Internacionales
La contaminación por incendios forestales afecta ante todo a los más pobres
La población de los países más pobres sufre desproporcionadamente la contaminación del aire provocada por los incendios forestales y en campos en todo el mundo, según una investigación publicada el miércoles.
Los incendios de bosques, pastos y tierras agrícolas, ya sean planificados o no controlados, generan humo que puede viajar miles de kilómetros, con un impacto apreciable en la salud pública, incluido un aumento de la mortalidad y el empeoramiento de enfermedades relacionadas con el corazón y los pulmones.
La contaminación del aire causó unos 4,5 millones de muertes en 2019, según un estudio publicado en Lancet Planetary Health el año pasado.
En un nuevo estudio publicado en la revista Nature, los investigadores calcularon las cantidades diarias globales de partículas finas (conocidas como PM2,5) y las concentraciones de ozono superficial emitidas por los incendios no urbanos entre 2000 y 2019.
La contaminación atmosférica anual provocada por los incendios en bosques y campos en los países de bajos ingresos es aproximadamente cuatro veces mayor que en las naciones ricas.
África central, el Sudeste asiático, Sudamérica y Siberia experimentaron los niveles más altos.
Esa contaminación «podría ser peor en el futuro» a causa del cambio climático, según Shandy Li, profesora asociada de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, coautora del estudio.
Unos 2,180 millones de personas al año en promedio estuvieron expuestas a al menos un día de contaminación atmosférica «sustancial» proveniente de focos de incendio en bosques y campos entre 2010 y 2019, un aumento de casi el 7% con respecto a la década anterior.
Eso incluye niveles promedio diarios de PM2,5 por encima de las pautas de la OMS (de 2021) de 15 microgramos por m3 de aire, allá donde la contaminación proveniente de focos de incendio representa al menos la mitad del total.
África tuvo el promedio más alto de días de exposición a una contaminación atmosférica «sustancial» por persona cada año, con 32,5, seguida de Sudamérica con 23,1.
Por el contrario, los europeos estuvieron expuestos a alrededor de un día de contaminación sustancial por año en promedio durante la década.
Los cinco países con el mayor promedio anual de días de exposición por persona a una importante contaminación provocada por incendios son todos africanos: Angola, República Democrática del Congo, Zambia, Congo-Brazzaville y Gabón.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la coordinación entre las autoridades para combatir al crimen organizado, luego de la masiva operación policial realizada el martes en las favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó 130 muertos.
“No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades”, escribió Lula en la red social X.
El mandatario enfatizó la importancia de trabajar de manera coordinada para atacar la “espina dorsal” del crimen sin poner en riesgo a policías y civiles. Asimismo, recordó la reforma de la ley de seguridad presentada por su Gobierno, que busca la actuación conjunta de todas las fuerzas policiales.
La operación tenía como objetivo capturar a los principales cabecillas del Comando Vermelho, considerada una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Río de Janeiro.
El paso del huracán Melissa por Jamaica ha causado estragos, dejando miles de viviendas sin techo y carreteras intransitables, además de afectar el suministro eléctrico de aproximadamente 500 mil hogares.
Hugh Grant, presidente y director ejecutivo de la Jamaica Public Service (JPS), informó que los municipios más afectados son Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James, donde cerca del 75 % de los clientes permanecen sin electricidad.
El jefe de la Policía, Kevin Blake, indicó que varios sectores quedaron inundados y muchas calles bloqueadas tras la caída de árboles y postes eléctricos a causa de los fuertes vientos.
Hasta el momento, las autoridades reportan más de 40 personas fallecidas en distintos países del Caribe como consecuencia del fenómeno meteorológico.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
