Internacionales
Niño murió en choque causado por su madre intoxicada
Un niño de 9 años murió en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario en Long Island (NY), la madrugada de ayer.
Kerri A. Bedrick, de 32 años, fue acusada el jueves de conducir en sentido contrario bajo la influencia del alcohol en la Southern State Parkway en Bay Shore causando el accidente múltiple que cobró la vida de su hijo Eli D. Henrys, dijo la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). Ayer se declaró “no culpable”, informó ABC News.
“Fue una colisión muy grave. Fue una colisión frontal. Los daños a los vehículos involucrados fueron cuantiosos y (…) para darles una idea el motor del vehículo que circulaba en sentido contrario salió despedido, se cortó, se separó del vehículo y aterrizó en el bosque”, declaró a la prensa Stephen Udice de NYSP, citado por Fox News.
El choque sucedió alrededor de las 2:20 a.m. del jueves. Los agentes de NYSP y de la Oficina del Alguacil del condado Suffolk que acudieron a la escena en la autopista, cerca de Exit 42 en dirección este, encontraron una colisión de cuatro autos, reportó Patch.com.
Los agentes vieron a la madre parada afuera de su auto y encontraron al niño herido en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP), pero luego murió, dijo la policía.
Bedrick fue acusada de conducir sin licencia e intoxicada con un pasajero menor de 16 años, poner en peligro el bienestar de un menor y posesión criminal de un estimulante, entre otros delitos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
La madre y dos de los otros cuatro conductores involucrados resultaron heridos sin gravedad, y sólo uno salió ileso del accidente. La colisión aún está bajo investigación y NYSP solicita que cualquier persona que haya presenciado el accidente o que tenga información adicional llamar al 631-756-3300.
Diane Bedrick, abuela del niño, dijo que su hija había estado sufriendo problemas médicos y estaba tomando medicamentos recetados, destacó New York Post.
Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.
En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.
Previamente, en diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.
En abril de este año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.
En febrero Jessica Beauvais (35) fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
