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COAMSS OPAMSS conocen funcionamiento de los CUBO
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele con su apuesta por lograr desarrollo y espacios con oportunidades para la juventud salvadoreña está despertando el interés de diversos sectores de la sociedad hacia las acciones puntuales de prevención de la violencia.
Una de estas acciones para prevenir la violencia y vulnerabilidad en la niñez y juventud del país es la construcción de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), en los distintos municipios del país.
Un ejemplo de todo esto es el recorrido que realizaron representantes de Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por el CUBO de la colonia Zacamil, en Mejicanos.
La visita que fue guiada por el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, tuvo como objetivo mostrar a los integrantes de OPAMSS y al alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, el tipo de proyectos que pueden impulsarse en los municipios.
“Ha sido un recorrido para mostrarle cómo el CUBO tiene sentido de integración comunitaria, sobre todo en zonas importantes y relevantes para el país, como es la colonia Zacamil”, aseguró Marroquín.
Para la directora Ejecutiva de la OPAMS, Yolanda Bichara, el recorrido fue de suma importancia ya que manifestó que el trabajo de la institución que representa está ligado a acciones que beneficien a la población y afirmó que son esa instancia metropolitana en donde se suman a la construcción de ciudades más resilientes, equitativas y sostenibles.
“Nos hemos encontrado que es un megaproyecto que no dudo estará impactando en el desarrollo social no solo de los habitantes de acá, hemos visto una juventud empoderada de la buena, poniéndonos sobre la mesa que tienen muchas capacidades y compromisos por desarrollar mejores ciudades”, subrayó Bichara.
El Gobierno del Presidente Bukele garantiza espacios donde la comunidad y en especial los jóvenes puedan desarrollarse a través de diversas actividades, tales como el deporte y la tecnología.
Los CUBO forman parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno, específicamente constituyen la fase 2 denominada “Oportunidades”, del Plan Control Territorial. Con la construcción de estos espacios, el Presidente Bukele impulsa la prevención de la violencia y permite el desarrollo integral de los jóvenes.
El director Marroquín destacó que el Presidente Bukele ha dicho que en los próximos días será inaugurado el CUBO de la Zacamil y el de Santa Ana “este tipo de espacio lo que le regala a nuestra juventud es identidad, el hecho de apropiarse de un espacio de primer mundo en la comunidad”, apuntó.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
