Internacionales
Maduro promete entregar actas de votación y dice que opositores deben estar «tras las rejas»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el miércoles entregar «el 100% de las actas» de los cuestionados comicios que resultaron en su reelección y aseguró que los líderes opositores que denuncian fraude «deben estar tras las rejas».
Los líderes opositores María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, aseguran que ganaron los comicios y denuncian una escalada de la represión que ha dejado desde el lunes al menos 12 muertos y decenas de heridos, así como más de mil detenidos según el gobierno.
El gobernante socialista fue reelecto con 51% de los votos frente a González Urrutia para un tercer mandato de seis años, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista.
«He dicho, como jefe político, hijo del comandante (Hugo) Chávez, que (la alianza) el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron», dijo Maduro a periodistas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso legal.
Por su lado, la opositora Machado denunció en la red social X «la escalada cruel y represiva del régimen», y aseguró que 16 personas murieron en protestas contra el gobierno en las últimas 48 horas.
Pero Maduro replicó acusándola a ella y a González Urrutia.
«Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite, no sea cobarde, señora Machado… Ustedes tienen las manos manchadas en sangre», dijo en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Machado y González deben estar «tras las rejas», afirmó.
Según un balance anterior, presentado el martes por cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos, las protestas que estallaron desde el lunes en Caracas y otras ciudades del país han dejado 11 civiles muertos, así como decenas heridos.
El fiscal general Tareck William Saab reportó también la muerte de un militar, así como 77 funcionarios heridos y 1.062 detenciones.
El CNE denunció que durante la jornada del domingo hubo un jaqueo a su sistema automatizado de votación. Maduro sostuvo que fue un «intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral».
Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que demuestran el supuesto fraude, y las publicó en un sitio web.
«Ellos son el daño de Venezuela, no están capacitados para tener el poder político, gobernar este país, y nunca, nunca jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo, jamás llegarán estos criminales», aseveró el mandatario en la rueda de prensa.
«La justicia demostrará el carácter criminal de González Urrutia», declaró. «Esa gente debe estar tras las rejas», insistió.
Presión internacional
La presión de la comunidad internacional para un recuento de votos y el fin de la represión no cesa.
«Nuestra paciencia, y la de la comunidad internacional, se está agotando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y publiquen todos los datos detallados de estas elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados», dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Más temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Maduro, había pedido un «escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional».
El G7 llamó también «a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia».
El Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios, señaló la noche del martes que las presidenciales no se adecuaron a «parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y no puede ser considerada como democrática».
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
