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Maduro promete entregar actas de votación y dice que opositores deben estar «tras las rejas»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el miércoles entregar «el 100% de las actas» de los cuestionados comicios que resultaron en su reelección y aseguró que los líderes opositores que denuncian fraude «deben estar tras las rejas».
Los líderes opositores María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, aseguran que ganaron los comicios y denuncian una escalada de la represión que ha dejado desde el lunes al menos 12 muertos y decenas de heridos, así como más de mil detenidos según el gobierno.
El gobernante socialista fue reelecto con 51% de los votos frente a González Urrutia para un tercer mandato de seis años, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista.
«He dicho, como jefe político, hijo del comandante (Hugo) Chávez, que (la alianza) el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron», dijo Maduro a periodistas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso legal.
Por su lado, la opositora Machado denunció en la red social X «la escalada cruel y represiva del régimen», y aseguró que 16 personas murieron en protestas contra el gobierno en las últimas 48 horas.
Pero Maduro replicó acusándola a ella y a González Urrutia.
«Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite, no sea cobarde, señora Machado… Ustedes tienen las manos manchadas en sangre», dijo en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Machado y González deben estar «tras las rejas», afirmó.
Según un balance anterior, presentado el martes por cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos, las protestas que estallaron desde el lunes en Caracas y otras ciudades del país han dejado 11 civiles muertos, así como decenas heridos.
El fiscal general Tareck William Saab reportó también la muerte de un militar, así como 77 funcionarios heridos y 1.062 detenciones.
El CNE denunció que durante la jornada del domingo hubo un jaqueo a su sistema automatizado de votación. Maduro sostuvo que fue un «intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral».
Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que demuestran el supuesto fraude, y las publicó en un sitio web.
«Ellos son el daño de Venezuela, no están capacitados para tener el poder político, gobernar este país, y nunca, nunca jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo, jamás llegarán estos criminales», aseveró el mandatario en la rueda de prensa.
«La justicia demostrará el carácter criminal de González Urrutia», declaró. «Esa gente debe estar tras las rejas», insistió.
Presión internacional
La presión de la comunidad internacional para un recuento de votos y el fin de la represión no cesa.
«Nuestra paciencia, y la de la comunidad internacional, se está agotando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y publiquen todos los datos detallados de estas elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados», dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Más temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Maduro, había pedido un «escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional».
El G7 llamó también «a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia».
El Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios, señaló la noche del martes que las presidenciales no se adecuaron a «parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y no puede ser considerada como democrática».
Desplazarse sin Google Maps, dejar de deslizar el dedo por Instagram, guardar los auriculares para escuchar el canto de los pájaros: durante un mes, un grupo de jóvenes estadounidenses cambió sus teléfonos inteligentes por sencillos aparatos de tapa y se embarcó en una desintoxicación digital.
«Estaba esperando el autobús y no sabía cuándo llegaría», recordó Jay West, de 29 años, quien participó en el desafío «Un mes offline», organizado por una pequeña startup con el apoyo de un grupo comunitario local.
Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y West —que trabaja como analista de datos para el sistema de metro de Washington— comentó que a menudo se encontró metiendo la mano en el bolsillo para buscar su teléfono móvil, pese a que no lo llevaba encima.
Pero finalmente resultó ser una experiencia liberadora, asegura.
«A veces me aburría, y eso está bien!», recordó una tarde reciente en una huerta comunitaria de la ciudad donde los participantes de la experiencia se reunieron para compartir las dificultades y las alegrías de desconectarse. «Está bien aburrirse», dijo West.
Sentada a su lado estaba Rachael Schultz, de 35 años, quien tuvo que pedir indicaciones a desconocidos que pasaban en bicicleta. También Lizzie Benjamin, de 25, que desempolvó viejos CD que su padre había grabado para poder escuchar música sin recurrir a Spotify.
Antes de la desintoxicación, a Bobby Loomis —trabajador del sector inmobiliario de 25 años— le costaba ver siquiera un episodio completo de una serie de televisión sin mirar su teléfono.
Vida social «enriquecedora»
Desde hace tiempo, los científicos vienen alertando que la adicción a los teléfonos móviles está asociada con una menor capacidad de atención, problemas de sueño y ansiedad.
En un fallo histórico de fines de marzo, un tribunal de California dictaminó que Instagram y YouTube son responsables de la naturaleza adictiva de sus plataformas.
Un número creciente de jóvenes estadounidenses está, por fin, tomando nota de ello.
Según una encuesta de YouGov realizada el año pasado, más de dos tercios de las personas de entre 18 y 29 años desearían reducir su tiempo de uso de pantallas.
Y existen nuevas herramientas disponibles para lograrlo: aplicaciones, dispositivos para bloquear el teléfono y grupos —como el de Washington— que promueven desintoxicaciones de un mes.
En los campus universitarios se han popularizado las dietas de redes sociales de varias semanas, y las reuniones sin pantallas entre amigos se han convertido en una tendencia en las grandes ciudades.
Prescindir del teléfono inteligente, aunque sea solo por un par de semanas, conduce a un «mayor bienestar y a una mejor capacidad para mantener la atención», afirmó Kostadin Kushlev, investigador de psicología en la Universidad de Georgetown.
Los estudios preliminares sugieren que esos efectos perduran en el tiempo, añadió.
Josh Morin, uno de los organizadores de los programas de desintoxicación en Washington, considera que simplemente dejar de usar el teléfono no es suficiente y que resulta vital ofrecer una alternativa atractiva.
Su programa incluye una sesión semanal de debate para los participantes, en un bar de karaoke situado en un barrio de moda de la capital estadounidense.
«Para romper realmente con ese hábito, es necesario ofrecer una vida social, comunitaria y enriquecedora», señaló Morin.
«El comienzo de algo importante»
«Un mes offline» fue lanzado hace un año por una empresa llamada Dumb.co.
Participar cuesta aproximadamente 100 dólares por persona, tarifa que cubre el préstamo de un celular viejo precargado con herramientas esenciales —llamadas telefónicas, mensajes de texto y la aplicación Uber- que se sincronizan con el teléfono inteligente del usuario.
Hasta la fecha, la «startup» ha avanzado a paso lento. Espera superar la marca de mil participantes en mayo.
Pero los expertos vislumbran una tendencia más amplia.
Graham Burnett, profesor de historia en la Universidad de Princeton, cree estar frente al «amanecer de un movimiento auténtico», similar al surgimiento de la ola ecologista en la década de 1960, que dio lugar a importantes leyes de protección medioambiental.
Kendall Schrohe, de 23 años y empleada en una organización de vigilancia de la privacidad digital, completó el programa mensual de desintoxicación en Washington en enero.
Ahora es capaz de orientarse por su barrio sin depender de Google Maps; además, eliminó su cuenta de Instagram y organizó su propio grupo de «sobriedad digital».
«Adopté una perspectiva optimista y siento que realmente estamos ante el comienzo de algo importante», comentó.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
