Nacionales
CAMPO PAGADO: HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Hace unos días hice pública una denuncia en contra del Señor Fiscal General de la República Lic. Douglas Meléndez Ruiz; que abusando de su poder irrestricto, con la capacidad de girar órdenes de captura sin ningún fundamento y más grave aún, utilizando la figura penal de Lavado de Dinero y Activos, simultáneamente sin haber sido condenado ni vencido en juicio aplica la ley de extinción de dominio y la mantiene aún cuando en otros juicios civiles, los denunciados hayan sido declarados inocentes, eso es doble persecución.
Hago este llamado en vista que hemos sido notificados por el Lic. Jorge Orlando Cortez, Jefe de la UIF, que el expediente 28-UIF–2016 que por más de dos años vienen investigando y pidiendo documentación a todos los Bancos del sistema, lo que ha provocado el cierre de todas las cuentas Bancarias de las empresas y de sus ejecutivos. El Lic. Cortez ha declarado reserva total del expediente y los abogados defensores en múltiples ocasiones han solicitado tener participación como la ley nos lo permite en el Art. 80 Pr.Pn y esto siempre nos ha sido negado. Esto es una muestra más que en nuestro país estamos viviendo una indefensión jurídica total, ya no existen garantías de ningún tipo.
Conocemos los motivos por lo cual han declarado reserva total, pues intenta a toda costa, encontrar cualquier invento para iniciarme un proceso penal por lavado de dinero y con ello aplicar la extinción de dominio. Caso imposible de sustentar ya que a pesar de tantas denuncia que han presentado en contra de la Empresa y de mi persona, todos nuestros ingresos son de origen lícito proveniente de las alcaldías. Corte de Cuentas ya ha dado los resultados del examen de auditoría especial dando como resultado que todas las operaciones son lícitas y no hay ningún reparo que presentar.
Plan que existe desde un primer momento en que se fabricaron todas las pruebas falsas en mi contra dentro del proceso penal que se ventila en el Juzgado 8 de Instrucción y como ese proceso está totalmente desenmascarado y es nulo, intentan otra ruta para que sigamos con procesos penales.
El Caso RAIS – MARTINEZ es tan falso y tan ilegal que hemos denunciado a los fiscales que se prestaron para esta burda fabricación y en estos momentos se están realizando dichas investigaciones.
La función de Fiscal General es una elección de 3 años y su mandato vence el 5 de enero 2019, le quedan 127 días de poder, si no es reelecto.
Pero los Fiscales auxiliares son de carrera y tienen responsabilidad penal por actos contrarios a la ley; y no pueden, aunque se les ordene irrespetar la ley y la Constitución, Art. 235 Cn.
El Magistrado Lic. Carlos Sánchez Escobar, candidato a Magistrado de La Sala de lo Constitucional, es testigo fidedigno de cómo los fiscales Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Julio César Larrama y Xenia Lizeth Linares, le engañaron presentando información falsa que ya fue confirmada por el Señor Juez 8 de Instrucción y con esa falsedad, engañado, el Lic Sánchez ordenó mi captura.
Dejo Constancia de la nueva falsa imputación que se está gestando, pues es triste que en nuestro País el estado de Derecho ha sido pisoteado.
Enrique Rais,
Apoderados: Lic. Jose David Campos Ventura y Lic Hernan Cortez Saravia
____________________________________________________________
El anterior CAMPO PAGADO es de exclusiva y total responsabilidad de quien lo presenta y firma. Diario Digital Cronio no es responsable por dicho contenido ni es parte de nuestra línea editorial.
Principal
Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
