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CEPA ampliará parqueos y «check in» en el aeropuerto iniciará en 2023
Las acertadas medidas tomadas por el Gobierno para potencializar el turismo nacional siguen dando excelentes resultados a El Salvador, posicionándolo ante los ojos del mundo como un país seguro para visitar. Muestra de ello han sido los más de 3.2 millones de viajeros que han pasado por el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Para seguir con ese dinamismo, y ofrecer una mejor atención a los visitantes que llegan y salen del país, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) iniciará en 2023 la modernización y ampliación del área de «check in», así como la zona de parqueo del aeródromo.
«Actualmente, trabajamos en distintos proyectos en infraestructura logística aeroportuaria, con la finalidad de brindarle a nuestros pasajeros servicios más eficientes. Este 2023 iniciaremos los proyectos de ampliación del «check in» y estacionamiento», afirmó CEPA en una publicación de redes sociales.
Según indicó el presidente de CEPA, Federico Anliker, en fechas anteriores, los planes de expansión buscan ofrecer una mayor comodidad a los turistas, ya que el área de «check in», será completamente moderna, con el doble de mostradores.
«Crecerá hacia la parte de atrás, de donde está ubicados en la actualidad, porque en esa zona están las oficinas de aerolíneas, pero esas las vamos a reubicar. Vamos a hacer un movimiento interno en el aeropuerto, tanto en las oficinas de nuestro personal como en las de las aerolíneas, y esto dará la capacidad de tener el doble de mostradores», comentó.
La autónoma informó que con el proyecto se remodelará el área existente de 1,780 metros cuadrados y se construirán 40 nuevos puntos de registro, lo que permitirá agilizar el proceso de chequeo de pasajeros.
Además, para brindar un mejor servicio a las personas que llegan a traer y a dejar a sus familiares, la institución ampliará el estacionamiento de vehículos. Los trabajos consistirán en la construcción de un edificio de estacionamiento de dos o tres niveles, con una capacidad para más de 1,000 automóviles adicionales.
«El parqueo ya no da abasto. Cuando termina el último banco de vuelos, y vemos que el aeropuerto está teniendo mucho movimiento, nos damos cuenta de que ya no da abasto el estacionamiento, entonces tenemos que crecer en parqueo también. En la actualidad, el parqueo tiene capacidad para unos 2,000, por eso se llevará a 1,000 más en altura», afirmó Anliker.
La modernización de las áreas mencionadas, junto a la nueva terminal de pasajeros, lo convierten en uno de los aeropuertos más modernos de la región.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
