La destrucción de 35 escuelas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá dejó a más de 3,000 estudiantes sin sus espacios habituales para recibir clases. Los centros educativos afectados se encuentran principalmente en comunidades rurales y de difícil acceso, donde la recuperación de la enseñanza presencial enfrenta dificultades adicionales.

El Ministerio de Educación (Meduca) identificó una matrícula de 3,031 estudiantes en los 35 planteles colapsados, distribuidos en cinco regiones educativas, según el listado divulgado el 12 de octubre. Herrera concentra 20 de esas escuelas, lo que refleja el fuerte impacto del desastre sobre la infraestructura educativa de esa provincia.

Para mantener la continuidad escolar, las autoridades contemplan habilitar espacios alternativos en casas comunales, iglesias y estructuras temporales. La educación virtual presenta limitaciones en las comunidades con escasa conectividad o sin suficientes dispositivos, por lo que disponer de aulas provisionales resulta fundamental para atender a los alumnos.

Las inspecciones también han identificado cientos de centros educativos con distintos niveles de afectación. El balance divulgado el 13 de octubre situaba en más de 650 los planteles dañados, incluidos los destruidos, por lo que la dimensión de la emergencia supera las escuelas que quedaron completamente inutilizables.

La Fiscalía de Milán solicitó este 20 de octubre la pena de cadena perpetua (ergastolo) para el salvadoreño Pablo González Rivas, de 50 años, acusado del feminicidio de su compañera, la salvadoreña Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, de 40 años.

Según la acusación, González Rivas habría asfixiado a Nataly la noche del 24 al 25 de enero de 2025, en el apartamento que compartían en la piazza dei Daini, zona Bicocca, en Milán. Posteriormente habría colocado el cuerpo en una maleta deportiva y lo arrojó al río Adda, donde fue hallado en marzo de 2025 en Zelo Buon Persico.

La fiscal Alessia Menegazzo pidió el ergastolo por homicidio voluntario agravado y ocultamiento de cadáver ante la Corte de Asís de Milán.

El caso conmocionó a la comunidad salvadoreña en Italia. La víctima era originaria de El Salvador y trabajaba como niñera. Su pareja confesó el crimen alegando un «juego erótico» que terminó mal, versión que la autopsia y la fiscalía desmintieron.

La familia de Nataly, su tía y su prima, viajaron desde El Salvador para constituirse como parte civil y exigen justicia.

Se espera que el tribunal de Milán dicte sentencia en los próximos días.

Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en la operación de tráfico de migrantes que terminó con 53 muertos en San Antonio, Texas, en junio de 2022. La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el juez Orlando García.

Miranda Orozco admitió haber organizado el viaje y alojamiento de tres personas que terminaron en el camión: dos fallecieron y una sufrió lesiones graves. Fue detenido en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con el ingreso irregular de migrantes con resultado de muerte y lesiones.

La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque con migrantes fue abandonado en una carretera de San Antonio. Según las autoridades, el sistema de aire acondicionado falló durante el recorrido desde Laredo. Dentro del vehículo murieron 48 personas y otras cinco fallecieron después en hospitales. Los traficantes cobraban hasta 15,000 dólares por persona para realizar el traslado.

El proceso también ha derivado en condenas contra otros integrantes de la red. Felipe Orduna Torres, identificado por los fiscales como uno de sus líderes en Estados Unidos, recibió prisión perpetua, mientras Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años. Otros involucrados, incluido el conductor del camión, permanecían pendientes de sentencia, de acuerdo con los reportes consultados.