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DeSantis firmó leyes migratorias más duras para Florida, incluida la pena de muerte
El gobernador DeSantis firmó leyes migratorias más duras para Florida, incluida la pena de muerte
El estado de Florida ha aprobado un conjunto de leyes migratorias más estrictas, que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación infantil. Según informó AP, el gobernador Ron DeSantis firmó las nuevas disposiciones este jueves, consolidando a Florida como uno de los estados con políticas migratorias más severas en Estados Unidos. La legislación ha provocado un intenso debate y críticas por parte de grupos defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes advierten sobre posibles violaciones constitucionales.
De acuerdo con AP, las leyes incluyen una inversión de aproximadamente 298 millones de dólares destinados a fortalecer la aplicación de las normativas migratorias. Este presupuesto permitirá la contratación de más de 50 agentes de seguridad dedicados exclusivamente a la supervisión de inmigrantes, así como la compra de nuevos equipos, capacitaciones y bonificaciones para quienes colaboren con las autoridades federales. Además, se contempla el reembolso de los costos derivados del uso de instalaciones de detención.
El paquete legislativo forma parte de una estrategia más amplia de los republicanos para reforzar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien ha respaldado medidas similares en otros estados. Con estas leyes, Florida se posiciona a la vanguardia de los territorios que buscan endurecer la legislación contra la inmigración ilegal, alineando sus recursos locales con las estrategias federales en materia de seguridad fronteriza.
Conflicto interno entre republicanos y el gobernador DeSantis
El proceso legislativo que llevó a la firma de estas leyes estuvo marcado por divisiones dentro del propio Partido Republicano. Según AP, el gobernador DeSantis mantuvo un desacuerdo prolongado con líderes republicanos en el estado, quienes inicialmente presentaron propuestas más moderadas que fueron rechazadas por el mandatario. DeSantis consideró que las iniciativas originales eran insuficientes y una “traición” a los votantes conservadores.
El senador republicano Joe Gruters, aliado de Trump y patrocinador clave del paquete legislativo, admitió que el proceso dejó “heridas” entre los involucrados, pero aseguró que la aprobación de las leyes representa una victoria para el presidente. “En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, afirmó Gruters, según consignó AP.
Las tensiones entre DeSantis y los sectores más leales a Trump han sido evidentes en otros ámbitos de la política estatal y nacional. Mientras algunos republicanos ven al gobernador de Florida como un posible contendiente presidencial en 2028, sus diferencias con la base trumpista han generado fricciones dentro del partido.
Medidas adicionales y cuestionamientos constitucionales
Además de la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, la nueva legislación tipifica como delito el reingreso a Florida de personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos y endurece las penas para cualquier infracción cometida por no ciudadanos.
Sin embargo, la medida más controvertida ha sido la aplicación de la pena capital, que según expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos podría ser inconstitucional. AP reportó que opositores a la ley han citado precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos para argumentar que esta disposición podría ser impugnada en los tribunales.
Otra reforma significativa dentro del paquete legislativo es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. La revocación de esta política ha sido duramente criticada, ya que afecta a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA.
Otros estados del sur refuerzan restricciones migratorias
Florida no es el único estado que ha endurecido su postura frente a la inmigración ilegal. Según AP, legisladores en Alabama y Georgia han aprobado medidas similares que buscan reforzar la cooperación con el gobierno federal en la detención y deportación de inmigrantes.
En Alabama, el Senado estatal aprobó un proyecto de ley que exige la recolección de ADN de inmigrantes detenidos, prohíbe el reconocimiento de licencias de conducir emitidas en otros estados sin prueba de ciudadanía y criminaliza el transporte de personas indocumentadas. En Georgia, la legislatura aprobó una norma que permite demandar a gobiernos locales que no cooperen con las autoridades migratorias.
El endurecimiento de las leyes en estos estados ha sido impulsado en parte por casos recientes de crímenes violentos atribuidos a inmigrantes indocumentados. En Georgia, una legislación aprobada el año pasado fue motivada por el asesinato de una estudiante universitaria, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano que había ingresado ilegalmente al país.
Reacciones y preocupación en las comunidades imigrantes
Las nuevas leyes han generado inquietud entre las comunidades inmigrantes y sus defensores, quienes temen que estas medidas fomenten la discriminación y el perfilamiento racial.
En Alabama, Jasmín Hernández Alamillo, hija de inmigrantes mexicanos y recién graduada de la Universidad de Alabama en Birmingham, expresó su preocupación por el impacto que estas políticas tendrán en las comunidades vulnerables. “No quiero ser parte de un estado que perpetúe este sentimiento negativo hacia las comunidades marginadas”, declaró, según AP.
