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Juez de EE.UU. niega desechar caso de lavado de Alex Saab
Un juez de Estados Unidos negó el viernes desestimar el caso de lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al rechazar que goza de «inmunidad diplomática» como lo alegó su defensa en un recurso legal.
En un documento de quince páginas, el juez Robert M. Scola negó la moción que había presentado Saab en octubre de 2020 después de escuchar en los últimos días los argumentos tanto de la defensa como la Fiscalía estadounidense en una corte de Miami.
Saab, de 51 años, está detenido en Miami desde octubre de 2021 cuando fue extraditado desde Cabo Verde, y está acusado de un cargo de lavado de dinero que conlleva a unos 20 años de cárcel si es hallado culpable.
Su defensa buscaba desechar el caso argumentando que él era un «enviado especial» a Irán, cuando fue detenido en medio del viaje, en una parada en Cabo Verde (África).
Sin embargo, el juez negó los argumentos de sus abogados sobre supuestas cartas oficiales del Gobierno de Venezuela que le daban el estatus de diplomático.
«La evidencia sugiere que el régimen de Maduro y sus cómplices han fabricado documentos para encubrir a Saab Morán con un traje diplomático que no le queda, todo en un esfuerzo por explotar la ley de inmunidades diplomáticas y evitar su extradición a los Estados Unidos», señala el documento judicial.
Saab, quien fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde,fue extraditado a EE.UU. en 2021 después de una larga batalla legal en Cabo Verde sobre la supuesta inmunidad diplomática, que llegó a la máxima instancia judicial en ese país africano.
El empresario fue acusado por la Fiscalía de EE.UU. el 25 de julio de 2019, que entonces emitió una orden de arresto en su contra.
«Tras la noticia del arresto de Saab Morán, el régimen de Maduro buscó idear formas de evitar su extradición a los Estados Unidos explotando la ley de inmunidades diplomáticas», indica el documento judicial.
«Un claro ejemplo de ello es el repentino nombramiento de Saab Morán en diciembre de 2020 como «embajador (y) representante Permanente Alterno de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Africana», mientras estaba pendiente de extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde, detalla.
El juez recordó en su escrito que Saab «enfrenta cargos en este caso por sobornar a funcionarios venezolanos y canalizar cientos de millones de dólares a cuentas en el extranjero bajo la apariencia de un programa alimentario destinado a beneficiar a los venezolanos».
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Rusia anunció el viernes que canjeó 270 militares y 120 civiles capturados con Ucrania, en un intercambio acordado con Kiev en las conversaciones de Estambul la semana pasada.
«270 militares rusos y 120 civiles (…) fueron devueltos. A cambio, fueron entregados 270 prisioneros de guerra del ejército ucraniano y 120 civiles», informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.
Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó el viernes que su país repatrió a 390 personas en la primera fase de un intercambio de prisioneros a gran escala con Rusia, que durará varios días.
«La primera fase del acuerdo de intercambio ‘1.000 por 1.000’ concluyó» con la repatriación de «390 personas», declaró en X. «Esperamos que el intercambio continúe el sábado y el domingo», añadió Zelenski.
Se trata de la segunda condena contra el exfuncionario en ese país, luego de que en octubre pasado fuera sentenciado a 39 años de cárcel por proteger al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos, tras un juicio en el que testificaron antiguos miembros del grupo criminal.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó México en septiembre de 2021 contra García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, a quienes acusa de conformar una «red de corrupción y lavado de dinero» que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), brazo antilavado del gobierno, dijo en un comunicado que «la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente», conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso.
García Luna, de 56 años, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Vivía desde 2012 en Estados Unidos.
El gobierno mexicano ha dicho que un conglomerado empresarial familiar de García Luna obtuvo 30 contratos con varios organismos de seguridad pública, a partir de los cuales se extrajeron recursos por un monto de 745,9 millones de dólares.
En marzo de 2023, la UIF señaló que los fondos «fueron transferidos al extranjer» mediante la utilización de paraísos fiscales y la adquisición de bienes y otros activos en el estado de Florida.
