Judicial
62 miembros de pandillas son enviados a prisión por homicidio y extorsión, en San Miguel
Instrucción formal con detención provisional se les decretó ayer en la tarde a 62 miembros de pandillas que según las investigaciones forman parte de una estructura terrorista conformada por seis clicas que delinquían en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Las fiscales del caso de la Unidad Antiextorsiones de la sede de San Miguel explicaron que la resolución fue emitida después de la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
Los incriminados, que fueron capturados la semana pasada con órdenes giradas por la Fiscalía General, responderán por nueve homicidios agravados, entre ellos el de un soldado, dos homicidios agravados tentados, 16 casos de extorsión agravada, y seis proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio. También se les imputan 11 casos de tráfico ilícito de droga y organizaciones terroristas.
A otros tres incriminados se les sustituyó la detención por otras medidas.
Entre los procesados hay 29 mareros que tienen calidad de reos ausentes, para quienes posteriormente se celebrará una audiencia para resolver su situación jurídica.
Por los homicidios que tendrán que responder está el cometido en contra del soldado Elías Santos Díaz Amaya y el de Juan Francisco Romero Reyes, atacados con disparos de arma de fuego el 2 de febrero de 2020, en el cantón La Joya del municipio de Yamabal.
El militar estaba de alta en el Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera.
Tampoco quedará impune el asesinato de Jesús Jiobani Amaya y otra víctima que sobrevivió y por el que serán procesados por homicidio agravado tentado; este caso se registró el 20 de mayo de 2020, en el cantón Volcán de Delicias de Concepción, del municipio de Morazán.
Las víctimas de extorsión de estos grupos criminales suman 16 de diferentes sectores, quienes han sido chantajeadas con cantidades semanales y mensuales que oscilan entre los $2,500.00, $800.00 y $50.00, efectuadas entre los años 2015 y 2020.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
