Internacionales
La CIDH desestima demanda del GOES en contra la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, desestimó la denuncia que dijo el presidente Nayib Bukele presentaría ante el tribunal de la OEA, en contra de la Sala de lo Constitucional y de la Asamblea Legislativa, por presuntamente «violar el derecho a la vida y salud de los salvadoreños».
Hernández García señaló que en el caso de El Salvador es evidente la controversia que ha generado el Ejecutivo contra los órganos Judicial y Legislativo, que tienen que ser resueltos a través de los medios constitucionales que tiene el país, y a la vez celebró que en El Salvador las instituciones puedan ejercer sus funciones de manera democrática.
“La comisión no tiene competencia para resolver las controversias entre dos o más órganos de Estado, de hecho, ningún organismo internacional o algún tribunal internacional entraría a conocer de esas controversias entre órganos del Estado”, dijo Hernández, al responder a una de las preguntas de los participantes en el foro “Salvadoreños varados en el exterior en el contexto del COVID 19”.
«La respuesta es sencilla. La competencia de la Comisión es respecto de presuntas violaciones que un agente del Estado cometa en contra de las personas. Esa es la competencia personal y material de la comisión», afirmó el comisionado.
Hernández García añadió que «solamente los países con institucionalidad democrática fuerte en donde existan pesos y contrapesos van a poder salir avante de todos los retos que representa la pandemia. Eso creo que es una de las primeras lecciones de la pandemia», señaló.
El presidente Bukele anunció ayer que denunciaría a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa ante el organismo internacional con sede en Washington por no haber aprobado un decreto ejecutivo para extender la emergencia. Cuando la Asamblea aprobó una Ley para tal fin, Bukele adelantó que la vetaría, pese a no haberla leído.
«Ellos (los magistrados y diputados) están violando el derecho más sagrado de todos que es el derecho a la vida, y están violando el derecho a la salud, por lo tanto vamos a poner una denuncia por violación a la vida y salud del pueblo salvadoreño», anunció el jefe de Estado.
La Sala de lo Constitucional aceptó el lunes de esta semana una demanda en contra del Decreto Ejecutivo número 18 que extiende la Emergencia Nacional y decretó medidas cautelares, considerando que el Ejecutivo podría haber usurpado funciones del Legislativo, ya que es a este último órgano de Estado al que compete decretar las emergencias.
Por su parte, el director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró que la denuncia de Bukele «era un disparate», y que no era competencia de la CIDH dirimir ese tipo de situaciones.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
