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Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino, presenta denuncia en la FGR contra Gustavo López, por haber entregado $2 millones en «armamento obsoleto” a la Fuerza Armada
Foto Twitter: @ComunicacionSV
Luego del mandato que le realizó el presidente de la República Nayib Bukele al Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino, a través de su cuenta de Twitter, este se presentó e interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), contra el presidente del Coena, Gustavo López Davidson, por presuntamente haber suministrado armamento obsoleto a la institución castrense.
De acuerdo con Merino, el origen del delito está en una permuta firmada en 2013 entre los titulares de la Defensa Nacional y la empresa de Lopéz Davidson.
El problema radica en un lote de armas que recibió la institución para la Unidad de Artillería, pues este, según aseguró, “no funciona”.
“Una relación contractual que tuvo el ministerio de la Defensa con una de las empresas propiedad del señor López Davidson, en la cual consideramos nosotros que ha habido cosas anormales en dicha permuta”, valoró el funcionario.
Según indicó, la institución esperaba armamento en buenas condiciones, pero no fue entregado en esa manera.
“Se esperaba otro armamento… el armamento que se recibió no funciona, es armamento para la Fuerza Armada, eso es lo que nosotros hemos venido a poner acá a disposición de la Fiscalía”, añadió.
Explicó que el valor económico del armamento que no funciona es de $2 millones, por lo que buscan que la Fiscalía inicie la investigación y se determinen las responsabilidades pertinentes.
Este viernes, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Regulación Sanitaria ejecutaron operativos en establecimientos del centro comercial El Encuentro Surf City, en La Libertad Costa, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población a través de la verificación de la calidad de los alimentos y el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor.
Las inspecciones fueron lideradas por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y el intendente de vigilancia de la Super Intendencia, Gustavo Adolfo Salgado.
Estos operativos permitirán proteger los derechos de los consumidores y la economía de las familias durante el periodo vacacional de Semana Santa.
«Nos estamos preparando para la temporada de Semana Santa, en la que se registra una fuerte actividad de visitantes, por lo que mantenemos esfuerzos de verificación en distintos ámbitos, según las competencias de cada institución», explicó el presidente de la Defensoría.
Salazar también explicó que buscan erradicar la venta de producto vencido de las estanterías, cocinas de restaurantes, puestos de preparación de alimentos y tiendas de convivencia y hoteles, a través de las verificaciones.
«Es importante garantizar a la población información clara, oportuna y precisa a través de cualquier mecanismo publicitario. Además, verificaremos la correcta exhibición de precios», explicó Salazar.
Las inspecciones se realizan en establecimientos que manipulan, almacenan, preparan y comercializan alimentos y bebidas, con el fin de garantizar condiciones seguras de consumo para la población durante la temporada vacacional.
Por su parte, la Superintendencia de Regulación Sanitaria habilitó la línea telefónica 194 y el correo electrónico denuncias.sanitarias@srs.gob.sv para recibir denuncias de la población respecto al tema sanitario.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla resolvió condenar a 13 años de prisión a Miguel Humberto Arroyo Ibarra, por el delito de estafa en perjuicio de tres personas a quienes pidió dinero para inversiones, que resultaron ser falsas.
En 2023 las víctimas entregaron a Arroyo Ibarra, montos de $18,500, $17,000 y $3,000, haciendo un total de $38,500. De acuerdo a la investigación fiscal, el imputado captó ese dinero con la promesa de que sería invertido en una supuesta bolsa de valores y con ello entregaría buenos réditos a las personas que confiaron en él.
Pasó el tiempo y las víctimas no recuperaron ni el capital y mucho menos ganancias, por lo que decidieron denunciar a Arroyo, quien además de cumplir la pena de prisión, deberá devolver el monto de $38,500.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado condenó a penas de hasta 45 años de cárcel a 15 pandilleros que intentaron asesinar a tres personas en abril de 2021 en las cercanías del Barrio San Jacinto de San Salvador.
Según consta en el expediente judicial, en abril de 2021, las víctimas iban a bordo de un vehículo e intentaron ingresar desde el Barrio San Jacinto, hacia la colonia Santa Marta, que era controlada por la MS 13 de la clica Harrison Locos Salvatruchos.
Al observar un carro desconocido con las luces encendidas, los delincuentes intentaron bajar a sus ocupantes y comenzaron a dispararles en múltiples ocasiones.
De acuerdo a las investigaciones, el conductor logró acelerar el vehículo y abandonó el lugar. Luego de la denuncia, las autoridades de seguridad iniciaron una investigación que llegó a la identificación e individualización de los pandilleros responsables del ataque, entre los cuales está el jefe de clica identificado como Enmanuel Adonay Ortiz Orellana, alias ratón, homeboys y colaboradores.
El resto de los condenados son los pandilleros Marvin Alexander Colato Colato, alias colato; Kevin Alexander Cruz González, alias koala; Moisés Eliezer Rivas Rodríguez, alias chele; Alexis Eduardo Lara Quinteros, alias neney; Mauricio Antonio Blanco López, alias chele; Alexis Armando Benavides Marroquín, alias coneja; Bryan Esteven Flores Villafuerte, alias pin pong, goty o payaso; Bryan Alberto Molina Ascencio, alias black; Byron Osvaldo Andrade Meléndez, alias campero; Edwin Josué Vargas Zelaya, alias virolo; Carlos Vladimir Vanegas Martínez, alias vanegas o gatillero; Abdel Eleazar López, Henry Jonathan Núñez Martínez, alias curunco y William Eduardo Rivera Guzmán.
