Política
Exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desliga de organización que fundó y recibió $559,100 de fondos públicos
Con frescura y aludiendo desconocimiento, la exdiputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, se desligó de haber pertenecido a la Junta Directiva de la Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR), organización que creó en 1996 y que en cinco años recibió $559,100 provenientes de fondos públicos.
“Los parques estaban tirados, había qué hacer algo por ellos”, comentó Peña Pinto, ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos entregados a diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Yo fui fundadora y una vez se fundó me olvidé (de la organización)”, agregó la exlegisladora, quien representó al departamento de San Salvador durante 18 años bajo la bandera del tricolor.
La secretaria de profesión integró durante varios periodos la Comisión de Hacienda, específicamente de 2009 a 2015. En esa junta de labores, Peña Pinto desempeñó el papel de vocal y el de secretaria.
De acuerdo a los registros, FUNDAR (que se encargaría de conservar los Parques arqueológicos de Cihuatán, Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca) recibió un monto total de $559,100, mismos que se detallan de la siguiente manera:
En el año 2005, la organización recibió $85 mil; en 2006, $92,700; mientras que en 2007, $100, 700; en 2008,$100, 700; y en 2009, la fundación obtuvo un incremento monetario proveniente de fondos público al recibir$180 mil.
En ese año (2009), Peña Pinto votó por el Presupuesto General de la Nación -que se erogó en el 2010- “sin saber” que iban los $180 mil directos a FUNDAR, debido a que “no puso atención” a la distribución monetaria, según argumentó ante el diputado Caleb Navarro.
“No le puse atención (al presupuesto)”, aseveró la exdiputada. “Además, según yo ya no pertenecía a la fundación”, dijo, pese a que legalmente estaba inscrita como protesorera. Es decir, como la persona que colabora estrechamente con el tesorero y que incluso puede sustituirlo en sus funciones.
“Pertenecí como fundadora, pero nunca volví a regresar. Nunca fungí (como protesorera)”, indicó Peña Pinto. “Acabo de saber que estaba en una Junta Directiva y por no llegar me sacaron”, comentó.
Ante esto, la diputada de la Comisión Especial Lorena Fuentes determinó que estas acciones de la emisión monetaria por parte de las anteriores legislaturas formaron parte de un conflicto de interés.
Además de la hoy exdiputada del tricolor, FUNDAR era integrado por miembros fundadores de alto renombre en el país, como el dueño de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano, y el exministro de Economía del gobierno de Francisco Flores, Miguel Lacayo.
Peña Pinto ingresó a la Asamblea Legislativa en 1992, como asesora de quien era el presidente de esa institución pública, Roberto Angulo. En 1997, ella inició sus labores como diputada y finalizó su papel como tal en 2015.
A lo largo de ese extenso periodo, la integrante de ARENA perteneció a diversas juntas: A la Comisión de Hacienda, a la de la Mujer y la Niñez, a la de Reformas Electorales y Constitucionales y a la de Asuntos Municipales.
La llamada extraña del extécnico de la Comisión de Hacienda
A unos minutos de haber iniciado la sesión de la Comisión Especial, Mariela Peña Pinto recibió una llamada a su celular del extécnico de la Comisión de Hacienda, Noel Orellana. Misma que no fue recibida por la exdiputada de ARENA.
El hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien también fue gerente legislativo, fue citado el pasado 23 de junio para comparecer ante los diputados que investigan la emisión de fondos a las ONG y en esa sesión declaró que se hacían negociaciones fuera de las juntas de trabajo, en los pasillos precisamente.
En ese momento, Orellana reconoció que les advirtió a cuatro expresidentes de esa instancia legislativa sobre la ilegalidad de que se les transfirieran fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales.
El extécnico aseguró que esa advertencia le fue hecha a los entonces presidentes de la comisión de Hacienda: Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, (ARENA); Julio Gamero, (ARENA); Gerson Martínez (FMLN) y Lorena Peña (FMLN).
“El nombre de Lorena Peña sale a relucir por manejar las colas presupuestarias, porque no se manejaba un criterio legal para la inversión de los mismos”, comentó la diputada Rivas, a quien le pareció curiosa la llamada telefónica.
El exempleado legislativo, quien laboró por más de 30 años en la institución, también reconoció en ese momento que no había un orden jurídico que avalará las acciones de recursos a las onegés.
Los salvatajes bancarios para Funes y Cerén
Mariela Peña Pinto no puso atención a la distribución del presupuesto, pero levantó su mano para aprobarlo e incluso –aseguró- en ese momento se le otorgó un salvataje bancario al gobierno del expresidente de la República, Mauricio Funes.
“Se le dio el salvataje al gobierno de Funes y también al de (Salvador) Sánchez Cerén”, comentó la miembro del partido ARENA a los diputados de la Comisión Especial.
Esas palabras fueron cuestionadas por la presidenta de la junta, Alexia Rivas, debido a que la legislatura anterior le negó apoyo al actual mandatario, Nayib Bukele, cuando solicitó ayuda por diversas temáticas, como la aprobación de fondos para las diversas etapas del “Plan Control Territorial” y para apalear la pandemia generada por la COVID-19.
Política
Envían a juicio al exministro David Gutiérrez Miranda por peculado en el bulevar Diego de Holguín; hay orden de captura
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó abrir juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por peculado en perjuicio de la administración pública. Lo declaró rebelde y giró orden de captura. El caso es el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Santa Tecla. Gutiérrez fue titular del MOP en el gobierno de Antonio Saca, entre 2004 y 2006.
La Fiscalía sitúa los hechos entre diciembre de 2005 y enero de 2007. Acusa omisiones e incumplimientos: la obra tenía 420 días de plazo; al vencerse no estaba lista, pero los pagos mensuales al asocio constructor sí se hicieron. En 2023 la FGR dijo que, a la mitad del contrato, el avance era del 39%. Una pericia financiera fija el supuesto perjuicio en $10,643,278.98. El requerimiento de 2022 hablaba de $13.7 millones; la cifra que sostiene hoy la acusación es la de la pericia.
El expediente no nació ayer. Las pesquisas arrancaron en la era de Raúl Melara; el requerimiento formal se presentó en enero de 2022. Hay, en paralelo, un capítulo patrimonial: una Cámara de Segunda Instancia confirmó responsabilidad por $3.2 millones contra exfuncionarios ligados al mismo proyecto. El bulevar, pensado como vía emblemática hacia el aeropuerto, quedó marcado por retrasos, arbitrajes y sobrecostos. Saca, bajo cuyo gobierno se ejecutó, ya tiene condenas por lavado y peculado en otras causas.
El juicio dirá si esas omisiones son delito. Gutiérrez no está detenido: la rebeldía implica que no compareció. Hasta que no lo capten o se presente, el debate oral queda a medias. Veinte años después de los pagos, el Estado sigue litigando por más de diez millones y por una carretera que los salvadoreños usan todos los días.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con CEO de Dapper para impulsar inteligencia artificial en la administración pública y la educación superior
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
