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La Corte Suprema le dio la razón al gobierno de Trump y autorizó la detención de inmigrantes con antecedentes penales
Los extranjeros pueden ser arrestados durante tiempo sin determinado y sin derecho a fianza, aún años después del delito que figure en su registro. El tribunal, con dos magistrados elegidos por el presidente, hizo pesar su mínima ventaja conservadora, con una votación de 5 a 419 de marzo de 2019
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes a favor del gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre la detención de los inmigrantes con antecedentes penales, autorizando su arresto sin un límite de tiempo aún después de haber cumplido las sentencias previas.
El máximo tribunal sustentó la tesis del gobierno de que las autoridades pueden detener en cualquier momento y por un periodo indefinido a personas con este perfil por cinco votos a favor y cuatro en contra, según un documento publicado por la corte. De esta forma, el tribunal mostró una vez más su inclinación conservadora, determinada a partir del nombramiento de dos magistrados por parte del presidente.
Según el fallo, redactado por el juez Samuel Alito, se deja abierta la posibilidad de que los individuos apelen su detención. La Corte consideró que no es su trabajo determinar un tiempo límite por el cual los inmigrantes pueden permanecer detenidos luego de cumplir una sentencia.
Los abogados de organizaciones civiles argumentaban que la ley federal migratoria de 1996 autorizaba al arresto «inmediato» de los inmigrantes al salir de prisión.
Pese a que es difícil determinar la cantidad de personas que se verán afectadas por esta decisión judicial, el Gobierno estadounidense tiene a diario a unos 30.000 inmigrantes en su custodia mientras determina si deben ser deportados o no.
Tras conocerse la resolución del Supremo, varias organizaciones civiles, como la Unión de Libertades Civiles (ACLU), lamentaron que el tribunal haya optado por una «interpretación extrema» de las leyes de inmigración.
«La Corte Suprema ha respaldado la interpretación más extrema de los estatutos de detención de inmigrantes, permitiendo el encarcelamiento masivo de personas sin ninguna audiencia, simplemente porque se están defendiendo contra un cargo de deportación», apuntó la directora legal de ACLU, Cecillia Wang.
(Con información de AFP y EFE)
La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP) detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Según la investigación, el funcionario habría tenido responsabilidad en la gestión del traslado del material electoral y en la firma de los términos de referencia (TDR) del contrato con la empresa GALAGA, encargada de la distribución de los insumos para las Elecciones 2026.
La intervención se realizó en el marco de las acciones de fiscalización y lucha contra la corrupción, en medio de las investigaciones por los retrasos en la entrega de material electoral que afectaron a miles de votantes en Lima y en el extranjero.
La detención se produjo poco después de que se conociera la renuncia del funcionario la noche anterior.
Una persona murió y otra se encuentra en estado crítico luego de que ocurrió un tiroteo hoy lunes dentro de un centro de rehabilitación en la localidad de Egg Harbor, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, informaron medios locales.
El tiroteo fue reportado por primera vez alrededor de las 06:30 hora local, informó CBS News.
Al parecer, el tiroteo fue un incidente aislado que involucró a individuos que se conocían, indicó la oficina del fiscal del condado de Atlantic citada en el informe.
Una tregua entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa expiró oficialmente el lunes, después de que ambas partes se acusaran mutuamente de miles de violaciones, pese a una disminución de los bombardeos aéreos rusos.
La tregua duró 32 horas, desde las 16H00 (13H00 GMT) del sábado hasta el final del domingo.
Ambas partes habían acordado respetar el alto el fuego, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves y que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, había propuesto más de una semana antes.
Pero, como ocurrió con un acuerdo similar el año pasado, solo reinó una calma relativa a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente.
Hasta las 22H00 locales (19H00 GMT) del domingo, «se han registrado 7.696 violaciones por parte del enemigo», señaló el ejército ucraniano en Facebook.
Rusia había respetado el alto el fuego en cierta medida, pero continuó «las operaciones de combate en determinados sectores, incluido el uso de drones FPV y drones kamikaze», añadió.
El Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de casi 2.000 incumplimientos de la tregua, indicó el Ministerio en la plataforma de mensajería MAX, impulsada por el Estado.
Kiev disparó 258 veces con artillería o tanques, llevando a cabo 1.329 ataques con drones FPV y arrojando «distintos tipos de municiones» en 375 ocasiones, principalmente mediante drones, afirmó Rusia.
Moscú también acusó a las fuerzas ucranianas de lanzar «tres ataques nocturnos» contra posiciones rusas y «cuatro intentos de avance» a lo largo de la línea del frente, agregando que todos habían sido frustrados.
Zelenski pidió un alto el fuego más prolongado en su discurso nocturno del sábado, afirmando que Ucrania había presentado la propuesta a Rusia.
Pero en declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó cualquier prórroga a menos que el líder ucraniano aceptara las condiciones «bien conocidas» de Rusia.
«Mientras Zelenski no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego», añadió Peskov.
Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias que considera una capitulación.
