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Senado de México aprueba que Guardia Nacional esté bajo mando del Ejército
La mayoría oficialista en el Senado mexicano aprobó este miércoles que la Guardia Nacional quede integrada en la secretaría de la Defensa y ahora la reforma constitucional deberá ser discutida y votada por los congresos estatales.
La polémica propuesta, criticada incluso por organismos internacionales, fue avalada con 86 votos a favor del partido Morena y sus aliados y 42 en contra, informó el Legislativo.
Al ser una reforma constitucional, requería de dos tercios de los votos de los legisladores presentes. La semana pasada ya había sido avalada en la Cámara de Diputados.
La iniciativa ahora requiere el voto de al menos 17 de los 32 congresos de los estados que conforman México, la mayoría también controlados por el oficialismo.
Esta es una de las polémicas reformas constitucionales presentadas en febrero pasado por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien el 1 de octubre entregará la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum, también de Morena.
Los partidos opositores han señalado que esto implica la «militarización» de la seguridad pública, pues la Guardia Nacional es el principal cuerpo que se ocupa de esta tarea.
El martes, un comunicado de la ONU fechado en Ginebra subrayó la «preocupación» de expertos del organismo ante la reforma pues se «asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública» al Ejército.
«El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante», añadió el comunicado.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 por López Obrador para sustituir a la policía federal, y aunque está integrada mayoritariamente por militares, había estado bajo un mando civil en la secretaría de Seguridad.
Sheibaum ha respaldado la iniciativa y rechaza que se trate de una militarización pues ella, una civil, será la comandante de las Fuerzas Armadas.
En 2022, el oficialismo votó una ley secundaria para que este cuerpo pasara a la Defensa, pero la Suprema Corte la declaró inconstitucional.
Ante ello, López Obrador mandó esta propuesta de reforma constitucional, que pudo ser aprobada luego de que en las elecciones del pasado 1 de junio el oficialismo consiguió hacerse de dos tercios de los votos en el Congreso bicameral.
Los militares han ocupado un papel central desde que en 2006 el entonces presidente, el conservador Felipe Calderón, lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas.
López Obrador ha mantenido la estrategia militar, pero sin confrontar a los cárteles de las drogas.
La espiral de violencia de varios años ligada al crimen organizado deja más de 450.000 asesinatos y unos 100.000 desaparecidos en México, según cifras oficiales.
En su gobierno, López Obrador ha dejado en manos de militares distintas tareas, desde construir y gestionar aeropuertos hasta controlar puertos y aduanas.
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
