Judicial
Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas
Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas
La Cámara Especializada confirmó la detención provisional, emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción C contra Edwin Enrique Hernández Varela, procesado por agrupaciones ilícitas, trata de personas y falsedad ideológica.
La base de la apelación, presentada por su abogado defensor, fue que la Ley de Trata de Personas no había entrado en vigencia cuando se capturó al referido abogado; sin embargo, la citada instancia sostuvo que efectivamente ya estaba en vigencia, por lo tanto se confirmó la actual detención provisional. El período para que la instrucción termine será hasta el 27 de mayo del presente año. En esa fecha la Fiscalía General de la República (FGR) deberá presentar su dictamen de acusación. Actualmente Hernández Varela se encuentra en el penal de Metapán, Santa Ana.
En su momento el Juzgado Especializado de Instrucción “C” resolvió imponerle detención provisional a la imputada, Edith Emelda Ramírez, acusada por trata de personas agravada, agrupaciones ilícitas, suplantación y alteración del estado familiar, falsedad ideológica y tenencia ilegal de armas de fuego; además, además, le decretó medidas alternativas a los procesados Juan Abilio Guerra Melgar y Arturo Armando Minero Sandoval, quienes siguen sometidos al proceso y cumplen las restricciones.
La jueza interina valoró, el 28 de noviembre del año pasado, los indicios presentados por la FGR, mientras que la defensa del doctor Minero Sandoval y Guerra Melgar entregaron los arraigos familiares y laborales en regla de Ley, además, que el delito permite que en estos casos se pueda procesar a los incoados en libertad. Sin embargo, en el caso de Hernández Varela, abogado de profesión, y Ramírez, de 75 años de edad, deberán afrontar la justicia desde un centro penal. El ente investigador del Estado solicitó 24 semanas (seis meses) para profundizar en las indagaciones, las cuales fueron concedidas por la administradora de justicia. Esto alcanza también a los que quedaron bajo medidas.
Las otras medidas son presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, cancelar una caución económica de $ 3 mil, no salir del país, presentar antecedentes penales y judiciales para así poder recuperar la libertad y someterse a la justicia.
Según la solicitud de imposición de medidas, presentada el pasado domingo, se refiere a que hay siete hechos en los que se involucraba a los ya referidos, junto con Esmeralda Aravel Flores Acosta, José Nelson Acosta, Franklin Bladimir López Flores, Roberto Omar Álvarez Leiva, Wilber Javier Cáceres Benítez, María Cristina Flores de Cruz, a la orden del Juzgado Especializado de Sentencia A y que actualmente guardan detención en penales como Izalco, Apanteos y cárcel de mujeres.
La acusación señala que la víctima, bajo régimen de protección, declaró que José Nelson se aprovechó que la ofendida estaba embarazada y le ofreció llevársela a la casa de su supuesta sobrina, Esmeralda Flores, con el objetivo que luego le dieran al bebé en adopción. Sin embargo, al arribar a la residencia fue trasladada a una casa en Ahuachapán, en donde sufrió maltrato físico, verbal y psicológico hasta que dio a luz.
Le propusieron quedarse en la casa para que trabajara como empleada doméstica y así estuviese cerca de la niña, pero fue ella siempre sufrió ese tipo de maltrato. La recién nacida fue asentada en la alcaldía municipal de Ilobasco, Cabañas, por Esmeralda, quien fingió ser la verdadera madre. Por otro lado, ella forzó a casarse la víctima con “Emerson” y así poder sacar un seguro de vida, el cual planeaban cobrarlo una vez lo mataran, lo cual no ocurrió. Este sujeto era pareja sentimental de Esmeralda Aravel Flores.
Los imputados obligaron a la verdadera madre de la niña a prostituirse en el lugar llamado “Blue Birds” y el pago se le daba a la acusada. Asimismo, el abogado Edwin Enrique Hernández Varela, fingió ser el esposo de Esmeralda para así lograr el cobro de otro seguro de una señora que vivía en Santa Ana. El médico Arturo Armando Minero Sandoval, quien laboraba en el hospital ProFamilia, como ginecólogo y se daba a la tarea de alterar los plantares de los recién nacidos.
Por último, los acusados forzaron a una nueva víctima llamada “Mateo” a casarse con Eduardo Krhiona Gutiérrez, quien ya falleció, puesto que hubo una planificación previa para cobrar dos seguros de aproximadamente $30 mil cada uno. En este caso la procesada Edith Emelda Ramírez, de 75 años, se prestó para adquirir el dinero.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
