Internacionales
Maduro promete entregar actas de votación y dice que opositores deben estar «tras las rejas»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el miércoles entregar «el 100% de las actas» de los cuestionados comicios que resultaron en su reelección y aseguró que los líderes opositores que denuncian fraude «deben estar tras las rejas».
Los líderes opositores María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, aseguran que ganaron los comicios y denuncian una escalada de la represión que ha dejado desde el lunes al menos 12 muertos y decenas de heridos, así como más de mil detenidos según el gobierno.
El gobernante socialista fue reelecto con 51% de los votos frente a González Urrutia para un tercer mandato de seis años, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista.
«He dicho, como jefe político, hijo del comandante (Hugo) Chávez, que (la alianza) el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron», dijo Maduro a periodistas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso legal.
Por su lado, la opositora Machado denunció en la red social X «la escalada cruel y represiva del régimen», y aseguró que 16 personas murieron en protestas contra el gobierno en las últimas 48 horas.
Pero Maduro replicó acusándola a ella y a González Urrutia.
«Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite, no sea cobarde, señora Machado… Ustedes tienen las manos manchadas en sangre», dijo en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Machado y González deben estar «tras las rejas», afirmó.
Según un balance anterior, presentado el martes por cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos, las protestas que estallaron desde el lunes en Caracas y otras ciudades del país han dejado 11 civiles muertos, así como decenas heridos.
El fiscal general Tareck William Saab reportó también la muerte de un militar, así como 77 funcionarios heridos y 1.062 detenciones.
El CNE denunció que durante la jornada del domingo hubo un jaqueo a su sistema automatizado de votación. Maduro sostuvo que fue un «intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral».
Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que demuestran el supuesto fraude, y las publicó en un sitio web.
«Ellos son el daño de Venezuela, no están capacitados para tener el poder político, gobernar este país, y nunca, nunca jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo, jamás llegarán estos criminales», aseveró el mandatario en la rueda de prensa.
«La justicia demostrará el carácter criminal de González Urrutia», declaró. «Esa gente debe estar tras las rejas», insistió.
Presión internacional
La presión de la comunidad internacional para un recuento de votos y el fin de la represión no cesa.
«Nuestra paciencia, y la de la comunidad internacional, se está agotando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y publiquen todos los datos detallados de estas elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados», dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Más temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Maduro, había pedido un «escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional».
El G7 llamó también «a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia».
El Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios, señaló la noche del martes que las presidenciales no se adecuaron a «parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y no puede ser considerada como democrática».
Al menos seis personas fueron asesinadas y varias están gravemente heridas tras un ataque el jueves en una zona rural del suroeste de Colombia, sometida a la presión de grupos armados que se nutren del narcotráfico, informaron autoridades.
En medio de su peor crisis de violencia en la última década, Colombia sufre embates de guerrillas y otras organizaciones que aterrorizan a la población civil, especialmente en zonas remotas del país.
Hombres con armas de corto y largo alcance llegaron en dos camionetas a una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y abrieron fuego contra varias personas, dijo en una declaración a medios el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Acosta.
Los agresores ultiman a una persona que estaba fuera y a cinco más que estaban dentro de la finca, agregó.
En el departamento operan disidencias de la extinta guerrilla FARC y otras organizaciones ilegales.
Las autoridades aún no tienen pistas sobre los autores de la masacre, a la espera de que la policía pueda ingresar a la zona con el apoyo del ejército.
El ataque dejó además un número indeterminado de personas gravemente heridas, dijo en la red social X el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz.
Con esta son 36 las masacres registradas en el país en el transcurso del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una cifra récord desde la firma del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en 2022 con el objetivo de firmar acuerdos de paz con todos los grupos armados.
Pero a cuatro meses de dejar el poder, ningún proceso ha tenido avances significativos.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
