Judicial
Aplican Extinción de Dominio a más de $2 millones de dólares por operativo Perú en oriente del país
Personal de la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros, en coordinación con la Unidad Especializada en Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República y delegados del Concejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), proceden a la aplicación de medida cautelar de secuestro sobre la cantidad dineraria de S$ 2, 406,559.82 (Dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil dólares, con ochenta y dos centavos) y el vehículo P-526411, según detalle:
• En el depto. De La Unión en Institución Financiera
$ 159,244.86.
• En el depto. De San Miguel Institución Financiera la cantidad de
$2, 016,368.60.
• En San Francisco Gotera Morazán, Caja de Crédito la Cantidad de $ 835.00.
• En el depto. de San Salvador en instituciones bancarias se impone medida a un total de $231,499.44.
• En Predio FGR, Conchagua, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, al Vehículo p526-411, se le impone medida cautelar de Secuestro.
ANTECEDENTES
En fecha 19 de octubre de 2012 se desarrolla investigación de realizar investigación en contra de los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, por los delitos de Casos Especiales de Lavado Dinero y de Activos y Lavado de Dinero. Posteriormente la investigación se amplía a 14 personas, quienes forman parte del núcleo familiar de los señores Flores Batres y Sonia Maricel Amaya.
Como resultado de dicha investigación, en fecha 7 de julio de 2016 la DIPEDDF-PNC, conjuntamente con la UIF-FGR realizaron el operativo denominado “PERÚ”, en los Municipios de San Carlos y San Francisco Gotera Morazán, Y Chapeltique de San Miguel; realizando registros y logrando la detención mediante orden administrativa de la señora Jesús Anabel Flores Batres, por el delito de Lavado de Dinero y de Activos, y se procedió a la incautación del automóvil, placas P-526-411 Toyota Prado, año 2013, a nombre de María Verónica Rodríguez de Flores. Asimismo, se giraron órdenes administrativas de detención en contra: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmin Flores, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez Rivera o María Verónica Rodríguez de Flores, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres Viuda de Flores, por atribuirse delitos relacionados con Lavado de Dinero y de Activos.
De acuerdo a información previa, los señores Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, aducían tener proyectos de construcción en la República de Perú, a través de la empresa JARA GROUP SAC, la cual tenía contratos en dicho país.
Es pertinente referir también que en fecha 19 de marzo 2019 se realizó una primera fase de este operativo, en la cual se cautelaron 16 inmuebles en el oriente del país, con fines de extinción de dominio, los cuales fueron entregados al CONAB para su administración, y se le impuso anotación preventiva a otros 5 inmuebles. Tanto los inmuebles como el dinero, pasan a ser administrados por el CONAB mientras se desarrolla el proceso judicial en el Tribunal Especializado en Extinción de Dominio.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
