Nacionales
Alcaldía de San Salvador lleva a la quiebra a microempresarios y una pupusería por no pago
Microempresarios continúan denunciando que hay empresas a las que la Alcaldía de San Salvador adeuda desde hace ocho meses e incluso un poco más de los dos años.
Según auditores, manifiestan que la comuna capitalina viene quebrando a pequeños y medianos empresarios al no cancelarles sus pagos a su tiempo.
El pasado 28 de agosto, los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una deuda de $440 mil por servicios prestados y ventas de productos realizadas a la alcaldía.
“Como emprendedores y microempresarios hemos tratado de darle servicio al Estado y a sus dependencias con el objetivo de querer crecer pero todo lo que era ganancia se convirtió en pérdida porque nuestros acreedores ya nos sumaron intereses al dinero que prestamos para invertir y no hemos contado con el pago”, dijo María, a quien llamaremos así porque para esta publicación pidió cuidar su identidad.
Otro de los afectados denunció que han vendido a la comuna capitalina desde productos desechables hasta de limpieza a utilizar en esta emergencia ocasionada por el Covid-19 “y con mucha confianza ingresamos al banco de datos de ellos como proveedores desde hace ocho meses y pues hemos cumplido, tenemos contratos donde se nos exige que tenemos cumplir y la alcaldía no nos ha cumplido a nosotros. La deuda, solo con nosotros ronda los $15 mil”, aseguró.
También, un grupo musical salvadoreño, afirmó en sus redes sociales que la Alcaldía de San Salvador les debe el pago de un concierto que dieron durante la temporada navideña de 2019. “Hoy se cumplen 8 meses de nuestro concierto de cierre 2019. Fue en el Centro de San Salvador, nuestra ciudad. Bailamos frente a Catedral hasta la madrugada. Dimos un show de más de 2 horas a un público increíble. No se imaginan como lo gozamos”, afirmó el grupo.
“Lo que nunca nos imaginamos es que no nos iban a pagar lo acordado en contrato y orden de compra… Feliz navidad, día de reyes, san valentín, todas las fases del Covid… y seguimos a la espera de que cumplan su deuda”, lamentaron los artistas con larga trayectoria.
Ante esto, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, tuteló las demandas del pasado 28 de agosto y exigió a las autoridades investigar la infracción.
“El no hacerlo es una infracción a esa ley, hay otras leyes como la LACAP y la Ley de la Corte de Cuentas, que son violadas al mismo tiempo si no se cumple con esta responsabilidad. CONAMYPE por ley tiene la obligación de ser el ente ejecutor de la Ley MYPE, ese es un mandato que no vamos a obviar y vamos a hacer que se cumpla”, dijo.
“Apoyamos a estos pequeños empresarios que no han sido satisfechos con el pago de las facturas por sus servicios, algunos hasta 36 meses, la Ley MYPE es clara, tienen la obligación de pagar en 30 días o deben pagar intereses”, reiteró Steiner.
La demanda se realizó en cumpliendo con el artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la MYPE; el monto adeudado por la comuna capitalina es de $440 mil y los pequeños empresarios aseguran no recibir ninguna resolución favorable para el pago oportuno de lo adeudado.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
