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CAMPO PAGADO: HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Hace unos días hice pública una denuncia en contra del Señor Fiscal General de la República Lic. Douglas Meléndez Ruiz; que abusando de su poder irrestricto, con la capacidad de girar órdenes de captura sin ningún fundamento y más grave aún, utilizando la figura penal de Lavado de Dinero y Activos, simultáneamente sin haber sido condenado ni vencido en juicio aplica la ley de extinción de dominio y la mantiene aún cuando en otros juicios civiles, los denunciados hayan sido declarados inocentes, eso es doble persecución.
Hago este llamado en vista que hemos sido notificados por el Lic. Jorge Orlando Cortez, Jefe de la UIF, que el expediente 28-UIF–2016 que por más de dos años vienen investigando y pidiendo documentación a todos los Bancos del sistema, lo que ha provocado el cierre de todas las cuentas Bancarias de las empresas y de sus ejecutivos. El Lic. Cortez ha declarado reserva total del expediente y los abogados defensores en múltiples ocasiones han solicitado tener participación como la ley nos lo permite en el Art. 80 Pr.Pn y esto siempre nos ha sido negado. Esto es una muestra más que en nuestro país estamos viviendo una indefensión jurídica total, ya no existen garantías de ningún tipo.
Conocemos los motivos por lo cual han declarado reserva total, pues intenta a toda costa, encontrar cualquier invento para iniciarme un proceso penal por lavado de dinero y con ello aplicar la extinción de dominio. Caso imposible de sustentar ya que a pesar de tantas denuncia que han presentado en contra de la Empresa y de mi persona, todos nuestros ingresos son de origen lícito proveniente de las alcaldías. Corte de Cuentas ya ha dado los resultados del examen de auditoría especial dando como resultado que todas las operaciones son lícitas y no hay ningún reparo que presentar.
Plan que existe desde un primer momento en que se fabricaron todas las pruebas falsas en mi contra dentro del proceso penal que se ventila en el Juzgado 8 de Instrucción y como ese proceso está totalmente desenmascarado y es nulo, intentan otra ruta para que sigamos con procesos penales.
El Caso RAIS – MARTINEZ es tan falso y tan ilegal que hemos denunciado a los fiscales que se prestaron para esta burda fabricación y en estos momentos se están realizando dichas investigaciones.
La función de Fiscal General es una elección de 3 años y su mandato vence el 5 de enero 2019, le quedan 127 días de poder, si no es reelecto.
Pero los Fiscales auxiliares son de carrera y tienen responsabilidad penal por actos contrarios a la ley; y no pueden, aunque se les ordene irrespetar la ley y la Constitución, Art. 235 Cn.
El Magistrado Lic. Carlos Sánchez Escobar, candidato a Magistrado de La Sala de lo Constitucional, es testigo fidedigno de cómo los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Julio César Larrama y Xenia Lizeth Linares, le engañaron presentando información falsa que ya fue confirmada por el Señor Juez 8 de Instrucción y con esa falsedad, engañado, el Lic Sánchez ordenó mi captura.
Dejo Constancia de la nueva falsa imputación que se está gestando, pues es triste que en nuestro País el estado de Derecho ha sido pisoteado.
Enrique Rais,
Apoderados: Lic. Jose David Campos Ventura y Lic Hernan Cortez Saravia
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Las autoridades del Instituto de Bienestar Animal llegaron a la vivienda de la propietaria de la perrita de nombre “Enanita” quien fue víctima por un conductor quién la atropelló.
El hecho se registró en el centro de Santa Ana y quedó captado por medio de las cámaras de videovigilancia.
Sin embargo, el conductor al escuchar los lamentos de dolor de la perrita, se bajo inmediatamente para brindarle asistencia médica y fue el mismo conductor quién llamó al IBA para reportar lo que había ocurrido.
Los equipos del IBA llegaron hasta el sector para brindar la asistencia médica a la canina, quién ya se encuentra fuera de peligro y ya se encuentra con sus dueños.
Por esta acción, el conductor se libró de ser capturado y que se le tipificara el delito de maltrato animal.
Cabe destacar que, en esta ocasión, el accidente no pasó a más, pero es importante generar conciencia al momento de conducir para proteger la vida de los animales.
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Inicia reconstrucción del centro escolar Cristóbal Colón para beneficiar a más de 1,200 alumnos en Nahulingo
Con el objetivo de fortalecer la educación en El Salvador, este fin de semana comenzó la reconstrucción del centro escolar Cristóbal Colón en el distrito de Nahulingo, en Sonsonate Centro, para beneficiar a más de 1,200 estudiantes.
