Internacionales
Aprobación de Biden se hunde a 24% entre hispanos y 22% entre adultos jóvenes, según encuesta
La aprobación del desempeño laboral del presidente Joe Biden se redujo a solo el 33% en una encuesta publicada el miércoles por la Universidad de Quinnipiac, ya que incluso los principales bloques de votantes demócratas, como los jóvenes y las minorías raciales manifestaron su rechazo al presidente.
La encuesta, realizada entre 3 y el 6 de junio, encontró que sólo el 22% de los estadounidenses de 18 a 34 años aprueban el desempeño de Biden, la calificación más baja de cualquier grupo de edad.
Biden's Hispanic approval ratings plummets to 24% in new Quinnipiac University Poll
— InteractivePolls (@IAPolls2022) June 8, 2022
Biden Job Approval: Hispanics
Approve 24%
Disapprove 58%
1,576 Adults / 06/03-06/06https://t.co/XvDECVtjUl pic.twitter.com/Hwdoqdke4g
Únicamente el 24% de los votantes hispanos y el 49% de los votantes afroamericanos dijeron que aprueban el trabajo de Biden.
Aunque elegido con la mayor cantidad de votos en la historia de Estados Unidos, el apoyo de Biden se derrumbó a los siete meses de haber asumido el cargo durante la caótica retirada de Afganistán y se mantuvo bajo a medida que la inflación y los delitos violentos aumentaron.
El 64% de los encuestados dijo que desaprueba el manejo de la economía por parte de Biden y el 34% dijo que la inflación es el problema nacional más apremiante.
La inflación anual superó el 8% en marzo y abril, lo que los críticos atribuyen a las políticas de Biden.
Casi la misma cantidad de encuestados, el 59%, dijo que desaprueba el manejo de la “violencia armada” por parte de Biden, un término que abarca tanto el aumento de los delitos violentos en las principales ciudades como los recientes tiroteos masivos en Buffalo y Uvalde, Texas.
La encuesta encontró que el 57% apoya leyes de armas más estrictas, con un 92% de apoyo para exigir verificaciones de antecedentes de todos los compradores de armas.
La encuesta encontró que solo el 22% de los estadounidenses de 18 a 34 años aprueban el desempeño de Biden.
Las calificaciones más altas del presidente fueron por su manejo de la pandemia de COVID-19, con un 47% de aprobación y un 46% de desaprobación.
De su manejo de la invasión rusa de Ucrania, el 42% lo aprobó y el 50% lo desaprobó, en medio de críticas en su mayoría conservadoras sobre el alcance de la ayuda estadounidense a Kiev.
El apoyo de Biden fue mayor entre los ciudadanos de la tercera edad, con un 43% de aprobación entre las personas de 65 años o más, así como entre los demócratas, con un 79%, y entre las personas con un título universitario de cuatro años, con un 51%.
Los sombríos resultados son solo un poco peores que el promedio de RealClearPolitics de encuestas recientes, que tiene a Biden con un 39.5% de aprobación y un 54.8% de desaprobación, lo que significa un problema potencial para los demócratas en las elecciones de mitad de período de noviembre.
La encuesta encontró que el 64% de las personas desaprueba cómo Biden está manejando la economía.
En el mismo punto de 2018, el índice de aprobación promedio del expresidente Donald Trump fue del 42.2%. El índice de aprobación promedio del expresidente Barack Obama fue del 48% a principios de junio de 2010, mientras que George W. Bush tuvo un índice de aprobación promedio de más del 70% después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
La popularidad de Bush se derrumbó más tarde en medio de la controversia sobre la Guerra de Irak y el inicio de una recesión.
El presidente número 43 registró un índice de aprobación promedio del 36.6 % durante su segundo mandato, mientras que tanto Trump (42.8 %) como Obama (45.9%) lograron terminar sus últimos cuatro años en el cargo por encima del 40 por ciento.
Biden, según un informe del miércoles en Politico, arremetió contra los periodistas en una reciente visita extraoficial a la cabina de prensa del Air Force One, quejándose de la falta de cobertura positiva.
Después de dos tiroteos masivos recientes, el 59% desaprueba la forma en que Biden ha manejado la violencia armada.
Pero el presidente ha hecho poco para ayudar a cambiar el guión, como dar entrevistas para presentar su perspectiva, como solía hacer su predecesor Donald Trump para responder a los críticos y promover su propia narrativa de los acontecimientos.
La última entrevista formal del presidente con un periodista tuvo lugar hace cuatro meses, el 10 de febrero, con Lester Holt de NBC.
La entrevista fue grabada y transmitida tres días después durante la cobertura previa del Super Bowl.
“No puedo pensar en una situación paralela”, dijo a Politico Peter Baker, corresponsal de la Casa Blanca desde hace mucho tiempo para el New York Times. “Es el quinto presidente que he cubierto y el primero al que no he entrevistado. No sienten ni la obligación ni la oportunidad”.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
