Internacionales
Arrestan a siete personas tras violento incidente en hospital de Costa Rica
Al menos siete personas fueron detenidas en las últimas horas por la Fuerza Pública de Costa Rica, luego de que presuntamente participaran en un violento incidente este miércoles en el hospital San Vicente de Paul, de Heredia.
Las personas irrumpieron en grupo en el centro asistencial donde, incluso, agredieron a personal y a una funcionaria policial, según informó este jueves en un comunicado el Ministerio de Seguridad.
Todos los detenidos fueron identificados únicamente por sus apellidos y entre ellos se destaca, según las autoridades— un hombre que fue arrestado este jueves en las cercanías de los tribunales de Justicia en el centro de Heredia y que «era buscado por presuntamente dirigir las acciones» del grupo que irrumpió el miércoles en el hospital.
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente el detenido escupió en la cara a la directora regional de la Fuerza Pública de Heredia, Katia Chavarría.
«Además, el sujeto habría emitido amenazas en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por medio de sus redes sociales», explicó el Ministerio de Seguridad, aunque no dio más detalles.
Aunque en el comunicado no lo menciona, medios locales indican que el detenido es el líder del movimiento que se opone a las vacunaciones contra el covid-19 en Costa Rica y esa postura habría incidido en los incidentes registrados el miércoles en el hospital.
Según el ministerio de Seguridad, la detención del hombre se dio luego de que un juez emitiera una orden de captura, mientras que los otros seis fueron arrestados el miércoles tras el incidente en el hospital.
«Ahora serán los jueces quienes determinen el proceder de estas personas», se indicó en el comunicado.
El Ministerio Público de Costa Rica dijo este jueves a CNN que «a los siete detenidos se les investiga por los presuntos delitos de motín, resistencia agravada y amenaza a funcionario público. Sin embargo, conforme avance el proceso de investigación, los tipos penales podrían variar».
«En este momento se está a la espera de que tanto el Tribunal de Flagrancia como el Juzgado Penal programen las respectivas audiencias de solicitud de medidas cautelares», agregó el Ministerio Público.
CNN trabaja para averiguar si los detenidos cuentan con representación legal.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) informó este miércoles que presentará denuncias contra los presuntos involucrados en el incidente, quienes —según un comunicado de la entidad— golpearon a funcionarios del hospital y obligaron a la suspensión temporal de la consulta externa y otros servicios.
Aunque el comunicado de CCSS no lo explica directamente, medios de comunicación reportaron que el incidente empezó luego de que los padres de un menor internado en el hospital —y quienes se oponen a la vacunación contra el covid-19— llegaron para intentar sacarlo luego de que no pudieron obtener su egreso.
La CCSS sí dijo en su nota de prensa que «el niño ingresó por una patología respiratoria, por lo que dado los factores de riesgo y el contexto epidemiológico actual se indicó por parte del médico tratante la colocación de la vacuna contra la covid-19. Aunado a esto, se detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociado a la negativa de los padres a vacunar al niño derivó a solicitar el criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia».
Se agregó que: «El egreso del menor se dará una vez los servicios de pediatría y de trabajo social de hospital lo autoricen».
Hasta este jueves se desconocía qué había sucedido con el menor y sus padres.
La vacunación contra el covid-19 en Costa Rica es obligatoria para menores de 18 años desde noviembre de 2021.
El presidente ejecutivo de CCSS, el doctor Román Macaya Hayes, dijo en el comunicado que “este incidente puso en riesgo no solo al personal de seguridad, médico y asistencial del hospital sino a los propios usuarios y pacientes. Costa Rica saldrá adelante de esta pandemia con ciencia, educación y las correctas acciones colectivas, jamás con violencia y teorías de conspiración”.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
