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Esta es la razón por la que la familia de Alan García rechazó el funeral de Estado con honores
Militantes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana velaban este jueves los restos del ex presidente peruano Alan García, quien acabó con su vida de un disparo en la cabeza cuando la policía se disponía a detenerlo en su residencia en el marco de una investigación por lavado de activos ligada al caso Odebrecht.
El secretario personal de García, Ricardo Pinedo, dijo a periodistas que el dos veces ex presidente peruano será enterrado el viernes en un cementerio de la capital.
Cientos de militantes de diversas partes del país llegaban hasta el local del partido Apra para despedir al político, donde también estuvieron sus hijos, la ex primera dama Pilar Nores y quien fuera su pareja Roxanne Cheesman.
El gobierno de Perú declaró tres días de luto después de la trágica muerte del expresidente Alan García. El comunicado indica que las banderas en instituciones del Gobierno se izarán a media asta y aclaran que el ex presidente García podría recibir un funeral de Estado. Su familia decidió realizar una ceremonia privada en la sede del partido Aprista en Lima.
“La familia ha decidido rechazar los honores que, como expresidente, le correspondían a Alan García. Solo será velado y enterrado con honores apristas”, dijo Ricardo Pinedo, quien fuera secretario general de García.
La información también había sido dada a conocer por el congresista Jorge del Castillo, quien había anunciado que la familia había decidido que el velatorio “sea un tema partidario”.
“Corresponde que el Estado declare duelo nacional. En cuanto al protocolo, la familia ha indicado que prefiere que sea un tema partidario, privado, de la gente amiga. La familia ha tomado la decisión y la hemos respetado”, señaló.
El legislador Mauricio Mulder declaró que “hoy las exequias, que tendrán lugar en el local del partido a partir de las 5 de la tarde, serán la demostración de que el Apra nunca muere”.
García murió la víspera en un hospital horas después de dispararse en la cabeza con un revólver Colt, una de las nueve armas que guardaba en su dormitorio. El ministro del Interior Carlos Morán comentó que cuando el equipo fiscal ingresó con la policía al primer piso de la mansión del ex presidente para arrestarlo, García -que se encontraba en el segundo piso- indicó que iba a hacer una llamada a su abogado y se encerró en su dormitorio para después dispararse.
Es el primer caso de un expresidente de Latinoamérica que se quita la vida mientras es investigado por el caso Odebrecht. La próxima semana los fiscales que investigan a la élite política peruana entrevistarán en Brasil a Jorge Barata, el ex gerente en Perú de la constructora, quien deberá responder preguntas sobre el ex mandatario.
De acuerdo con la fiscalía el ex presidente habría recibido unos 100.000 dólares de Odebrecht maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García dio en 2012.
A fines de 2018 el ex presidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política. Pero el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez rechazó su petición y desde entonces García vivió vigilado por la policía porque tenía prohibido salir del país por 18 meses.
García, de 69 años, gobernó Perú en dos oportunidades, la primera de ellas de 1985 a 1990, cuando dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Volvió al poder en el periodo 2006-2011.
Todos los presidentes de Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso junto a su mujer entre 2017 y 2018. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) enfrenta un pedido de prisión domiciliaria tras estar detenido desde el viernes último.
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Los ministros de Defensa y Medio Ambiente de Ghana mueren en un accidente de helicóptero
El titular de Defensa, Edward Omane Boamah, y el de Medio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed, figuran entre las víctimas del accidente, ocurrido en el sur del país, precisó Julius Debrah, jefe del gabinete del presidente John Mahama.
«El presidente y el gobierno presentan sus condolencias y su solidaridad a las familias de nuestras camaradas y militares caídos durante su servicio por la Nación», declaró Julius Debrah.
Entre las víctimas figuran también Alhaji Muniru Muhammad, coordinador adjunto de la seguridad nacional y ex ministro de Agricultura, y Samuel Sarpong, vicepresidente del partido Congreso Nacional democrático (NDC) del presidente Mahama.
La aviación de Ghana señaló temprano el miércoles que un helicóptero militar despareció de los radares poco después de su despegue de Accra, en dirección a Obuasi, al noroeste de la capital.
Varias personas resultaron heridas este miércoles en una base militar del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, donde hay un «tirador activo», anunciaron las autoridades.
«Fort Stewart está en estado de confinamiento debido a un incidente con un tirador activo», escribió el ejército en las redes sociales.
«Hay heridos y el incidente continúa», añadió, y precisó que «la instalación fue confinada».
En una alerta previa, las autoridades de la base militar instalaron a quienes se encontraban en el interior a extremar las precauciones, «permanecer dentro y cerrar todas las puertas y ventanas».
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EE.UU. apoya la reforma constitucional en El Salvador y rechaza comparaciones con dictaduras
El Gobierno de EE.UU. expresó este martes su respaldo a la reforma constitucional de El Salvador, que avala la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Nayib Bukele para optar a un tercer mandato, y rechazó que se compare al país centroamericano con una dictadura.
«La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país», declaró un portavoz del Departamento de Estado a EFE.
«Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región», agregó.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó el pasado viernes una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, que amplía el periodo presidencial a seis años -cuando era de cinco- y elimina la segunda vuelta electoral.
Esta reforma ofrece a Bukele, ampliamente popular por su lucha contra las pandillas, la posibilidad de postularse para un tercer mandato consecutivo, aunque hasta el momento no ha anunciado oficialmente su intención de hacerlo.
La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han criticado la reforma al considerar que erosiona la democracia del país para perpetuar a Bukele en el poder, comparando la situación con la de Nicaragua y Venezuela.
Mientras que Bukele defendió el domingo la reforma al subrayar que la mayoría de países desarrollados permiten la reelección indefinida de sus jefes de gobierno, entre los que citó al Reino Unido, España o Dinamarca.
Además, el Gobierno de Bukele está entre los principales aliados de la Administración de Donald Trump en América Latina, con quien acordó el envío de migrantes irregulares a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, señalada por violaciones a los derechos humanos.
