Internacionales
Gobierno de Guatemala pondrá fin a la CICIG al terminar su plazo en septiembre próximo
Guatemala pondrá fin de manera unilateral en 24 horas a la Cicig, la comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno, anunció el lunes la canciller Sandra Jovel tras reunirse con el jefe de la ONU, Antonio Guterres. Por su parte, Guterres dijo que la entidad seguirá trabajando en Guatemala hasta que se venza el plazo, en septiembre de este año.
Los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que acusa al presidente Jimmy Morales de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015, deberán abandonar inmediatamente el país, dijo Jovel a periodistas en la ONU.
«Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado», dijo la canciller.
Una decisión «inaudita»
Jovel se quejó vigorosamente de la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, «trabajando desde fuera, cosa que es inaudita», aunque el gobierno de Morales no lo deja entrar a Guatemala desde septiembre pasado.
Guterres «sacrificó a la comisión por una persona», aseguró, y agregó que «los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión» y «tendrán que salir de territorio guatemalteco».
La Cicig es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno guatemalteco y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y la ONU en 2007. El mandato de la Cicig debía expirar en septiembre próximo.
Jovel estimó asimismo que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, «se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior».
¿Demasiadas investigaciones?
«Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años (y) tres meses no logró realizar», dijo Jovel.
La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación.
Morales, que llegó al poder prometiendo luchar contra la corrupción y defendiendo la Cicig, ha sido hostil con el trabajo de la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.
«La comisión (…) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo», le defendió Jovel.
«La comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos», denunció.
La situación empeoró en agosto de 2017 cuando la Cicig y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Dos veces la Cicig pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción.
La canciller aseguró no obstante que los procesos judiciales abiertos debido a investigaciones de la Cicig proseguirán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.
El pasado fin de semana, el gobierno de Morales intentó impedir el ingreso del investigador colombiano de la Cicig Yinel Osorio, retenido en el aeropuerto durante 25 horas, hasta que la CC emitió una orden que le permitió ingresar al país.
Durante la Asamblea General de la ONU, en septiembre pasado, Morales afirmó que la Cicig es «una amenaza» para la paz en Guatemala.
Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, aseguró el lunes que la Comisión de lucha anticorrupción de la ONU en Guatemala, la Cicig, seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre, pese a la decisión unilateral de Guatemala de ponerle fin.
«El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo», dijo Guterres en un comunicado difundido por su portavoz.
El saliente mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, formará parte del gabinete de su sucesora Laura Fernández en un puesto con amplios poderes que además le garantizará inmunidad frente a eventuales procesos legales.
Chaves, quien entregará el mando a Fernández el próximo viernes, fue designado este martes ministro de la presidencia, encargado de las relaciones con los demás poderes del Estado, con los cuales el actual gobernante mantiene un duro enfrentamiento.
También tendrá a su cargo la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), señalada en el pasado por opositores de supuesto espionaje político, lo que ha sido rechazado por el gobierno.
Fernández ya había adelantado que le ofrecería el puesto a su mentor, de quien también fue ministra, lo que críticos del gobierno ven como una maniobra del presidente para mantener su influencia.
Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.
«Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía», advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.
«La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos», cuya «presencia maligna disminuirá», agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.
Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.
La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles inéditos desde 2022.
Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.
El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con Irán, impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Y el lunes lanzó la llamada operación «Proyecto Libertad» para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho.
Según varias empresas especializadas, más de 900 buques estaban en el Golfo a finales de abril, con cerca de 20,000 marinos.
En las últimas horas Irán replicó a la operación de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra barcos militares estadounidenses en la zona, que fueron interceptados, según el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom).
Corea del Sur informó de una «explosión» seguida de un incendio en un buque surcoreano en el estrecho.
Pese a los desmentidos iraníes, el Centcom asegura que dos buques mercantes con pabellón estadounidense, escoltados por el ejército, cruzaron «con éxito» el estrecho de Ormuz el lunes. «Marcha muy bien», se felicitó el presidente Donald Trump.
El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos, que transportaba vehículos y estaba bloqueado en la zona desde febrero, pudo atravesar el estrecho el lunes «acompañado de medios militares estadounidenses».
Las fuerzas estadounidenses también afirmaron haber destruido seis embarcaciones iraníes «que amenazaban la navegación comercial».
