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El Salvador fuera de los cinco países con mayor migración irregular a EE.UU., según datos de la CBP
De acuerdo con los datos sobre flujo migratorio hacia Estados Unidos, publicados recientemente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., El Salvador se encuentra fuera de los cinco países con mayor migración hacia la nación norteamericana.
Tan solo en lo que va del 2023, la tasa de migración irregular que registra El Salvador ha mostrado una drástica reducción en comparación con el año anterior e incluso con marzo pasado del presente año.
En el ranking de los países con mayor cifra de migrantes irregulares en la frontera suroeste de Estados Unidos durante abril, que incluye a ciudadanos de naciones de todo el mundo, El Salvador figura en el puesto número 11, con un total de 2.9 %, muy por debajo de países como México, que marca un 31.30 %; Venezuela, con 16.24 %; o Colombia, que acumula un porcentaje del 8.57 %.
El 2023 se posiciona como el año con menor flujo de migración irregular en los últimos tres años, detallando que en lo que va del año fiscal, que corresponde de octubre de 2022 a abril de 2023, El Salvador solo representa el 2.5 % de los migrantes encontrados en la frontera de Estados Unidos.
Asimismo, El Salvador se posicionó en el número 12 del ranking de los países con mayor cifra de migrantes irregulares en la frontera suroeste de Estados Unidos durante el año fiscal 2023.
Incluso el embajador de Estados Unidos ante El Salvador, William H. Duncan, destacó el logro del gobierno salvadoreño en la disminución del flujo migratorio irregular: «La buena noticia es que hemos visto una reducción de casi el 40 % en la cantidad de personas que están yendo a los Estados Unidos de manera irregular (…), es una noticia muy buena».
#ÚLTIMAHORA | "La buena noticia es que hemos visto una reducción de casi 40 % en la cantidad de gente que esta yendo a los Estados Unidos de manera irregular (…), es una noticia muy buena", expuso el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William H. Duncan, ante la… pic.twitter.com/XwRTKgA7IV
— Última Hora (@ultimahsv) May 12, 2023
La administración del Presidente Nayib Bukele ha apostado por la implementación de políticas de seguridad pública y desarrollo humano, mejorando la calidad de vida e incrementando las oportunidades dentro del territorio nacional, con el fin de reducir los flujos migratorios y lograr que los salvadoreños permanezcan en el país.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
