.

Este sábado 10 de octubre de 2026, El Salvador recuerda una de las tragedias más dolorosas de su historia. Hace exactamente 40 años, a las 11:49 de la mañana del viernes 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió violentamente San Salvador y convirtió en escombros edificios, viviendas y centros de trabajo. Bastaron aproximadamente 10 segundos para cambiar la vida de miles de familias y dejar una profunda huella en la memoria colectiva de los salvadoreños.

El movimiento telúrico tuvo su origen en fallas geológicas locales, a poca profundidad y muy cerca de la capital, factores que explican su enorme capacidad destructiva. La tragedia dejó aproximadamente 1,530 personas fallecidas, 10,000 heridas y alrededor de 200,000 damnificados, según estimaciones históricas. Las pérdidas materiales alcanzaron unos 1,031 millones de dólares, una cifra devastadora para un país que, además, atravesaba uno de los períodos más difíciles del conflicto armado.

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en el edificio Rubén Darío, ubicado en el centro de San Salvador, cuya estructura colapsó y sepultó a cientos de personas. También resultaron gravemente afectados el Gran Hotel San Salvador, el edificio Dueñas, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y numerosas construcciones históricas. La escuela Santa Catalina, en el barrio San Jacinto, fue otro de los escenarios de la tragedia. Incluso el Monumento al Divino Salvador del Mundo sufrió daños cuando la imagen cayó de su pedestal, convirtiéndose en una de las fotografías más recordadas de aquel desastre.

En medio del caos, los gritos de auxilio y las calles cubiertas de escombros, surgieron innumerables historias de solidaridad. Socorristas, bomberos, voluntarios y ciudadanos trabajaron durante horas y días para rescatar sobrevivientes, utilizando herramientas improvisadas y, en muchos casos, sus propias manos. Equipos de emergencia de Guatemala se sumaron a las labores de búsqueda, mientras cientos de familias permanecían en las calles por temor a nuevas sacudidas. Durante los cuatro días posteriores se registraron centenares de réplicas que prolongaron la angustia de una población golpeada por la pérdida de sus seres queridos.

Cuatro décadas después, el terremoto del 10 de octubre de 1986 sigue siendo una herida abierta en la historia salvadoreña, pero también un recordatorio de la importancia de la prevención, las construcciones seguras y la preparación ante emergencias. Aunque San Salvador ha cambiado su paisaje urbano y muchas de las estructuras destruidas desaparecieron, los recuerdos permanecen entre quienes sobrevivieron a aquella mañana. Hoy, el país honra a las víctimas, reconoce la valentía de los rescatistas y recuerda que, en apenas 10 segundos, una ciudad entera puede cambiar para siempre.