Organizaciones de derechos civiles han advertido que las disposiciones aprobadas en Florida y otros estados del sur podrían llevar a detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas del orden. Algunos críticos han señalado que estas leyes forman parte de una estrategia política de los republicanos para consolidar el apoyo de su base de votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en el sur de EEUU
Con la aprobación de estas leyes, Florida, Alabama y Georgia se consolidan como los estados con políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos. La tendencia apunta a una mayor colaboración entre los gobiernos estatales y las autoridades federales, lo que podría derivar en un aumento de detenciones y deportaciones en los próximos meses.
El debate sobre la legalidad y las implicaciones de estas medidas se mantiene abierto. Mientras los republicanos defienden estas leyes como una respuesta necesaria para combatir la inmigración ilegal, los opositores advierten que podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar a miles de familias. Según AP, se espera que la constitucionalidad de algunas disposiciones, especialmente la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, sea impugnada en tribunales en los próximos meses
La derechista Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América.
En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.
Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.
«Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (…). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado», dijo, al señalar como inaceptable que «el narcotráfico encuentre grietas» en el sistema democrático costarricense.
Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.
«Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos», manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad.
Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. «Ya no más alcahueterías», subrayó.
Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado «gobierno de la continuidad».
Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.
«La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar», dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.
«Vamos a revisar nuestra institucionalidad (…) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría», aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.
Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá una diarquía (gobierno compartido) y riesgo de una «concentración de poder» en un expresidente «con tentaciones autoritarias».
Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.
Tres excursionistas murieron este viernes en la isla indonesia de Halmahera tras la erupción de un volcán, que lanzó una enorme nube de ceniza por los aires, informaron las autoridades.
Entre los fallecidos hay dos singapurenses y un residente de la isla de Ternate, en el este de Indonesia, aseguró Erlichson Pasaribu, jefe de la policía de la provincia de Halmahera del Norte, a la cadena Kompas TV.
Veinte excursionistas se encontraban en las laderas cuando ocurrió el desastre, señaló Erlichson desde una estación de monitoreo.
Nueve de ellos eran de Singapur y el resto indonesios.
«Los cuerpos de los fallecidos siguen en la montaña», precisó.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Los otros 17 excursionistas fueron hallados vivos, según el jefe de la agencia local de auxilio Iwan Ramdani.
Algunos de los excursionistas sufrieron heridas leves y fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.
El guía del grupo y un asistente fueron llevados a la comisaría y podrían enfrentarse a cargos penales por haber llevado a los excursionistas a una zona prohibida, añadió el jefe de policía.
El acceso a la zona se había prohibido el mes pasado, después de que los científicos observaran un aumento de la actividad volcánica.
Erlichson precisó que la operación de rescate se lleva a cabo en un terreno accidentado al que solo se puede acceder con vehículos hasta cierto punto de la pendiente.
«El resto del camino (las víctimas) deben ser transportadas en camilla. Y todavía se escuchan retumbos de la erupción. Eso frena nuestra evacuación», dijo.
Lana Saria, directora de la Agencia Geológica del gobierno, indicó que la erupción de la madrugada estuvo acompañada de un «ruido atronador» y una espesa columna de humo que se elevó a unos 10 kilómetros desde la cima del monte Dukono y puede afectar a la población circundante.
Foto: Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS)/ AFP
Indonesia, un vasto archipiélago del Sudeste Asiático, experimenta frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas. Cuenta con casi 130 volcanes activos.
El Dukono se encuentra actualmente en el tercer nivel de alerta del sistema de alertas de cuatro niveles de Indonesia.
Desde diciembre, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) recomendó a los turistas y escaladores que no se acerquen a menos de 4 kilómetros del cráter Malupang Warirang.
Erlichson dijo que los excursionistas ignoraron las señales de advertencia colocadas a la entrada del sendero.
Líbano e Israel celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Washington la próxima semana, anunció ayer un funcionario estadounidense, en medio de continuos ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá pese al alto el fuego.
Estados Unidos, por su parte, continúa esperando la respuesta de Teherán a su última propuesta para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio y permita reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de hidrocarburos.
Un funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, indicó que la nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano tendrá lugar el 14 y 15 de mayo.
Será el tercer encuentro de este tipo en los últimos meses entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra y no mantienen relaciones diplomáticas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el martes que un acuerdo de paz entre ambas partes era «perfectamente factible» e insistió en que Hezbolá era el principal escollo, y no otros asuntos entre los dos gobiernos.
Líbano quedó arrastrado al conflicto regional cuando Hezbolá, respaldado por Teherán, lanzó cohetes contra Israel en represalia.
