Política
Exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desliga de organización que fundó y recibió $559,100 de fondos públicos
Con frescura y aludiendo desconocimiento, la exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desligó de haber pertenecido a la Junta Directiva de la Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR), organización que creó en 1996 y que en cinco años recibió $559,100 provenientes de fondos públicos.
“Los parques estaban tirados, había qué hacer algo por ellos”, comentó Peña Pinto, ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos entregados a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Yo fui fundadora y una vez se fundó me olvidé (de la organización)”, agregó la exlegisladora, quien representó al departamento de San Salvador durante 18 años bajo la bandera del tricolor.
La secretaria de profesión integró durante varios periodos la Comisión de Hacienda, específicamente de 2009 a 2015. En esa junta de labores, Peña Pinto desempeñó el papel de vocal y el de secretaria.
De acuerdo a los registros, FUNDAR (que se encargaría de conservar los Parques arqueológicos de Cihuatán, Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca) recibió un monto total de $559,100, mismos que se detallan de la siguiente manera:
En el año 2005, la organización recibió $85 mil; en 2006, $92,700; mientras que en 2007, $100, 700; en 2008,$100, 700; y en 2009, la fundación obtuvo un incremento monetario proveniente de fondos público al recibir$180 mil.
En ese año (2009), Peña Pinto votó por el Presupuesto General de la Nación -que se erogó en el 2010- “sin saber” que iban los $180 mil directos a FUNDAR, debido a que “no puso atención” a la distribución monetaria, según argumentó ante el diputado Caleb Navarro.
“No le puse atención (al presupuesto)”, aseveró la exdiputada. “Además, según yo ya no pertenecía a la fundación”, dijo, pese a que legalmente estaba inscrita como protesorera. Es decir, como la persona que colabora estrechamente con el tesorero y que incluso puede sustituirlo en sus funciones.
“Pertenecí como fundadora, pero nunca volví a regresar. Nunca fungí (como protesorera)”, indicó Peña Pinto. “Acabo de saber que estaba en una Junta Directiva y por no llegar me sacaron”, comentó.
Ante esto, la diputada de la Comisión Especial Lorena Fuentes determinó que estas acciones de la emisión monetaria por parte de las anteriores legislaturas formaron parte de un conflicto de interés.
Además de la hoy exdiputada del tricolor, FUNDAR era integrado por miembros fundadores de alto renombre en el país, como el dueño de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano, y el exministro de Economía del gobierno de Francisco Flores, Miguel Lacayo.
Peña Pinto ingresó a la Asamblea Legislativa en 1992, como asesora de quien era el presidente de esa institución pública, Roberto Angulo. En 1997, ella inició sus labores como diputada y finalizó su papel como tal en 2015.
A lo largo de ese extenso periodo, la integrante de ARENA perteneció a diversas juntas: A la Comisión de Hacienda, a la de la Mujer y la Niñez, a la de Reformas Electorales y Constitucionales y a la de Asuntos Municipales.
La llamada extraña del extécnico de la Comisión de Hacienda
A unos minutos de haber iniciado la sesión de la Comisión Especial, Mariela Peña Pinto recibió una llamada a su celular del extécnico de la Comisión de Hacienda, Noel Orellana. Misma que no fue recibida por la exdiputada de ARENA.
El hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien también fue gerente legislativo, fue citado el pasado 23 de junio para comparecer ante los diputados que investigan la emisión de fondos a las ONG y en esa sesión declaró que se hacían negociaciones fuera de las juntas de trabajo, en los pasillos precisamente.
En ese momento, Orellana reconoció que les advirtió a cuatro expresidentes de esa instancia legislativa sobre la ilegalidad de que se les transfirieran fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales.
El extécnico aseguró que esa advertencia le fue hecha a los entonces presidentes de la comisión de Hacienda: Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, (ARENA); Julio Gamero, (ARENA); Gerson Martínez (FMLN) y Lorena Peña (FMLN).
“El nombre de Lorena Peña sale a relucir por manejar las colas presupuestarias, porque no se manejaba un criterio legal para la inversión de los mismos”, comentó la diputada Rivas, a quien le pareció curiosa la llamada telefónica.
El exempleado legislativo, quien laboró por más de 30 años en la institución, también reconoció en ese momento que no había un orden jurídico que avalará las acciones de recursos a las onegés.
Los salvatajes bancarios para Funes y Cerén
Mariela Peña Pinto no puso atención a la distribución del presupuesto, pero levantó su mano para aprobarlo e incluso –aseguró- en ese momento se le otorgó un salvataje bancario al gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
“Se le dio el salvataje al gobierno de Funes y también al de (Salvador) Sánchez Cerén”, comentó la miembro del partido ARENA a los diputados de la Comisión Especial.
Esas palabras fueron cuestionadas por la presidenta de la junta, Alexia Rivas, debido a que la legislatura anterior le negó apoyo al actual mandatario, Nayib Bukele, cuando solicitó ayuda por diversas temáticas, como la aprobación de fondos para las diversas etapas del “Plan Control Territorial” y para apalear la pandemia generada por la COVID-19.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
