Judicial
Declaraciones de teniente Yusshy René Mendoza revelan que Rodolfo Parker manipuló declaración que implicaba al Alto Mando de la FAES en caso jesuitas
El diputado del PDC Rodolfo Parker, habría manipulado una declaración extrajudicial para desvincular al Alto Mando y al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) de la operación militar contra seis religiosos, incluyendo el entonces rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría, y dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989, que dejó como saldo a esas ocho personas fallecidas.
Dichas acusaciones en contra del el entonce abogado y asesor de la Comisión de Hechos Delictivos, (Parker), se conocieron durante el segundo día de la declaración del teniente Yusshy René Mendoza ante la Audiencia Nacional Española, en el juicio que se realiza en contra del coronel Inocente Orlando Montano, exministro de Seguridad Pública y acusado de participar en el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
El teniente Yusshy René Mendoza narró todo lo relacionado a la operación impulsada por los militares bajo las órdenes del coronel Guillermo Benavides y que fue cumplida por el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, encargado de un comando del batallón Atlacatl, que había sido designado a brindar un resguardo al complejo de la Escuela Militar y el Estado Mayor.
El 8 de enero de 1990, Mendoza, quien participó de la incursión armada a la casa de los jesuitas, fue detenido pero fue recluido por cinco días sin tener comunicación con nadie.
“Me ordenan que me presente a declarar a la comisión de Honor y me piden que diga lo que sé al respecto del asesinato, luego me dicen que voy a quedar detenido pero me dicen que voy a quedar incomunicado por cinco días, me tomaron una declaración extrajudicial por los miembros de la Comisión de Hechos Delictivos”, narró.
El teniente Mendoza detalló que durante le tomaban la declaración llegó el entonces abogado Rodolfo Parker, quien era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos y al escuchar su declaración detuvo
el interrogatorio y le manifestó que no podía incluir en su testimonio a otras personas que no fueran el coronel Benavides o al batallón Atlacatl.
«Cuando rindo la declaración extrajudicial me dicen que voy a pasar
como acusado y un miembro de la comisión comienza a tomar mi declaración. Empiezo a narrar los hechos como lo narré a la Comisión de Honor y como lo he narrado acá, pero luego llegó el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la comisión de Hechos Delictivos y pone atención a lo que estaba declarando, y dice no ‘esto no puede ser así’, que ‘estas declaraciones no pueden ir así’, y hace que quien estaba escribiendo en la máquina saque la hoja y la comienza a leer”, comentó.
Mendoza expuso que Parker se dirigió a él y le manifestó que “‘no no puedes declarar eso, no puedes mencionar a ninguna persona del Alto Mando, no puedes mencionar que Benavides dijo que tenía órdenes
del Alto Mando, no puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o miembros del batallón Atlacatl’ y solicitó comenzar de nuevo (con la declaración) y reiteró que no ‘puedes decir nada que Benavides se reunió
con el Alto Mando o que recibió órdenes del Alto Mando”, subrayó.
El teniente Mendoza comentó que el coronel Benavides siempre se mostró muy confiado en que saldría liberado de los cargos, ya que contaba con el apoyo del Estado Mayor y del Alto Mando de la Fuerza Armada.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
