La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda continúa trabajando para resolver la problemática de familias que llevan varias décadas sin poder legalizar los terrenos en los que residen, debido a que los gobiernos pasados no velaron por ellas.

En la sesión de trabajo de este lunes, los diputados emitieron un dictamen favorable para modificar la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, Carretera, y Antiguos Derechos De Vía declarados en desuso y desafectados como de uso público.

Dicha reforma permitirá incorporar al caserío Obra de Dios, del cantón La Canoa, San Miguel, para beneficiar a 75 familias con escrituras que les den certeza jurídica sobre los terrenos en los que han habitado por más de 30 años.

El presidente de la mesa de trabajo, Salvador Chacón, explicó que con este dictamen se demuestra que la nueva Asamblea Legislativa está apoyando este tipo de gestiones para el beneficio de las familias más necesitadas.

“Este es el primer paso para que esta problemática pueda ser subsanada y que los habitantes de las comunidades ya no se preocupen por no contar con las escrituras de sus viviendas”, manifestó el legislador.

Los pobladores que serán beneficiados tienen más de 30 años de vivir en dicha comunidad y nunca recibieron apoyo de las municipalidades y las legislaturas anteriores para arreglar su situación. Es por ello que el parlamentario Caleb Navarro acompañó a las familias afectadas a presentar la iniciativa.

“San Miguel ha tenido muchos parlamentarios de diferentes partidos políticos, pero no fueron capaces de brindar certeza jurídica a las familias de este caserío. Las personas vivían en total desamparo porque no tenían las escrituras de sus inmuebles”, señaló Navarro.

Por su parte, los habitantes del caserío se mostraron aliviados porque tendrán la documentación que los acredita como propietarios de los terrenos y podrán heredarlos a sus familiares.

“Me siento feliz porque nuestro sueño al fin será una realidad, habíamos luchado por ser dueños de los terrenos donde vivimos y que nos dieran la escritura porque nunca hemos tenido nada”, expresó María Cabrera, habitante de la comunidad.

A la fecha, se ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas que realice las inspecciones respectivas en los terrenos para verificar, a través de informes técnicos, que no representen un peligro para los moradores.

La actual legislatura ha votado a favor de otorgar certeza jurídica a un aproximado de 500 familias de San Miguel, con el trabajo coordinado con Ministerio de Vivienda.