Este proyecto, ejecutado por la Dirección de Obras Municipales forma parte del Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: nacer, crecer y aprender, liderado por la Primera Dama, Gabriela de Bukele y financiado con un préstamo del BID.
La obra consta de siete nuevos módulos, cinco de ellos con dos niveles que albergarán 39 espacios en total; seis de esas aulas serán para alumnos de educación inicial y parvularia, mientras 24 aulas más para alumnos de primer ciclo a bachillerato, el resto se distribuirán en laboratorios y oficinas administrativas.
También tendrá salón de usos múltiples, enfermería, cocina, comedor, bodega para alimentos, módulos sanitarios conectados a una cisterna con equipo de bombeo, iluminación LED, Internet gratis y certificación EDGE garantizando una construcción sostenible y eficiente.
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La DOM ejecuta además en Nahulingo la remodelación del centro recreativo El Manguito y a nivel departamental otros 35 proyectos como nueve centros escolares, tres ya entregados en Acajutla y Nahuizalco; la revitalización de los centros históricos de Juayúa y Salcoatitán, una plaza mercado en Cuisnahuat y una plaza turística en Santa Isabel Ishuatán, entre otros.
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Asamblea aprueba ley que busca proteger derechos de los depositantes ante entidades en problemas
Con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema bancario del país, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 56 votos, la creación de la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos.
Los parlamentarios indicaron que el objetivo de esta normativa es regular la preparación y ejecución de los procesos de recuperación y resolución de entidades financieras y brindar las facultades necesarias a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) como autoridad de resolución.
Además de la firmeza del sistema bancario, se contará con la continuidad de los servicios financieros esenciales y los derechos de los depositantes de entidades en problemas.
Ante esta normativa, que consta de 121 artículos, se creará confianza entre los depositantes, debido a que sabrán que su dinero estará seguro y creará una mayor competencia sobre las tasas de interés hacia los usuarios, argumentaron diputados oficialistas.
De acuerdo a lo plasmado en el artículo 2, el reglamento será aplicable a las siguientes entidades:
Bancos regulados por la Ley de Bancos, excepto el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
Sociedades de ahorro y crédito reguladas por la Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito.
Bancos cooperativos regulados por la Ley de Bancos Cooperativos.
También a las asociaciones cooperativas que se encuentre en proceso de adecuación gradual de conformidad.
Un comité coordinador para monitorear riesgos sistémicos
Según lo expuesto en la plenaria, con dicha ley se creará un Comité de Estabilidad Financiera, que coordinará a las organizaciones ante cualquier evento de crisis en las instituciones del sistema financiero del país. Además, tendrá la obligación de monitorear la evolución de los riesgos de este sistema monetario.
Dicho comité estará integrado por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR), de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).
Entre las facultades de dicho comité, según lo establece el artículo 6 de la ley, está el monitoreo de riesgos del sistema financiero; coordinar las diferentes actividades entre sus miembros para poder enfrentar de forma consistente potenciales crisis; emitir recomendaciones que considere necesarias para mitigar riesgos que pudiera afectar el sistema financiero; y emitir los instrumentos administrativos necesarios para su funcionamiento; entre otros.
Plan de recuperación, de resolución y evaluación de entidades
El Comité de Estabilidad Financiera tendrá actualizado un plan de recuperación, en el que contemplará las medidas y acciones que adoptará la entidad con el fin de restablecer su posición financiera en el caso que se produjera un deterioro de la misma.
Ese plan deberá ser aprobado por el Órgano de Administración de cada entidad y deberá de ser remitido a la Superintendencia del Sistema Financiero, en un plazo de 10 días.
Los procesos de recuperación de las entidades financieras o procesos de resolución para procurar la salida ordenada de una entidad del sistema financiero son para minimizar el impacto en la estabilidad financiera.
Por “resolución” se entenderá –de acuerdo a la regulación- por el proceso por medio del cual se ejecutan las medidas necesarias para que una entidad pueda salir del sistema financiero de forma ordenada o, si fuera el caso, facilitar la continuidad de sus funciones esenciales.
Es por eso que la ley establecerá que las entidades financieras deberán elaborar y actualizar un plan de recuperación.
Es así que el BCR tendría la potestad de conceder créditos o financiamiento a instituciones bancarias, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito para atender retiros de depósitos en caso de haber un deterioro en la estructura de liquidez de una o más instituciones o para prevenir iliquidez del sistema.
En cuanto a los objetivos de la resolución, la SSF es la máxima autoridad para esto de conformidad a las disposiciones de la ley y esto servirá para proteger los depósitos del público, para mantener la continuidad de los servicios financieros esenciales y procurar la estabilidad del sistema financiero.
