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Senado de México aprueba que Guardia Nacional esté bajo mando del Ejército
La mayoría oficialista en el Senado mexicano aprobó este miércoles que la Guardia Nacional quede integrada en la secretaría de la Defensa y ahora la reforma constitucional deberá ser discutida y votada por los congresos estatales.
La polémica propuesta, criticada incluso por organismos internacionales, fue avalada con 86 votos a favor del partido Morena y sus aliados y 42 en contra, informó el Legislativo.
Al ser una reforma constitucional, requería de dos tercios de los votos de los legisladores presentes. La semana pasada ya había sido avalada en la Cámara de Diputados.
La iniciativa ahora requiere el voto de al menos 17 de los 32 congresos de los estados que conforman México, la mayoría también controlados por el oficialismo.
Esta es una de las polémicas reformas constitucionales presentadas en febrero pasado por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien el 1 de octubre entregará la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum, también de Morena.
Los partidos opositores han señalado que esto implica la «militarización» de la seguridad pública, pues la Guardia Nacional es el principal cuerpo que se ocupa de esta tarea.
El martes, un comunicado de la ONU fechado en Ginebra subrayó la «preocupación» de expertos del organismo ante la reforma pues se «asignaría de forma permanente funciones de seguridad pública» al Ejército.
«El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante», añadió el comunicado.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 por López Obrador para sustituir a la policía federal, y aunque está integrada mayoritariamente por militares, había estado bajo un mando civil en la secretaría de Seguridad.
Sheibaum ha respaldado la iniciativa y rechaza que se trate de una militarización pues ella, una civil, será la comandante de las Fuerzas Armadas.
En 2022, el oficialismo votó una ley secundaria para que este cuerpo pasara a la Defensa, pero la Suprema Corte la declaró inconstitucional.
Ante ello, López Obrador mandó esta propuesta de reforma constitucional, que pudo ser aprobada luego de que en las elecciones del pasado 1 de junio el oficialismo consiguió hacerse de dos tercios de los votos en el Congreso bicameral.
Los militares han ocupado un papel central desde que en 2006 el entonces presidente, el conservador Felipe Calderón, lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas.
López Obrador ha mantenido la estrategia militar, pero sin confrontar a los cárteles de las drogas.
La espiral de violencia de varios años ligada al crimen organizado deja más de 450.000 asesinatos y unos 100.000 desaparecidos en México, según cifras oficiales.
En su gobierno, López Obrador ha dejado en manos de militares distintas tareas, desde construir y gestionar aeropuertos hasta controlar puertos y aduanas.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
