La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) publicó este martes un esquema de las áreas de tratamiento y apoyo de la nueva planta potabilizadora de Ilopango, obra estratégica que reforzará el abastecimiento de agua potable para más de 250,000 habitantes de siete distritos del Gran San Salvador.

Según ANDA, la planta contempla 13 áreas destinadas al tratamiento y apoyo en los procesos de potabilización, que permitirán procesar, dosificar, almacenar y distribuir agua apta para el consumo humano. El proyecto se construye con una inversión de $40 millones gracias a un acuerdo de cooperación con la República Popular China y forma parte de la modernización de la infraestructura hídrica nacional.

«Estamos recibiendo los materiales y equipos que darán vida a las salas de potabilización, incluyendo las áreas de electromecánica y cloración, pasos clave para garantizar agua segura y de calidad», indicó ANDA en su cuenta oficial de X al confirmar que la planta ha entrado en fase de equipamiento con aproximadamente 80 % de avance global.

El esquema presentado destaca espacios especializados para procesos como floculación, sedimentación, filtración y cloración, junto con áreas de apoyo como bodegas, talleres y sistemas eléctricos y de bomba que permitirán el funcionamiento continuo de la planta. Estas etapas son fundamentales para transformar el agua cruda extraída de los pozos subterráneos en agua potable que cumpla con los estándares sanitarios.

La planta beneficiará a poblaciones de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, zonas que históricamente han enfrentado limitaciones en la continuidad y calidad del suministro de agua potable.

ANDA proyecta que, tras concluir el equipamiento y las pruebas técnicas, la planta entre en operación para finales de 2026, fortaleciendo significativamente la infraestructura hídrica y contribuyendo a la estabilidad del servicio de agua potable en el oriente del área metropolitana.

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.

Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.

El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.

Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.

Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.

Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.

En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.

La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.

La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.