Internacionales
Arrestan a siete personas tras violento incidente en hospital de Costa Rica
Al menos siete personas fueron detenidas en las últimas horas por la Fuerza Pública de Costa Rica, luego de que presuntamente participaran en un violento incidente este miércoles en el hospital San Vicente de Paul, de Heredia.
Las personas irrumpieron en grupo en el centro asistencial donde, incluso, agredieron a personal y a una funcionaria policial, según informó este jueves en un comunicado el Ministerio de Seguridad.
Todos los detenidos fueron identificados únicamente por sus apellidos y entre ellos se destaca, según las autoridades— un hombre que fue arrestado este jueves en las cercanías de los tribunales de Justicia en el centro de Heredia y que «era buscado por presuntamente dirigir las acciones» del grupo que irrumpió el miércoles en el hospital.
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente el detenido escupió en la cara a la directora regional de la Fuerza Pública de Heredia, Katia Chavarría.
«Además, el sujeto habría emitido amenazas en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por medio de sus redes sociales», explicó el Ministerio de Seguridad, aunque no dio más detalles.
Aunque en el comunicado no lo menciona, medios locales indican que el detenido es el líder del movimiento que se opone a las vacunaciones contra el covid-19 en Costa Rica y esa postura habría incidido en los incidentes registrados el miércoles en el hospital.
Según el ministerio de Seguridad, la detención del hombre se dio luego de que un juez emitiera una orden de captura, mientras que los otros seis fueron arrestados el miércoles tras el incidente en el hospital.
«Ahora serán los jueces quienes determinen el proceder de estas personas», se indicó en el comunicado.
El Ministerio Público de Costa Rica dijo este jueves a CNN que «a los siete detenidos se les investiga por los presuntos delitos de motín, resistencia agravada y amenaza a funcionario público. Sin embargo, conforme avance el proceso de investigación, los tipos penales podrían variar».
«En este momento se está a la espera de que tanto el Tribunal de Flagrancia como el Juzgado Penal programen las respectivas audiencias de solicitud de medidas cautelares», agregó el Ministerio Público.
CNN trabaja para averiguar si los detenidos cuentan con representación legal.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) informó este miércoles que presentará denuncias contra los presuntos involucrados en el incidente, quienes —según un comunicado de la entidad— golpearon a funcionarios del hospital y obligaron a la suspensión temporal de la consulta externa y otros servicios.
Aunque el comunicado de CCSS no lo explica directamente, medios de comunicación reportaron que el incidente empezó luego de que los padres de un menor internado en el hospital —y quienes se oponen a la vacunación contra el covid-19— llegaron para intentar sacarlo luego de que no pudieron obtener su egreso.
La CCSS sí dijo en su nota de prensa que «el niño ingresó por una patología respiratoria, por lo que dado los factores de riesgo y el contexto epidemiológico actual se indicó por parte del médico tratante la colocación de la vacuna contra la covid-19. Aunado a esto, se detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociado a la negativa de los padres a vacunar al niño derivó a solicitar el criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia».
Se agregó que: «El egreso del menor se dará una vez los servicios de pediatría y de trabajo social de hospital lo autoricen».
Hasta este jueves se desconocía qué había sucedido con el menor y sus padres.
La vacunación contra el covid-19 en Costa Rica es obligatoria para menores de 18 años desde noviembre de 2021.
El presidente ejecutivo de CCSS, el doctor Román Macaya Hayes, dijo en el comunicado que “este incidente puso en riesgo no solo al personal de seguridad, médico y asistencial del hospital sino a los propios usuarios y pacientes. Costa Rica saldrá adelante de esta pandemia con ciencia, educación y las correctas acciones colectivas, jamás con violencia y teorías de conspiración”.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
