Judicial
Declaraciones de teniente Yusshy René Mendoza revelan que Rodolfo Parker manipuló declaración que implicaba al Alto Mando de la FAES en caso jesuitas
El diputado del PDC Rodolfo Parker, habría manipulado una declaración extrajudicial para desvincular al Alto Mando y al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) de la operación militar contra seis religiosos, incluyendo el entonces rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría, y dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989, que dejó como saldo a esas ocho personas fallecidas.
Dichas acusaciones en contra del el entonce abogado y asesor de la Comisión de Hechos Delictivos, (Parker), se conocieron durante el segundo día de la declaración del teniente Yusshy René Mendoza ante la Audiencia Nacional Española, en el juicio que se realiza en contra del coronel Inocente Orlando Montano, exministro de Seguridad Pública y acusado de participar en el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
El teniente Yusshy René Mendoza narró todo lo relacionado a la operación impulsada por los militares bajo las órdenes del coronel Guillermo Benavides y que fue cumplida por el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, encargado de un comando del batallón Atlacatl, que había sido designado a brindar un resguardo al complejo de la Escuela Militar y el Estado Mayor.
El 8 de enero de 1990, Mendoza, quien participó de la incursión armada a la casa de los jesuitas, fue detenido pero fue recluido por cinco días sin tener comunicación con nadie.
“Me ordenan que me presente a declarar a la comisión de Honor y me piden que diga lo que sé al respecto del asesinato, luego me dicen que voy a quedar detenido pero me dicen que voy a quedar incomunicado por cinco días, me tomaron una declaración extrajudicial por los miembros de la Comisión de Hechos Delictivos”, narró.
El teniente Mendoza detalló que durante le tomaban la declaración llegó el entonces abogado Rodolfo Parker, quien era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos y al escuchar su declaración detuvo
el interrogatorio y le manifestó que no podía incluir en su testimonio a otras personas que no fueran el coronel Benavides o al batallón Atlacatl.
«Cuando rindo la declaración extrajudicial me dicen que voy a pasar
como acusado y un miembro de la comisión comienza a tomar mi declaración. Empiezo a narrar los hechos como lo narré a la Comisión de Honor y como lo he narrado acá, pero luego llegó el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la comisión de Hechos Delictivos y pone atención a lo que estaba declarando, y dice no ‘esto no puede ser así’, que ‘estas declaraciones no pueden ir así’, y hace que quien estaba escribiendo en la máquina saque la hoja y la comienza a leer”, comentó.
Mendoza expuso que Parker se dirigió a él y le manifestó que “‘no no puedes declarar eso, no puedes mencionar a ninguna persona del Alto Mando, no puedes mencionar que Benavides dijo que tenía órdenes
del Alto Mando, no puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o miembros del batallón Atlacatl’ y solicitó comenzar de nuevo (con la declaración) y reiteró que no ‘puedes decir nada que Benavides se reunió
con el Alto Mando o que recibió órdenes del Alto Mando”, subrayó.
El teniente Mendoza comentó que el coronel Benavides siempre se mostró muy confiado en que saldría liberado de los cargos, ya que contaba con el apoyo del Estado Mayor y del Alto Mando de la Fuerza Armada.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
