Internacionales
Estudiante de 16 años mató a una porrista de 17 embarazada de seis meses porque no se lo dijo a tiempo para un aborto
Un estudiante de 16 años de una escuela secundaria de Indiana le dijo a la policía que él asesinó a puñaladas a una compañera de escuela de 17 años porque ella estaba embarazada de su hijo y no se lo dijo a tiempo para hacerse un aborto.
Aaron Trejo, jugador del equipo de fútbol americano de Mishawaka High School, enfrenta cargos de homicidio y será juzgado como adulto en el mismo poblado de Mishawaka, 130 kilómetros al este de Chicago.
El cadáver de Breana Rouhselang, embarazada de seis meses, apareció el domingo en un tanque de basura al fondo del restaurante Pasquale Rulli’s. De acuerdo con la policía, el restaurante no tiene ningún vínculo con el crimen y fue sólo el sitio de conveniencia donde el asesino pudo deshacerse del cadáver.
Breana murió a consecuencia de múltiples heridas de cuchillo, indica la autopsia, y su bufanda estaba lo suficientemente ajustada al cuello como para asfixiarla, de acuerdo con el reporte policial que cita el Canal 7 de la cadena ABC en Indiana.
Trejo le dijo a la policía que llevaba una semana preparándose para matarla, que lo había pensado todo, y que por eso llevó el cuchillo cuando fue a encontrarse con ella para hablar del embarazo.
El estado de Indiana prohíbe el aborto después de cumplida la vigésima semana de gestación.
El crimen ocurrió al final de una discusión entre ambos, según las confesiones del acusado citadas por la policía. En su reporte del caso, parcialmente reproducido por el Canal 16 local WNDU, el investigador Gerry Mullins escribe que inicialmente Trejo negó haberla matado, y que el interrogatorio continuó como sigue:
«Tras un breve receso, yo, el detective Mullins, empecé a hacerle preguntas a Aaron y lo confronté con el hecho de que la evidencia física no iba a respaldar su historia y que sospechaba que sabía más de lo que estaba diciendo».
«Hubo varias pausas, hasta que le pregunté si la discusión había sido por el embarazo. Aaron Trejo dijo en voz baja: ‘Sí’. Luego explicó que Breana había esperado demasiado para contarle del embarazo y ya no podía abortar. Le pregunté a Aaron qué había hecho él entonces, y respondió: ‘Tomé medidas … le quité la vida».
«Aaron explicó que había apuñalado a Breana en el corazón con un cuchillo que trajo de casa», sigue diciendo el informe policial citado por WNDU. «Eligió usar un cuchillo porque pensó que mataría a Breana rápidamente. Aaron dijo que puso sobre Breana la bolsa de plástico negro que había traído de su casa con ese fin».
Y continúa: «Aaron Trejo dijo que había estado planeando y pensando en matar a Breana y al bebé durante aproximadamente una semana, y que no se lo había dicho a nadie. Aaron Trejo dijo que después de poner el cuerpo de Breana en el basurero, fue hasta el río y arrojó el teléfono de Breana y su cuchillo tan lejos como pudo».
Los estudiantes de Mishawaka High School hicieron el lunes una vigilia en memoria de Breana. «Ella no se merecía esto», le dijo uno de ellos, Alexis Humphries, al noticiero 57 News local de la cadena ABC.
El superintendente escolar de Mishawaka, Dean Speicher, le dijo a South Bend Tribune que Breana y Trejo estudiaban juntos desde la escuela primaria, pero no supo decir si mantenían una relación sentimental. En sus cuentas de Facebook, él aparecía como soltero, y ella no había llenado esa parte.
El padre de la víctima, Dave Rouhselang, abrió con su actual esposa, Nicole, una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos que les permitan costear los funerales.
VÍA INFOBAE
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
