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COAMSS OPAMSS conocen funcionamiento de los CUBO
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele con su apuesta por lograr desarrollo y espacios con oportunidades para la juventud salvadoreña está despertando el interés de diversos sectores de la sociedad hacia las acciones puntuales de prevención de la violencia.
Una de estas acciones para prevenir la violencia y vulnerabilidad en la niñez y juventud del país es la construcción de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en los distintos municipios del país.
Un ejemplo de todo esto es el recorrido que realizaron representantes de Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por el CUBO de la colonia Zacamil, en Mejicanos.
La visita que fue guiada por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, tuvo como objetivo mostrar a los integrantes de OPAMSS y al alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, el tipo de proyectos que pueden impulsarse en los municipios.
“Ha sido un recorrido para mostrarle cómo el CUBO tiene sentido de integración comunitaria, sobre todo en zonas importantes y relevantes para el país, como es la colonia Zacamil”, aseguró Marroquín.
Para la directora Ejecutiva de la OPAMS, Yolanda Bichara, el recorrido fue de suma importancia ya que manifestó que el trabajo de la institución que representa está ligado a acciones que beneficien a la población y afirmó que son esa instancia metropolitana en donde se suman a la construcción de ciudades más resilientes, equitativas y sostenibles.
“Nos hemos encontrado que es un megaproyecto que no dudo estará impactando en el desarrollo social no solo de los habitantes de acá, hemos visto una juventud empoderada de la buena, poniéndonos sobre la mesa que tienen muchas capacidades y compromisos por desarrollar mejores ciudades”, subrayó Bichara.
El Gobierno del Presidente Bukele garantiza espacios donde la comunidad y en especial los jóvenes puedan desarrollarse a través de diversas actividades, tales como el deporte y la tecnología.
Los CUBO forman parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno, específicamente constituyen la fase 2 denominada “Oportunidades”, del Plan Control Territorial. Con la construcción de estos espacios, el Presidente Bukele impulsa la prevención de la violencia y permite el desarrollo integral de los jóvenes.
El director Marroquín destacó que el Presidente Bukele ha dicho que en los próximos días será inaugurado el CUBO de la Zacamil y el de Santa Ana “este tipo de espacio lo que le regala a nuestra juventud es identidad, el hecho de apropiarse de un espacio de primer mundo en la comunidad”, apuntó.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