Irán negó cualquier daño en sus buques y acusó a Estados Unidos de haber matado a cinco civiles al atacar dos barcos que partieron de Omán rumbo a la costa iraní.
Internacionales
Ex niños soldado aprenden oficios para rehacer sus vidas en República Centroafricana
En un aula en Bria, en la República Centroafricana, ex niños soldado aprenden a coser. Una forma de ayudar a adolescentes de entre 14 y 17 años a superar la violencia que sufrieron a manos de los numerosos grupos armados del país.
«No es fácil enseñarles. Algunos todavía llevan esa violencia dentro. Otros siguen muy estresados», relata Christophe Yonaba, profesor de la organización benéfica Esperance en esta zona del este de la República Centroafricana.
«A veces se quedan sentados en silencio», cuenta sobre sus aprendices de sastre.
«De repente se inquietan, como si se bloquearan por dentro», añade.
El este de la República Centroafricana, cuyo subsuelo es rico en diamantes, se ha visto desgarrado por años de conflicto armado.
«Todos estos adolescentes fueron, en algún momento, capturados por grupos armados», afirma Yonaba, de 53 años.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alrededor de 2,000 jóvenes centroafricanos siguen en manos de estas fuerzas combatientes.
En el punto álgido de la guerra civil que se prolongó de 2013 a 2018, unos 20 grupos operaban en el este. La cifra descendió ahora a 14 gracias a los acuerdos de paz y los programas de desarme.
Pero los grupos armados continúan controlando ciertas zonas del este, especialmente en la frontera con Sudán y Sudán del Sur.
Desde finales del año pasado los combates entre el ejército y los rebeldes se intensificaron en la región.
El conflicto desplazó a decenas de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños, dentro del país y hacia la vecina República Democrática del Congo.
Trauma del pasado
Awa —la AFP cambió los nombres de todos los menores en esta historia— tenía 14 años cuando fue secuestrada por la Unidad por la Paz en la República Centroafricana (UPC), uno de los mayores grupos rebeldes.
Estuvo retenida durante unos tres meses.
Sentada en la parte delantera de la clase de Yonaba, donde las máquinas de coser sustituyen a los pupitres tradicionales, evita hablar del pasado y prefiere centrarse en el presente.
«Hoy me siento bien. Me gusta lo que hago aquí. Hay otros niños que tuvieron experiencias similares a la mía. Nos ayudamos mutuamente con el trabajo», describe la joven.
También afirma estar contenta de vivir ahora «una especie de vida normal».
Amadou, de 16 años fue formado como panadero por la ONG y ahora hace pan y rosquillas cada mañana en un horno tradicional en su aldea. Pasó un año y medio en las filas de la UPC.
«No nos pedían que usáramos armas, pero estábamos allí, como sirvientes. Hacíamos todas las tareas ingratas y no descansábamos. Nos hablaban de manera grosera y dura», comenta, luchando con los dolorosos recuerdos que reaparecen.
Rachelle, que está aprendiendo sobre ganadería con Esperance, cuenta que fue utilizada como esclava sexual cuando tenía 14 años. La experiencia duró un año.
«Me obligaron a hacer cosas y tuve que hacerlo, de lo contrario habría habido consecuencias», confiesa con valentía pero negándose a decir más.
Pero los recuerdos la atormentan. Se pregunta por su madre, secuestrada al mismo tiempo que ella y de la que no volvió a saber nada desde entonces.
Esperance, financiada en parte por UNICEF, ayudó a 52 jóvenes a encontrar una vocación y un empleo el año pasado. Ofrece apoyo psicológico además de formación.
Los recientes programas de desarme contribuyen a un aumento de la demanda de sus servicios.
«Antes recibíamos una llamada al mes. Ahora es cada semana», relata Karl Malone, encargado de identificar nuevos casos de niños soldados en la región de Bria.
«Este año recibimos financiación suficiente para ayudar a 100 niños. Pero hay al menos 117 que necesitan ayuda. Y no podemos atenderlos», lamenta.
Como otras organizaciones de ayuda, Esperance se ve afectada por la disminución de la financiación internacional, especialmente de USAID, la agencia estadounidense de desarrollo, desmantelada por el presidente Donald Trump poco después de regresar al poder.
