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Justicia guatemalteca abre el arbitraje por el caso Continental Towers y apunta a TPG Peppertree
Un juez penal de Guatemala ordenó el levantamiento de la confidencialidad en el arbitraje internacional que enfrenta a la empresa regional de telecomunicaciones Continental Towers y a la firma estadounidense TPG Peppertree, un litigio millonario que se desarrolla en Nueva York y que ha derivado en procesos penales en El Salvador, Guatemala y Perú.
La resolución, calificada como un punto de inflexión en la controversia, permite por primera vez que representantes de Continental Towers presenten públicamente su defensa y establezcan vínculos entre el arbitraje y las órdenes de captura emitidas en El Salvador contra altos ejecutivos de TPG Peppertree, acusados de fraude y extorsión.
Un fallo con implicaciones de soberanía judicial
La decisión del juez guatemalteco sostiene que ningún tribunal extranjero puede interferir o tener jurisdicción sobre procesos penales locales, reforzando así el principio de autonomía judicial frente a decisiones provenientes de cortes o arbitrajes internacionales.
Según el fallo, el arbitraje en Nueva York —impulsado por TPG Peppertree para forzar la compra de Continental Towers— no puede ser utilizado como herramienta de presión ni como excusa para obstaculizar investigaciones penales en curso en Centroamérica.
Contexto: capturas y procesos en El Salvador
La resolución coincide con la reciente orden emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que giró capturas internacionales contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, además de dos ciudadanos guatemaltecos.
Los acusados enfrentan cargos por fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de empresas vinculadas a Continental Towers y Terra Towers.
La Interpol ya fue notificada para proceder a su localización y captura fuera del país.
Guatemala defiende su jurisdicción penal
El juez guatemalteco enfatizó que las decisiones arbitrales extranjeras no pueden imponerse sobre las leyes nacionales. En su sentencia, explicó que la confidencialidad de los arbitrajes no es absoluta cuando el proceso puede servir para encubrir hechos de relevancia pública o posibles delitos.
Asimismo, el tribunal designó un interventor judicial para proteger los activos de Continental Towers en Guatemala mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público de Guatemala respaldó la medida y advirtió que cualquier intento de usar un arbitraje internacional para influir en causas penales nacionales podría constituir obstrucción de la justicia.
Irregularidades en el arbitraje de Nueva York
Tras levantarse la reserva, Continental Towers publicó en su sitio oficial (interventoriacontinentaltowers.com) una serie de denuncias sobre irregularidades éticas y procesales dentro del arbitraje celebrado en Estados Unidos.
Entre ellas destacan:
- Violación de la confidencialidad por parte del árbitro presidente, Marc Goldstein, quien habría divulgado fragmentos del caso en su blog personal.
- Manipulación de testimonios, señalando que Goldstein habría intervenido para modificar declaraciones de testigos.
- Filtraciones intencionadas por parte de TPG Peppertree, que habría utilizado documentos del arbitraje en procesos judiciales en El Salvador, Perú y Guatemala.
- Acceso indebido a información interna, reconocido por testigos durante las audiencias.
Continental Towers acusa a sus contrapartes de haber empleado el laudo arbitral como instrumento de coacción y extorsión, intentando influir en procesos judiciales latinoamericanos a través de decisiones privadas extranjeras.
Impacto regional y precedente jurídico
El caso Continental Towers vs. TPG Peppertree simboliza la creciente tensión entre los arbitrajes internacionales de inversión y la autonomía judicial de los Estados latinoamericanos.
Fuentes jurídicas sostienen que el fallo guatemalteco sienta un precedente al reafirmar que los laudos arbitrales no pueden estar por encima del derecho penal soberano.
“La resolución reafirma la capacidad de los Estados para proteger sus sistemas judiciales frente a injerencias externas disfrazadas de disputas comerciales”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades aseguran que la cooperación judicial regional será esencial para esclarecer responsabilidades y garantizar que los delitos financieros transnacionales no queden impunes.
Miembros de Barrio 18, considerada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala, asesinaron a los uniformados en una serie de ataques el pasado 18 de enero en represalia por la toma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró en ese entonces el «estado de sitio» por un mes tras la violencia provocada por los pandilleros que presionaban para obtener más comodidades en las prisiones o ser trasladados a otras de menor seguridad.
En un mensaje en X acompañado con fotografías, Arévalo informó del aislamiento de Aldo Dupie, alias «El Lobo», uno de los cabecillas de Barrio 18 que lideraron los motines.
El jefe pandillero fue mostrado en una pequeña celda con pequeñas ventanas construida con contenedores metálicos en una zona del penal Renovación I, en el sur del país, el centro donde encabezó el amotinamiento con toma de rehenes.
Con el semblante serio y la cabeza rapada, el líder pandillero permanece solo y con grilletes en las manos, según las imágenes.
El Sistema Penitenciario agregó que la «nueva área», resguardada con vallas metálicas y alambre de púas donde estará Dupie, albergará a presos de «alta peligrosidad» que estarán «sin privilegios» ni electricidad.
«En el caso de ‘El Lobo’, quedará aislado en una celda, solo, y sin acceso a ningún lujo», añadió la agencia estatal de noticias AGN.
Arévalo sostiene que la violencia desatada por la pandilla es un plan de una alianza entre políticos opositores y criminales para desestabilizar a su gobierno en un año clave en la renovación de funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de la Fiscalía.
El presidente argentino, Javier Milei, participará el 19 de febrero en Washington de la reunión inaugural de la «Junta de Paz» que impulsa su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo el jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Milei «ha sido convocado a participar de la reunión inaugural del ‘Board of Peace’ el 19 de febrero en la ciudad de Washington», dijo el ministro coordinador.
La iniciativa de Trump fue presentada para contribuir a la pacificación en Gaza y la reconstrucción del territorio palestino, aunque también busca abordar otros conflictos.
Según el plan del presidente estadounidense un Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) debe administrar provisionalmente el territorio palestino bajo la dirección de la «Junta de Paz», presidida por el propio Trump.
Debido a esta convocatoria «y en virtud de la cercanía de fechas», Milei resolvió cancelar el viaje que tenía pautado para el lunes a Estados Unidos para asistir a un gala de una organización en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, explicó Adorni a través de sus redes sociales.
En su representación viajará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. «El presidente hará su intervención de manera virtual», señaló Adorni.
Milei tenía pautado el martes brindar un discurso en un evento del Consejo de las Américas.
El presitente argentino volverá a Estados Unidos el 8 de marzo para participar de la feria de inversiones ‘Argentina Week’, según la agenda de gobierno.
António José Seguro, un socialista de centro, es el gran favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal, en las que se enfrenta a André Ventura, líder de un partido de extrema derecha, que se convirtió en la segunda fuerza política del país.
