Judicial
$5.2 millones reclama la Fiscalía a exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito
Más de $5 millones suman las demandas por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado en lo que va de 2024 ante distintas cámaras contra cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN y un exdiputado de ese partido político.
De acuerdo con datos del ministerio público, las demandas presentadas en lo que va de este año ascienden a $5,298,715.02.
Las acusaciones se enmarcan en la guerra contra la corrupción que el presidente Nayib Bukele anunció el 1.º de junio de 2023, cuando señaló la importancia de atacar ese flagelo en todos los niveles y destacó que, gracias a las reformas aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción no prescriben, ya que no importa cuando se han cometido.
«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad. Estos son los cinco acusados por la Fiscalía en lo que va de este año.
Una de las cantidades más grandes que la FGR pretende que se reintegre al Estado son $3,892,095.46, fortuna con la que el ex secretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar se habrían enriquecido ilícitamente.
El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El caso se presentó en mayo ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, donde se le reclama el monto de $3,541,407.87 por 44 irregularidades en depósitos en efectivo y en cheques de cuentas de ahorro por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
La demanda incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien le señalan 11 inconsistencias en depósitos en cuenta de ahorro, la adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85; y a su hija, Mariana Cáceres Flores, se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
El ministerio público informó que el proceso civil se basa en el informe de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó este año un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.
El segundo monto más alto demandado es $572,015.22 y se le reclama al exministro de Turismo Napoleón Duarte y su grupo familiar. Duarte Durán fungió como ministro de Turismo, director del Concejo Salvadoreño del Café y presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cargos que desempeñó entre 2009 y 2019.
El reporte fiscal indica que al exfuncionario se le reclama el monto de $126,083.98 por 21 irregularidades que no justificó en depósitos bancarios, pago de tarjetas de créditos y diferencias entre los ingresos y los egresos.
En cuanto a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, se le demanda por $79,344.53, producto de cuatro irregularidades relacionadas con depósitos a plazo, adquisición de vehículo y diferencia negativa en sus gastos e ingresos.
En lo que respecta a su hijo, José Napoleón, responderá civilmente por 23 irregularidades equivalentes a $218,904.74. También, su hija, María Cristina, enfrenta la demanda por nueve irregularidades que no justificó y suman $64,919.42.
Y su otro hijo, Juan Carlos, está demandado por 15 irregularidades por $82,762.55. Los hijos del demandado no justificaron compras de automóviles, pagos de tarjetas de créditos y depósitos bancarios
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
