Internacionales
Maduro promete entregar actas de votación y dice que opositores deben estar «tras las rejas»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el miércoles entregar «el 100% de las actas» de los cuestionados comicios que resultaron en su reelección y aseguró que los líderes opositores que denuncian fraude «deben estar tras las rejas».
Los líderes opositores María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, aseguran que ganaron los comicios y denuncian una escalada de la represión que ha dejado desde el lunes al menos 12 muertos y decenas de heridos, así como más de mil detenidos según el gobierno.
El gobernante socialista fue reelecto con 51% de los votos frente a González Urrutia para un tercer mandato de seis años, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista.
«He dicho, como jefe político, hijo del comandante (Hugo) Chávez, que (la alianza) el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron», dijo Maduro a periodistas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso legal.
Por su lado, la opositora Machado denunció en la red social X «la escalada cruel y represiva del régimen», y aseguró que 16 personas murieron en protestas contra el gobierno en las últimas 48 horas.
Pero Maduro replicó acusándola a ella y a González Urrutia.
«Señor González Urrutia, dé la cara, salga de su escondite, no sea cobarde, señora Machado… Ustedes tienen las manos manchadas en sangre», dijo en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Machado y González deben estar «tras las rejas», afirmó.
Según un balance anterior, presentado el martes por cuatro organizaciones de defensa de los derechos humanos, las protestas que estallaron desde el lunes en Caracas y otras ciudades del país han dejado 11 civiles muertos, así como decenas heridos.
El fiscal general Tareck William Saab reportó también la muerte de un militar, así como 77 funcionarios heridos y 1.062 detenciones.
El CNE denunció que durante la jornada del domingo hubo un jaqueo a su sistema automatizado de votación. Maduro sostuvo que fue un «intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral».
Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que demuestran el supuesto fraude, y las publicó en un sitio web.
«Ellos son el daño de Venezuela, no están capacitados para tener el poder político, gobernar este país, y nunca, nunca jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo, jamás llegarán estos criminales», aseveró el mandatario en la rueda de prensa.
«La justicia demostrará el carácter criminal de González Urrutia», declaró. «Esa gente debe estar tras las rejas», insistió.
Presión internacional
La presión de la comunidad internacional para un recuento de votos y el fin de la represión no cesa.
«Nuestra paciencia, y la de la comunidad internacional, se está agotando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y publiquen todos los datos detallados de estas elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados», dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Más temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Maduro, había pedido un «escrutinio transparente, con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional».
El G7 llamó también «a las autoridades competentes a que publiquen resultados electorales detallados con total transparencia».
El Centro Carter, invitado por el CNE para observar los comicios, señaló la noche del martes que las presidenciales no se adecuaron a «parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, y no puede ser considerada como democrática».
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
