Judicial
Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Quererse ganar la confianza de sus compinches le costará 11 años de prisión para un colaborador de pandillas que fue sorprendido luego de robarle sus pertenencias a una pareja con la pistola de una trabajadora social en Soyapango.
Pese a que no era pandillero, el joven de 19 años comenzó a delinquir con los delincuentes quienes pasaron de contarle como ejecutaban sus fechorías a hacerlo parte de los atracadores.
Ganarse la confianza de sus amigos pandilleros con un asalto le costará 11 años de prisión a un joven de Soyapango
Cristian Bonilla Escobar es un joven de 19 años de edad que se vio atraído por los hechos delictivos que sus amigos realizaban a cualquier hora del día en la colonia Los Andes y sus alrededores.
En un primer momento, Bonilla era testigo de los relatos, pero esto le valió para poco a poco ser partícipe de los hechos que ejecutaba la estructura criminal en la referida colonia del municipio de Soyapango.
La suerte del imputado llegó hasta la noche del 11 de agosto del 2018, el imputado junto a dos delincuentes recorrieron varias calles hasta llegar a una tienda donde localizaron a una pareja que sería su blanco perfecto.
Sentado dentro del vehículo, el joven tomó aire, empuñó su pistola, abrió la puerta y salió eufórico apuntando a sus víctimas a quienes les exigió que les entregara los celulares y el dinero que tuvieran a cambio de no quitarles la vida.
Sin pensarlo dos veces, la pareja dejó de tomar sus bebidas y accedió a las demandas del hombre que con el botín en sus manos se retiró satisfecho de lo que había logrado y sin imaginar que sus víctimas se armarían de valor e interpondrían una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
A los pocos minutos de relatar los hechos en la delegación de Soyapango, una patrulla informó que habían arrestado a dos hombres y una mujer en un carro que coincidía con las características que se habían dado.
El informe policial señala que los detenidos no pudieron justificar la procedencia del vehículo y de un arma que los agentes localizaron en el asiento trasero del automotor que era conducido por la mujer que fue identificada como Nelly J.
El otro detenido fue un menor de edad quien junto con la mujer fue apartado del proceso judicial que enfrentó Bonilla por los delitos de uso y tenencia de arma de fuego y robo agravado.
El arma robada
Durante el proceso judicial, las investigaciones señalaron que el arma que el imputado utilizó esa noche había sido robada a un trabajadora social en horas de la mañana, del mismo 11 de agosto, frente a la colonia Bosques de Prusia en Soyapango.
La víctima señaló que esperaba a un amigo cuando de pronto salieron dos sujetos por la parte trasera de un microbus y sin mediar palabras le arrebataron la cartera, donde llevaba guardada la pistola.
La profesional dio aviso al registro de armas y a la PNC sobre el robo de su arma que dijo estaba valorada en $800.
El proceso judicial
Durante el juicio la parte fiscal que se impusiera al imputado la pena máxima por los delitos que pesaban en su contra, además, que pagara una indemnización de $1,000 a la pareja de ofendidos.
La defensa del joven trató la manera de desvirtuar las acusaciones y explicó que imponer una pena máxima era desproporcionada, «no es lo mismo robar un celular que robar un banco», defendió el abogado
El juez del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador señaló que había pruebas suficientes que incriminaban al acusado a quien declaró culpable y deberá cumplir la condena de 11 años y pagar a las víctimas.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
