El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reestructurado su operatividad institucional de cara a las elecciones de presidente de la república, diputados y concejos municipales que se realizarán el 28 de febrero de 2027.

Para tal efecto, el organismo colegiado ha creado 10 comisiones multidisciplinarias de trabajo que desarrollan funciones administrativas, operativas, logísticas, jurídicas y de planeación, según se detalla en la memoria de labores 2024-2025.

Como parte de los grupos de trabajo está la Comisión de Seguimiento I del Plan General de Elecciones [PLAGEL] 2027, cuya función es la de «dar seguimiento a la elaboración de los programas en el ámbito de sufragio en el territorio nacional y sufragio en el extranjero».

Estos programas incluyen la elaboración del Plan General de Seguridad Electoral, la inclusión e igualdad electoral, el cierre del registro electoral y generación de padrones, información y atención de consulta ciudadana, capacitación electoral, organización y logística electoral, soporte de escrutinio de la Junta Receptora de Voto (JRV).

También incluye la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares [Sistema para voto electrónico y transmisión de resultados electorales preliminares] y escrutinio final.

Esta comisión es integrada por Roxana Soriano, presidenta del TSE, una magistrada propietaria y dos suplentes.

La obligatoriedad de crear e integrar estas comisiones está normado en el artículo 50 del Código Electoral, para los fines que la institución designe, es decir, administrativo, operativo, logístico, jurídico y de planeación, «conforme sea requerido para la óptima gestión de la administración pública».

En lo relativo siempre a las elecciones, fue creada la Comisión de Seguimiento II y III del PLAGEL y la Comisión Organizadora de este plan, entre otras.

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que más de $7,000 que fueron decomisados a pandilleros pasen al Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal logró comprobar que los $7,087 incautados a tres pandilleros de la MS en un procedimiento realizado el 2 de julio de 2019 en San Salvador procedían de actividades ilícitas.

«Se demostró que ese dinero procedía de diversos delitos de maras o pandillas en virtud de que se encontró manuscritos de diferentes aportaciones de las diversas clicas de El Salvador, utilizado para financiar actividades ilícitas» explicó el fiscal del caso, al concluir la audiencia.

El monto fue decomisado a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no lograron justificar la procedencia legal de los fondos.

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que otros $30,000 pasaran al Estado por estar relacionados directamente a la actividad delictiva de agrupaciones ilícitas.

El dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía registro criminal por pertenecer a grupos criminales.

Julio César Hernández Magaña, acusado del delito de homicidio culposo por presunta mala praxis, es enjuiciado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

La acusación fiscal detalla que Hernández Magaña realizó un procedimiento quirúrgico inadecuado el 24 de junio del 2022, en su clínica ubicada en colonia Escalón, San Salvador Centro.

«La mujer habría sido sometida a tres cirugías en un lapso de seis horas en el quirófano; posteriormente se le dio el alta y no habría recibido la vigilancia médica requerida después de las intervenciones», explicó el ministerio público.

La víctima falleció seis días después de las cirugías, el 30 de junio 2022 en su casa de habitación ubicada en Lourdes Colón, La Libertad Oeste.

Durante el juicio, la Fiscalía asegura que presentará suficiente prueba documental, pericial, testimonial que determinan la responsabilidad del imputado y ha pedido al tribunal que se haga justicia y que le aplique la pena máxima de cárcel por ese delito y también una condena civil.