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#VIDEO l Rescantan a bello perrito de las garras de sus crueles dueños en San Salvador
Oliver, un bobtail o antiguo pastor inglés, vivía al sur de San Salvador, cerca de un reconocido cementerio. Estaba encadenado a un poste de tendido eléctrico. Allí, en la intemperie, pasaba sus días. Bajo el viento, la lluvia o el ardiente sol, solo veía pasar a sus propietarios entrar a casa, pero él jamás puso una patita dentro. El maltrato era evidente.
Doris Grijalba había escuchado de Oliver por un amigo cercano, quien transitaba todos los días frente al lugar donde estaba atado, y donde ese perro, casi en huesos, giraba buscando acomodarse en un reducido espacio debido a que la cadena que lo sujetaba no tenía más de un metro de extensión.
Luego de un año de verlo en terribles condiciones, este hombre decidió hablar con los dueños para llevarse al can, pero ellos no lo entregaron. Fue hasta que les ofreció dinero que Oliver fue cedido. Ese mismo día, él llegó a casa de Grijalba. Ella no quería tener más mascotas (recién se había despedido para siempre de dos), pero al ver al peludo en esas desastrosas condiciones le prometió a su amigo que se lo recuperaría.
Este perro no tenía nada del grandioso aspecto de su raza. Llegó lleno de parásitos, por dentro y fuera; su pelaje estaba cubierto de excremento, no podía mantenerse en pie, era extremadamente delgado y tenía una cubierta blanca sobre uno de sus ojos debido a una asepsia.
“Lo llevé al siguiente día al veterinario, y lo dejé todo un día para que lo atendieran y le quitaran el pelo. Tenía una herida en su cuello por la cadena, tenía fracturadas unas costillas y una parte de la patita de los golpes que le daban. Yo pensé que no iba a resistir, que se iba a morir”, rememoró
El veterinario le dijo a Grijalba que le diera mucho amor, sin imaginar que ella solo estaba recuperándolo. Un lengüetazo en la mano, que ella traduce como beso, fue suficiente para entender que este ser le agradecía. Su corazón se estremeció y aceptó a Oliver en casa.
Los primeros días no se movía de una esquina de la sala, no entraba a ninguna habitación ni orinaba ni defecaba dentro de la propiedad, él esperaba a que su nueva propietaria llegara de su trabajo para que lo sacara a hacer sus necesidades. Esa obediencia y sumisión solo eran producto de la intensa violencia a la que fue sometido.
“A través del tiempo vemos que es sociable y muy amigo. Él no era afectuoso, pero con los ojos sentía que me decía ‘gracias’. Felicito el avance que se ha tenido en materia animalista porque ha sido de la noche a la mañana. Es algo tan positivo y bueno para los animalitos, y uno dice animalitos, pero a veces son más humanos que nosotros”, señaló esta salvadoreña que dio una nueva vida a un animal sometido al maltrato.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
