Internacionales
Arrestan a siete personas tras violento incidente en hospital de Costa Rica
Al menos siete personas fueron detenidas en las últimas horas por la Fuerza Pública de Costa Rica, luego de que presuntamente participaran en un violento incidente este miércoles en el hospital San Vicente de Paul, de Heredia.
Las personas irrumpieron en grupo en el centro asistencial donde, incluso, agredieron a personal y a una funcionaria policial, según informó este jueves en un comunicado el Ministerio de Seguridad.
Todos los detenidos fueron identificados únicamente por sus apellidos y entre ellos se destaca, según las autoridades— un hombre que fue arrestado este jueves en las cercanías de los tribunales de Justicia en el centro de Heredia y que «era buscado por presuntamente dirigir las acciones» del grupo que irrumpió el miércoles en el hospital.
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente el detenido escupió en la cara a la directora regional de la Fuerza Pública de Heredia, Katia Chavarría.
«Además, el sujeto habría emitido amenazas en contra de los magistrados de la Sala Constitucional por medio de sus redes sociales», explicó el Ministerio de Seguridad, aunque no dio más detalles.
Aunque en el comunicado no lo menciona, medios locales indican que el detenido es el líder del movimiento que se opone a las vacunaciones contra el covid-19 en Costa Rica y esa postura habría incidido en los incidentes registrados el miércoles en el hospital.
Según el ministerio de Seguridad, la detención del hombre se dio luego de que un juez emitiera una orden de captura, mientras que los otros seis fueron arrestados el miércoles tras el incidente en el hospital.
«Ahora serán los jueces quienes determinen el proceder de estas personas», se indicó en el comunicado.
El Ministerio Público de Costa Rica dijo este jueves a CNN que «a los siete detenidos se les investiga por los presuntos delitos de motín, resistencia agravada y amenaza a funcionario público. Sin embargo, conforme avance el proceso de investigación, los tipos penales podrían variar».
«En este momento se está a la espera de que tanto el Tribunal de Flagrancia como el Juzgado Penal programen las respectivas audiencias de solicitud de medidas cautelares», agregó el Ministerio Público.
CNN trabaja para averiguar si los detenidos cuentan con representación legal.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) informó este miércoles que presentará denuncias contra los presuntos involucrados en el incidente, quienes —según un comunicado de la entidad— golpearon a funcionarios del hospital y obligaron a la suspensión temporal de la consulta externa y otros servicios.
Aunque el comunicado de CCSS no lo explica directamente, medios de comunicación reportaron que el incidente empezó luego de que los padres de un menor internado en el hospital —y quienes se oponen a la vacunación contra el covid-19— llegaron para intentar sacarlo luego de que no pudieron obtener su egreso.
La CCSS sí dijo en su nota de prensa que «el niño ingresó por una patología respiratoria, por lo que dado los factores de riesgo y el contexto epidemiológico actual se indicó por parte del médico tratante la colocación de la vacuna contra la covid-19. Aunado a esto, se detectó una situación que requirió de la intervención del servicio de trabajo social, lo que asociado a la negativa de los padres a vacunar al niño derivó a solicitar el criterio por parte del Patronato Nacional de la Infancia».
Se agregó que: «El egreso del menor se dará una vez los servicios de pediatría y de trabajo social de hospital lo autoricen».
Hasta este jueves se desconocía qué había sucedido con el menor y sus padres.
La vacunación contra el covid-19 en Costa Rica es obligatoria para menores de 18 años desde noviembre de 2021.
El presidente ejecutivo de CCSS, el doctor Román Macaya Hayes, dijo en el comunicado que “este incidente puso en riesgo no solo al personal de seguridad, médico y asistencial del hospital sino a los propios usuarios y pacientes. Costa Rica saldrá adelante de esta pandemia con ciencia, educación y las correctas acciones colectivas, jamás con violencia y teorías de conspiración”.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
